El jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, anunció la presentación de una comisión investigadora para el deoble estándar del Ministerio del Interior y Carabineros en el paro de los camioneros, y la «discrecionalidad» en el manejo del orden público en las marchas del Rechazo, y en movilizaciones de protesta, como la de los Técnicos de Enfermería.
Soto manifestó que equipos jurídicos siguen trabajando en la elaboración de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por su responsabilidad en el paro orquestado por la CNTC y la Fedesur que cortó carreteras y puso en riesgo la cadena de abastecimiento del país:
«No tenemos apuro, lo vamos a hacer lento pero con seguridad. Queremos recabar todos los antecedentes necesarios y ver cuál es el la mejor oportunidad política para planear esta acción de acusación constitucional».
Agregó:
«Mientras tanto, hemos tomado la decisión como bancada, de impulsar una comisión para fiscalizar e investigar cómo está procediendo el Ministro del Interior, particularmente en su rol directivo de las fuerzas policiales porque creemos que hay discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de la ley en el caso camioneros y de marchas del Rechazo versus de los funcionarios TENS».
«Para ello, le pedimos apoyo al resto de la oposición, para que en paralelo a la acusación constitucional contra del Ministro Pérez, complementemos ese trabajo con una comisión investigadora», concluyó Soto.
En paralelo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, acusó un «doble estándar del gobierno y Carabineros, frente a las movilizaciones de las últimas semanas, razón por la cual oficiará al ministro Víctor Pérez, al general Mario Rozas y al intendente Felipe Guevara, para que expliquen esta situación:
«Esto demuestra que el gobierno y la policía tienen una postura clara respecto a defender a camioneros, empresarios y la opción del ‘Rechazo’ en el próximo Plebiscito. Podemos concluir que Carabineros se ha transformado en el guardián del Rechazo y en el matón que usa el gobierno para acallar a sus detractores. El mismo fin de semana, mientras FF.EE. gaseaba y reprimía a personal de salud que se manifestaba de manera pacífica, vimos cómo Carabineros escoltaba una marcha del Rechazo».
«Esto es inaceptable para una democracia y por eso exijo que el Presidente, el ministro del Interior y el general director de Carabineros, se pronuncien sobre este actuar disímil de la policía», concluyó.
Un sector de la oposición ha manifestado sus dudas sobre la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, argumentando que el enfoque político debería estar en el plebiscito del 25 de octubre. La duda no está en si se va a ingresar o no, sino en la fecha.
Parlamentarios del Partido Socialista señalan que no sería prudente ingresarla en este proceso, ya que todos los ojos deben estar enfocados en el plebiscito de octubre.
Frente a lo anterior, diputados de la Democracia Cristiana y de otros sectores, manifestaron la importancia de ingresar el libelo acusatorio esta misma semana para entregar una “señal política” frente al manejo del paro de camiones por parte del secretario de Estado.
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a los fundamentos de la acusación constitucional contra el ministro del interior Víctor Pérez, anunciada por su bancada y respaldada transversalmente por la oposición, argumentando que la autoridad de Estado comprometió gravemente la seguridad del país al permitir el bloqueo de las carreteras por parte del gremio empresarial de camioneros.
La parlamentaria denunció que Víctor Pérez incumplió su deber de entregar seguridad al país, en relación a garantizar el abastecimiento y el libre tránsito en carreteras. Fue enfática en sostener que el gobierno estuvo detrás del paro de camioneros, con el objeto de presionar la aprobación de sus leyes en el Congreso.
Aclaró que el Parlamento no puede ceder a las amenazas del gremio empresarial de camioneros, pues aprobar los proyectos de ley que ellos exigen, significaría coartar la acción democrática de un poder autónomo.
Asimismo, afirmó que la acusación también se fundamenta en la desigualdad de trato ante la ley, ya que contrasta con el que se le dio a los manifestantes de la revuelta social.
A la acusación constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez, también se incluirá el trato dispar de Carabineros en las manifestaciones registradas este sábado, donde dispersaron con el carro lanzaguas y lanzagases, la marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la opción «Rechazo».
