Familiares de los tres profesionales comunistas degollados el 29 de marzo de 1985, anunciaron que ptesentarán una Acusación Constitucional contra la Corte Suprema, en el Parlamento, por notable abandono de deberes, al liberar a varios de los asesinos sin terminar de cumplir la senetencia a cadena perpetua.
En un recorrido que inicia desde el centro de Santiago hasta Quilicura, se trasladó la “Caravana por la Verdad y Justicia” hacia el monumento que recuerda a los tres militantes comunistas detenidos y asesinados en 1985 por la dictadura José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, denominado “Caso Degollados”.
En el memorial “Las Sillas” amigos y amigas, familiares y militantes del Partido Comunista de Chile se reunieron para recordar las vidas de los tres asesinados.
Con actos musicales y los discursos de Victoria Guerrero (hermana de Manuel), Jaime Gajardo y Lorena Pizarro, el homenaje a 32 años de este atroz crimen se enmarcó en la renovación de un compromiso por la verdad y la justicia, como también en avanzar en seguir y profundizar las reformas que plantean transformar y avanzar hacia un país más justo y sin el legado de la dictadura.
“No olvidar lo que significó el por qué se les asesinó. El Partido Comunista a través de estos compañeros, en un Chile de estado de sitio y dictadura, investigaba los aparatos represivos para desde esa época perseguir y enjuiciar a los violadores de Derechos Humanos. No se les asesinó solo por ser comunistas, era por tratar de detener una decisión inclaudicable de descubrir y castigar a los criminales de lesa humanidad”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro.
Por parte del Colegio de Profesores, su ex presidente Jaime Gajardo hizo un llamado a que los trabajadores mantengan su unidad por el avance de las reformas y a no sacar pequeñas ventajas políticas.
Acusación constitucional
Victoria Guerrero, hermana de Manuel Guerrero, anunció que las familias del denominado “Caso Degollados” presentarán una solicitud al Congreso para acusar a los ministros de la Corte Suprema por abandono de deberes:
«Este fue un crimen de Estado, y ellos no han respetado los acuerdos internacionales que ellos mismos habían firmado, que ellos han aprobado».
Los familiares reclaman que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) no se puede otorgar beneficios carcelarios de salida a criminales de lesa humanidad, como ha ocurrido con los miembros del Comando Conjunto que fueron detenidos y condenados por el triple homicidio.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, apuntó:
«Hoy, una vez más, el Poder Judicial está jugando su equívoco rol: está liberando a los violadores de DD.HH».
«Es tal el descaro y la desvergüenza del Poder Judicial que cuando han habido resoluciones que contienen la normativa internacional de derechos humanos, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de un poder del Estado, sale de manera descarada a decir que aquí no importa el derecho internacional humanitario y que lo desconoce», agregó.
Actualmente, sólo uno de los autores del crimen se mantienen en prisión, el civil Miguel Estay Reyno, alias «El Fanta», y el resto está libre sin haber completado sus condenas.
