Si se mira el vaso medio lleno, Piñera tiene el dudoso mérito de ocupar dos lugares en el podio de los tres presidentes acusados constitucionalmente en la historia del país.
«Hemos unido a toda la oposición para hacer la presentación de la acusación constitucional«, dijo el diputado Jaime Naranjo (PS) al presentar el libelo contra Sebastián Piñera, a propósito de antecedentes aparecidos en el marco de los Pandora Papers, sobre la venta de la minera Dominga en las Islas Vírgenes, a su amigo Carlos Alberto Délano, cuando ya desempeñaba la presidencia.
La primera acusación contra Piñera, segunda en la historia, fue en noviembre de 2019, con motivo de las masivas violaciones de derechos humanos perpetradas para contener el estallido social.
La acusación sostenía que actos de la administración de Piñera habían comprometido gravemente el honor de la Nación e infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que la policía nacional y las fuerzas armadas –estas últimas durante estado de excepción constitucional– cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada, durante las protestas iniciadas en octubre.
El 12 de diciembre de ese año, por 79 votos a favor y 73 en contra, en la Cámara de Diputados, ganó la cuestión previa de que la acusación no cumplía con determinados requisitos constitucionales, por lo cual se tuvo por no presentada.
La primera de la historia fue juicio político a Carlos Ibáñez del Campo, en 1956, la cual fue desechada por la Cámara de Diputados. (1)
Sin embargo, así como la derecha se desembarazó de culpas con Pinochet, a propósito de la corrupción económica y no los derechos humanos, esta vez se configura un oscuro panorama para el mago de la especulación y la mentira.
El documento fue firmado por las/os diputadas/os Marcelo Díaz (IND), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Tomás Hirsch (IND), Juan Santana (PS), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD), Pamela Jiles (PH), Catalina Pérez (RD), Karim Bianchi (IND), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (IND) y Gonzalo Winter (CS).
La diputada Maya Fernández (PS) será la encargada de presidir la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Por sorteo, dicha comisión quedó constituida por la misma Fernández, Virginia Troncoso (IND), Pepe Auth (IND), Raúl Alarcón (IND) y Paulina Núñez (RN).
El documento fue firmado por las/os diputadas/os Marcelo Díaz (IND), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Tomás Hirsch (IND), Juan Santana (PS), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD), Pamela Jiles (PH), Catalina Pérez (RD), Karim Bianchi (IND), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (IND) y Gonzalo Winter (CS).
La diputada Maya Fernández (PS) será la encargada de presidir la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Por sorteo, dicha comisión quedó constituida, además de Fernández, por Virginia Troncoso (IND), Pepe Auth (IND), Raúl Alarcón (IND) y Paulina Núñez (RN).
La comisión revisora sesionará los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 en doble jornada, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, lapso en el que espera recibir el testimonio de 54 personas (2), antes del plazo de 10 días que tiene el Presidente para contestar la acusación.
La comisión revisora tiene un plazo de seis días desde la comparecencia del acusado para pronunciarse sobre la acusación; y sus miembros decidirán si se aprueba o no la acusación constitucional por mayoría simple.
Esta acusación corre en paralelo a la investigación de oficio, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, con apoyo de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.
Fundamentos
«Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación», agregó el diputado Naranjo, en la presentación de la acusación. .
La acusación consta de dos capítulos: el primero señala que “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, vale decir los principios de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación.
Agrega:
«El mandatario intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a un cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el interés particular”.
El segundo señala:
“El Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”, un punto “derivado de las propias actividades estatales con la finalidad de suscribir el tratado de Escazú, el que fue desestimado por el Presidente acusado, como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental y adicionalmente las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de interés y la omisión de ciertas actuaciones propias del cargo, pues se han incumplido deberes internacionales, como asimismo, la desoladora imagen del país, y específicamente su primera magistratura en el contexto de los denominados “Pandora Papers”, como es el hecho público y notorio de noticias a nivel mundial”.
Añade:
“La deslegitimación del ejercicio del poder del Presidente de la República producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los intereses del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.
A mayor abundamiento:
“Una autoridad que no es honesta mal podría considerarse como una autoridad prudente, esto supone riesgos no solo a la imagen del cargo, sino también al sistema democrático, puesto que el gobernante, como sujeto político, debe velar por no hacer de sus intereses personales algo que afecte al país y sus instituciones”.
No solo eso:
“Lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña al señor Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”.
Así, trae a colación episodios como el del espionaje a Evelyn Matthei en los ’90 (“el ciudadano que no trepida en organizar una conspiración para denigrar a una compañera de partido, a través de un programa de televisión”), el caso Exalmar, y el uso de información privilegiada en la compra de acciones de Lan, entre otros.
“Aquel ciudadano, hoy en el cargo de Presidente de la República, afirmó que no participó en la venta de la Minera Dominga, siendo el dueño de las acciones respectivas, y que fue una operación efectuada por sus hijos con uno de sus amigos más cercanos, de la cual él “nunca supo” (…) Se trata del Presidente que ahora la Fiscalía Nacional investiga, sobre la base de las recomendaciones de su Unidad Anticorrupción, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno”, prosigue el texto.
La acusación necesita 78 votos en la cámara baja para ser aprobada. Nominalmente, la oposición reune 86 votos, pero en términos reales, el guarismo debe ser relativizado al tamiz de un grupo de «independientes» inclasificables, lo que equivale a decir, mercenartios, que habitualmente votan con la derecha; entre ellos, René Alinco, José Auth, Carlos A. Jarpa, Pablo Lorenzini, Fernando Meza y ocasionalmente, el radical José Pérez.
Sin embargo, Piñera tiene tantas muescas en la cacha de la huasca, incluso o sobre todo, en sectores de derecha, que no debiera extrañar votos de esa procedencia, inclinados a la acusación.
En el Senado, se requiere de dos tercio, vale decir, 29 votos para aprobar la acusación, y la oposición cuenta con 24.
Por la tendencia antedicha, está dentro de las posibilidades estadísticas, que Piñera obtenga otro record en su dudoso palmarés, y se convierta en el primer presidente en la historia del país, en ser destituido por corrupción; resultado más que posible, probable.
Bazofia ideológica
Se han visto equipos políticos malos, infatuados y faltos de calle, pero ninguno como el del peor gobierno de la historia.
Así, el ministro portavoz de gobierno, Jaime Bellolio, descubrió que «los presidentes son elegidos por mandato popular, y su mandato termina después de cuatro años, no cuando un grupo de parlamentarios de ultraizquierda quiere».
En su opinión, se está en presencia de un golpe blanco, porque «es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y no quieren un traspaso de mando democrático y republicano como corresponde el 11 de marzo»,
Sea por una falla en el chip, o una alteración en su tarjeta de memoria, el vocero de gobierno olvida el golpe real, aquel del 11 de septiembre de 1973; ese que encabezó su sector político, que derrocó a un mandatario elegido por voto popular e impidió el traspaso de mando democrático, no hace tanto tiempo como para que no lo recuerde con dolor aproximadamente un cuarto de los chilenos vivos.
Su sector político ha sido subsidiado por el sistema mediático de una forma tal, que se ha reblandecido, ha olvidado los principios del debate político; se limita a desgranar sofismas sobre-ideologizados que culpan de todo a la ultra-izquierda, como si eso bastara para redimir sus numerosos desatinos, y termina, por un giro u otro, en Maduro y Venezuela.
«No es solamente este gobierno, se daña la institución de la Presidencia. La campaña se ha tornado a lo más sucio, pero no todo se vale, como pretenden algunos de ultra izquierda. La oposición se han dedicado a presentar acusaciones sin fundamentos. Quienes la impulsaron son la izquierda más radical, cuando saben que no tiene ningún fundamento jurídico. El antecedente ‘nuevo’ es una traducción del inglés. Es un tema ya visto por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones donde fue sobreseído».
Si el jefe no la vio venir, qué se le puede pedir a su consueta. Además, ambos mienten con descaro. El antecedente nuevo no es sólo una «traducción del inglés», sino una cláusula contractual no conocida, que no requiere mayor prueba, al punto que desencadenó una investigación de oficio de la Fiscalía, institución que no tiene el menor motivo para enorgullecerse, en el control de la corrupción política.
Que el tema haya sido «visto» y «sobreseído», por un Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones es también un embuste del porte de una catedral, proferido en cadena nacional de televisión. Si la mentira fuera causal de destitución presidencial, Piñera no habría sobrevivido a la primera semana de su primer gobierno.
Piñera y Bellolio sabén perfectamente que los hechos sobreseídos -solo de manera temporal, o sea, en la medida en que no aparezcan nuevo antecedentes- referían a la compraventa de acciones de la pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba un litigio sobre soberanía marítima en tanto el primero desempeñaba la presidencia, y no sobre la venta de Dominga a su amigo personal, Carlos Alberto Délano.
Por lo demás, la investigación del fiscal Manuel Guerra, sólo fue una formalidad que que apuntaba al sobreseimiento, al punto que ni siquiera ordenó traer a su vista los correos electrónicos entre los hijos de Piñera, los ejecutivos del grupo y las contrapartes de Exalmar.
Los fiscales Jorge Abbott, Manuel Guerra y Pablo Gómez, entre otros, fueron parte de una gran operación de impunidad para encubrir la corrupción política-empresarial, de forma que tienen una deuda con el país, lejos de ser cancelada. Tal vez, una investigación seria del caso Dominga, pueda equivaler, al menos, al pago de los intereses.
Otro de su habituales escoltas enmascarados en las cada vez más bizarras intervenciones presidenciales, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, expuso argumentos de no mayor vuelo:
“Desde el día en que aparecieron los denominados Pandora Papers, a las pocas horas, se anunció una acusación constitucional. No se esperó tener ningún antecedente y lo que hemos visto hoy día es lo mismo. Vimos asesores corriendo, literalmente, prácticamente papeles volando para poder llegar en este momento, porque si se presentaba hoy antes de las 9:30 horas, se espera que se vote la acusación constitucional en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales”.
En su opinión, no sorprende este apuro, pues se debería, únicamente, a un fin electoral:
«Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Y la verdad es que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional».
De las palabras del ministro, se desprende que, si no hubiese elecciones el 21 de noviembre, la acusación no habría sido presentada. Así de básicos son los ministros políticos del actual gobierno, el peor de la historia.
Llama la atención la ausencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en estos besamanos. ¿Se resta?, ¿lo resta Piñera?, ¿lo resta su partido?
Pero el que se llevó el premio en este concurso de la ordinariez política, es el ministro de Economía, Lucas Palacios:
«Lo quieren sacar por secretaría sin una investigación porque hay un sector de la oposición que le tiene mala al Presidente».
O sea, una acción política de la envergadura de una acusación constitucional, obedecería, en palabras del ministro, a que la oposición le tiene «mala» al presidente. En su opinión, «le tienen rabia porque ha podido sacar el país adelante a pesar de las zancadillas que le han hecho permanentemente algunos sectores», lo que lo lleva a una conclusión sorprendente:
«Lo que quieren es que el Presidente no termine su gobierno».
¿Cómo habrá cachado?.
En manos de estos lerdos, sandios y mentecatos está entregado el país.
La salida anticipada de Piñera constituye apenas la primera ventilación que se requiere para rescatar la política de una gavilla de bandoleros.
(*) Director de Red Digital
Notas:
(1) La acusación fue interpuesta, el 27 de noviembre de 1956, por los diputados Maurás, Brücher, Magalhaes, Martínez Camps, Rioseco, Ahumada, Checura, Rivas, Muñoz Horz y Cofré, en contra del Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, por comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes. Se trató de la primera acusación constitucional contra un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo, ya que las anteriores contra Francisco Ramón Vicuña (en 1831); Arturo Alessandri Palma (en 1939) y el propio Carlos Ibáñez (en 1931), habían sido interpuestas una vez concluidos sus respectivos mandatos presidenciales. Informe sobre Acusaciones a Presidentes de la República en Chile
(2) Jorge Bermúdez, Contralor General de la República; Fernando Barraza, Director del Servicio de Impuestos Internos; Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista; Jaime Gajardo, abogado constitucionalista; Eduardo Aldunate, abogado constitucionalista; Luis Cordero, abogado administrativista; Juan Pablo Hermosilla, abogado penalista; Gonzalo Aguilar, doctor en derecho; Michelle Hervé, abogada medioambientalista; Ezio Costa, abogado medioambientalista; Liesbeth van der Meer, Vicepresidenta de OCEANA Chile; Alex Muñoz Wilson, Director de National Geographic para Latinoamérica; Marcelo Mena, ingeniero civil en bioquímica y ex Ministro de Medio Ambiente; Marcela Cubillos Sigall, abogada y ex Ministra del Medio Ambiente; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Matías Asún, Director Nacional de Green Peace; Fernando Dougnac, abogado y Presidente de ONG FIMA; Pedro Ramírez, Director de CIPER; Francisca Skoknic, Editora de LaBot; Andrea Insunza, Editora de LaBot: Manuel Guerra, ex fiscal caso Exalmar; Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería; Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron SpA; Iván Garrido, ex gerente general de Andes Iron SpA; Nicolás Noguera, CEO de Inversiones Odisea; Sergio Jara, Jorge Rojas y Juan Andrés Guzmán, periodistas de investigación; Representante de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich); Representante de la Asociación de Fiscalizadores de Servicios de Impuestos Internos (Afiich); Carlos Pavez, ex Superintendente de Valores y Seguros; Claudio Ibáñez, ex Intendente de la Región de Coquimbo; Rosendo Yáñez, ex SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo; Erwin Miranda, ex SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo; Oscar Pereira, ex SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo; Andrés Chiang, ex SEREMI de Agricultura de la Región de Coquimbo; Mirtha Meléndez, ex SEREMI de Obras Públicas de la Región de Coquimbo; Igor Díaz, ex SEREMI de Minería de la Región de Coquimbo; Marcelo Salazar, ex SEREMI de Energía de la Región de Coquimbo; Herman Osses, ex SEREMI de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo; Eduardo Fuentealba, ex SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo; Oscar Robledo, ex Director Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo; Claudia Martínez, directora regional del Servicio Medioambiental de la Región de Coquimbo; Ignacio Pinto, SEREMI (s) de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo; Alejandro García, SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo; Carlos Lillo, SEREMI de Economía de la Región de Coquimbo; Álvaro Herrera, SEREMI de Energía de la Región de Coquimbo; Pedro Rojas, SEREMI de Obras Públicas de la Región de Coquimbo; Rodrigo Ordenes, SEREMI de Agricultura de la Región de Coquimbo; Abel Espinoza, SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo; Juan Fuentes, SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo; Emilio Lazo, SEREMI de Minería de la Región de Coquimbo; Marcelo Telias, SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo, y Pablo Herman, ex Delegado Presidencial de la Región de Coquimbo.
