por Felipe Portales.(*)
Lo que usted leerá a continuación lo dejará estupefacto. Incluso a mí, severo crítico del liderazgo de la Concertación desde hace años, me ha dejado profundamente asombrado y apenado.
Es la historia de la reversión total de un conglomerado político en el cual tantos chilenos depositamos algún día nuestras ilusiones y esperanzas. Está referido al itinerario de las actitudes de los partidos de “centro-izquierda” chilenos respecto del sistema de AFP; pero evidentemente que constituye una muestra de una postura más general sobre la herencia económica, social y cultural global de la dictadura de Pinochet.
Comencemos por el principio.
Los partidos del conglomerado antecesor de la Concertación, integrados fundamentalmente en la “Alianza Democrática” (recordemos que la fracción “almeydista” del PS formaba parte en ese entonces –con el PC y el MIR– del “Movimiento Democrático Popular”) explicitaron una postura duramente crítica del conjunto de las “modernizaciones” de la dictadura.
Esto es, de las instituciones económicas, sociales y culturales expresivas de un neoliberalismo extremo que ella impuso, particularmente a comienzos de los 80: privatizaciones de servicios públicos; “Plan Laboral”; AFP; Isapre; LOCE; Ley de concesiones mineras; Ley de universidades; virtual exención de impuestos a las grandes empresas; legislación restrictiva de los colegios profesionales y de juntas de vecinos; etc.
En el caso del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que aquí detallamos, existen testimonios irrefutables –además de los guardados en nuestra memoria– de lo anterior. Especialmente de la posición crítica del partido que tenía menos restricciones para un funcionamiento semi-clandestino: el PDC.
Así, luego de un trabajo de más de tres años de centenares de profesionales y técnicos demócrata-cristianos, organizados en comisiones y que culminaron en dos grandes seminarios efectuados en 1983 y 1984 en locales de la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana publicó cuatro tomos donde desarrollaba un “Proyecto Alternativo” para Chile, en que se incluían los principales ámbitos de la vida nacional.
En ellos se planteaba un diagnóstico muy crítico de las “modernizaciones” ya realizadas por la dictadura; y propuestas generales de sustitución de aquellas.
Respecto del sistema de seguridad social impuesto por el régimen, se señalaba:
“En particular, nos parece necesario, en primer lugar, terminar con el actual sistema previsional que permite que los fondos previsionales sean administrados por administradoras privadas (AFP), y pasar a un sistema de reparto, como el que existía en la práctica en el pasado. Las nuevas instituciones previsionales, que se crearán en reemplazo de las actuales, deberían ser administradas de un modo tal que aseguren una participación activa de los trabajadores en la administración de sus instituciones previsionales. El nuevo sistema previsional deberá tener un fuerte énfasis en la solidaridad. Para ello, proponemos que una proporción significativa de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se destinen a financiar los aumentos en las pensiones mínimas y los servicios básicos de salud. Este carácter solidario asegurará un componente redistributivo al interior del nuevo sistema previsional. Por último, y a diferencia del sistema previsional antiguo, proponemos que las pensiones que son superiores a la mínima se calculen tomando en consideración el total de los aportes previsionales que haya realizado el trabajador a lo largo de su vida activa. De este modo se evitarán algunas situaciones de injusticia que se producían con el sistema antiguo, el que consideraba sólo las imposiciones de los últimos meses antes de jubilar” (Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos.- Proyecto Alternativo; Tomo II, 1984, p. 284).
Esta posición drástica fue aminorada en el Programa presidencial de la Concertación, cinco años después, respondiendo ciertamente al proceso de derechización de su liderazgo desarrollado a fines de los 80, el cual fue crudamente reconocido por su “eminencia gris”, Edgardo Boeninger, en un libro publicado en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello).
En él, su autor señaló que dicho liderazgo experimentó una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”; y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).
De todas formas, ello se tradujo en propuestas más progresistas de las que hoy postula la “Nueva Mayoría” (AFP estatal) proponiendo “establecer tres tipos de AFP: las de administración privada tradicional con representantes de los ahorrantes en el directorio; las de propiedad de los ahorrantes y las de los grupos organizados de trabajadores. Los trabajadores podrán optar por elegir la institución en que ahorran para la vejez y al mismo tiempo serán partícipes activos del manejo de sus ahorros y de una parte significativa de la economía nacional” (Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia; p.39).
A medida que se fue desarrollando el sistema de AFP durante los 90, sus graves efectos sobre la mayoría de los trabajadores comenzaron a hacerse sentir, lo que fue crecientemente percibido por estudiosos de la Concertación y de la izquierda.
Así, a fines de los 90 ya Jaime Ruiz-Tagle efectuaba un lapidario diagnóstico de cómo la falta de solidaridad inter e intra-generacional del sistema de AFP iba perjudicando notoriamente a los trabajadores, calculando que desde 1990 a 1997 el deterioro de los ingresos de los pensionados en relación a los activos ¡llegaba a un 50%! (Ver Ruiz-Tagle.- Evaluación del Funcionamiento del Sistema Previsional en Chile. 1981-1999”. Ponencia del Seminario Salud y Seguridad en la América Latina del Siglo XXI; Ciudad de México, 11 y 12 de octubre de 1999).
Posteriormente, en 2005, Manuel Riesco señalaba que, de acuerdo a estudios del INP, los trabajadores recibirían como pensión un promedio del 50% de su último sueldo, lo que era muy distinto a lo que se les había prometido con el cambio del sistema; y que “la abrumadora mayoría de los afiliados a las AFP (…) cotiza apenas dos o tres meses por año en promedio. Sus remuneraciones están entre cien y doscientos mil pesos mensuales y los saldos acumulados en sus cuentas son muy pequeños. Esta situación es mucho más grave aún en el caso de las mujeres. Con esos datos (…) el problema previsional de la abrumadora mayoría de la fuerza de trabajo no tiene solución al interior del sistema de AFP, por mucho que se lo intente mejorar” (Riesco.- Trabajo y previsión social en el Gobierno de Lagos; en Gabriel Salazar y otros.- Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edic. Lom, 2005; p. 64).
Luego, en 2012, el ex senador y presidente del PDC, Ricardo Hormazábal, constataba fabulosas utilidades de las AFP, las que llegaban a más que triplicar las rentabilidades de los Fondos de Pensiones, “si aceptamos como efectivas” la cifra de 9,2% dadas para estas últimas por el presidente de la Asociación de AFP (Hormazábal; El gran engaño: 30 años del sistema de AFP; Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2012; p. 51).
Y recientemente Manuel Riesco, al presentar un estudio de CENDA concluía que “el aporte de los afiliados y los subsidios del fisco son tres veces mayores a las pensiones que paga el sistema” (Ver “La increíble estafa de las AFP explicada paso a paso”; en El Mostrador; 3-11-2013).
Sin embargo, por otro lado los gobiernos de la Concertación se mostraban cada vez más conformes con el sistema de AFP, así como con el conjunto del sistema económico heredado de la dictadura.
Así, cuando Lagos obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras entre agosto de 2000 y enero de 2002 (por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) no hizo nada por reformarlo. Ni siquiera accedió a la petición formulada por Ricardo Hormazábal en 2005 de que presentara un proyecto de ley para prohibir que las AFP, Isapre y Cías. de Seguros pudiesen financiar campañas electorales (Ver Hormazábal, op. cit., p. 88).
A su vez, Bachelet no solo no hizo nada por sustituirlo con su mayoría absoluta obtenida desde los inicios de su gobierno (hasta que el PDC expulsó de sus filas, a fines de 2007, al senador Adolfo Zaldívar); sino que lo consagró “democráticamente” al lograr la aprobación de una ley, en conjunto con la derecha, que incorporó una pensión básica solidaria a cargo del Estado, pero que confirmó los rasgos esenciales –individualistas y favorables a los grupos económicos- del sistema de AFP.
Peor aún, en la década pasada empezaron a proliferar los miembros de la elite concertacionista que, luego de ocupar altos cargos públicos, entraban a los directorios de la AFP.
Han sido los casos del propio Superintendente de AFP de Aylwin y Frei, Julio Bustamante (PDC), que llegó a ser Presidente de AFP Magister (hoy Plan Vital).
De la Superintendente de Seguridad Social e Intendente de Santiago de Lagos, Ximena Rincón, que llegó a ser directora de la AFP Provida –la más grande del país– en 2006, ¡y que en esa calidad fue electa vicepresidente del PDC!
Del diputado y senador (PS) José Antonio Viera Gallo, que fue también director de Provida en esa fecha; momentos en que se discutían en el país reformas al sistema.
Luego, del Director de Presupuestos de Frei, Joaquín Vial, quien llegó a Presidente de la AFP Provida en 2009.
Y también, del Subsecretario General de la Presidencia y de Telecomunicaciones de Frei, Jorge Rosenblut (PPD), quien llegó a ser director de AFP Cuprum.
En la actualidad hay cuatro directores de AFP que tuvieron muy altos cargos durante los gobiernos concertacionistas:
El ministro de Economía de Bachelet y Superintendente de Valores y Seguros de Aylwin, Hugo Lavados (PDC), quien es Presidente de Cuprum. La subsecretaria de Hacienda de Lagos, María Eugenia Wagner (PDC), quien es directora de la misma AFP.
Y dos directores de la AFP Provida: El ministro Secretario General de Gobierno de Lagos, y embajador de Frei, Lagos y Bachelet, Osvaldo Puccio (PS); y el ministro de Economía de Aylwin, Jorge Marshall (PPD).
Pero lo que llega a extremos inauditos de colusión es que dichos directores no llegan a ser tales como fruto de intentos de cooptación individuales efectuados por las AFP; como seguramente usted, señor lector, creía hasta la fecha.
No, ¡ellos son designados de entre una larga lista de candidatos que se registran permanentemente en la Superintendencia de Pensiones con la aspiración de llegar a ser directores de AFP!
¡Y en esa lista han estado decenas de ex ministros, subsecretarios y altos cargos concertacionistas; particularmente los más ligados al ámbito económico! ¡Y cuatro de los que han figurado como máximos consejeros económicos del próximo gobierno de Bachelet!: el ex ministro de OO. PP. de Bachelet, Eduardo Bitrán (PPD); el ex ministro del Trabajo de Aylwin y de Transporte de Bachelet, René Cortázar (PDC); el ex ministro de Economía, Minería y Energía de Lagos; y ex presidente del Banco Central designada por Bachelet, José de Gregorio (PDC); y el ex Superintendente de AFP de Lagos y de Valores y Seguros de Bachelet, Guillermo Larraín Ríos (PDC).
Si a lo anterior le agregamos el dato consignado por el ex presidente del PDC, Ricardo Hormazábal, de que las AFP aportan el 14% de los financiamientos de las campañas de la Concertación (Ver “El poder político y económico detrás de las AFP”; en El Mostrador, 4-7-2013); ¿puede haber una esperanza razonable de que el próximo gobierno tenga la voluntad (la mayoría parlamentaria la tiene con claridad) de hacer cambios profundos del sistema de AFP que afecten tan grandes privilegios?
Listado acotado a los ministros, subsecretarios y superintendentes de la Concertación que han estado inscritos como candidatos a directores de AFP
1.- Albornoz Pollmann, Laura (PDC) – Ministra del Sernam de Bachelet
2.- Aninat Ureta, Eduardo (PDC) – Ministro de Hacienda de Frei
3.- Arellano Marín, José Pablo (PDC) – Ministro de Educación de Frei
4.- Bitrán Colodro, Eduardo (PPD) – Ministro de OO. PP. de Bachelet
5.- Blanlot Soza, Vivianne (PPD) – Ministra de Defensa de Bachelet
6.- Cortázar Sanz, René (PDC) – Ministro del Trabajo de Aylwin y de Transporte de Bachelet
7.- Cruz Sanchez, Juan Manuel (PDC) – Subsecretario de Pesca de Frei
8.- De Gregorio Rebeco, José (PDC) – Triministro de Lagos y Presidente del Banco Central de Bachelet
9.- Estévez Valencia, Jaime (PS) – Ministro de OO. PP. de Lagos
10.-Etchegaray de la Cerda, Albero (PDC) – Superintendente de Valores y Seguros de Bachelet
11.-Ferreiro Yazigi, Alejandro (PDC) – Superintendente de AFP y de Valores y Seguros; y Ministro de Economía de Lagos
12.-Hornkohl Venegas, Marigen (PDC) – Ministra de Educación de Lagos y de Agricultura de Bachelet
13.-Jadresic Marinovic, Alejandro (PDC) – Ministro de Energía de Frei
14.-Larraín Ríos, Guillermo (PDC) – Superintendente de AFP de Lagos y de Valores y Seguros de Bachelet
15.-Livacic Rojas, Ernesto (PDC) – Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Frei
16.-Massad Abud, Carlos (PDC) – Ministro de Salud de Frei y Presidente del Banco Central de Frei y Lagos
17.-Mladinic Alonso, Carlos (PDC) – Ministro Secretario General de Gobierno y de Agricultura de Frei
18.-Navarrete Poblete, Jorge – Subsecretario General de Gobierno de Lagos
19.-Pérez Errázuriz, Clemente (PDC) – Subsecretario de OO. PP. de Lagos
20.-Poniachik Pollak, Karen (PPD) – Ministra de Minería y Energía de Bachelet
21.-Recart Herrera, María Olivia – Subsecretaria de Hacienda de Bachelet
22.-Rosende Lynch, Patricio (PPD) – Subsecretario del Interior de Bachelet
23.-Saldivia Medina, Juan Eduardo (PDC) – Superitendente de Servicios Sanitarios de Frei y Lagos; y Subsecretario de OO. PP. de Bachelet
24.-Sandoval Precht, Felipe (PDC) – Subsecretario de Pesca de Lagos
FUENTE: Superintendencia de Pensiones (ex AFP)
(*) Sociólogo.
Fuente: Polítika
