Diputados de las bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional contra tres magistrados -Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama– de la Corte Suprema, quienes otorgaron libertad condicional a siete presos que estaban detenidos por delitos de lesa humanidad.
Acompañados de agrupaciones de derechos humanos, este miércoles parlamentarios de distintas bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del otorgamiento de libertades condicionales a siete criminales de lesa humanidad.
La acusación será votada en Sala este jueves, y si se aprueba se elegirán al azar los cinco diputados que la revisarán, los que no pueden ser ni los firmantes ni los miembros de la mesa.
Los diputados que patrocinan la acusación son Jaime Naranjo (PS), Carmen Hertz (PC), Daniel Núñez (PC), Ricardo Célis (PPD), Raúl Soto (DC), Miguel Crispi (RD), Tomás Hirsch (PH), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Marcela Hernando (PRSD) y Gabriel Boric (IND).
El escrito con los argumentos jurídicos está dividido en dos considerandos fundamentales:
Capítulo I: “La responsabilidad constitucional que le cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional”.
Capítulo II: “La responsabilidad constitucional que cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable a sus deberes, al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”.
La presentación fue realizada por la diputada del Partido Comunista (PC) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, quien estuvo acompañada por agrupaciones de derechos humanos, por sus pares del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría, incluyendo al diputado DC, Raúl Soto.
“Hoy estamos haciendo uso de esta herramienta a la cual estamos obligados, porque se ha vulnerado el orden internacional y con esto se pone al Estado de Chile en una situación de vulnerabilidad”, dijo la parlamentaria.
La diputada detalló los argumentos que, a su juicio, justifican esta medida:
“La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”.
Misma visión expresó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro quien señaló:
“La impunidad tiene un gran riesgo, que es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del Estado en relación a la autonomía del otro. La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema”.
El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, sostuvo:
“A través de esta acusación constitucional queremos decirle al país que el parlamento no está dispuesto ni va aceptar que se establezca la impunidad. Aquí cuando los jueves de la Corte Suprema señalan que estamos invadiendo otro poder del Estado o que estamos alterando al Estado de derecho, se equivocan absolutamente. Porque lo único que estamos haciendo es acusar a unos jueves que ignoraron o cometieron omisión o deliberadamente desconocieron los tratados internacionales, que de acuerdo a las modificaciones constitucionales, deben ser considerados en la legislación chilena”.
El texto fue firmado por representantes de todas las bancadas de la oposición desde el Frente Amplio, hasta la Democracia Cristiana.
Al respecto desde el Gobierno el ministro del Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que “no corresponde al Congreso Nacional y en este caso a la Cámara de Diputados, hacer una acusación constitucional contra jueces, en este caso ministros de la Corte Suprema, por el contenido de sus resoluciones judiciales”.
El jefe de gabinete expresó además que la acusación constitucional “afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática” y agregó que “un país serio institucionalmente, no puede ser que una mayoría política de parlamentarios se entrometan, se inmiscuyan en el contenido de las resoluciones judiciales le gusten o no les gusten, les parezcan buenas o no”.
El Presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró esta mañana que la Constitución no permite al Congreso revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones del alto tribunal:
«El Constituyente cierra toda discusión señalando que el ejercicio de la jurisdicción es confiado exclusiva y excluyentemente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el Presidente o el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, dice la Constitución, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones», comentó Muñoz.
Los magistrados serían notificados el sábado y tienen diez días- sin contar el domingo- para presentar su defensa.
Así reportó el hecho la radio de la Cámara de Diputados:
Legítima acusación constitucional contra una sala de la Corte Suprema
por Roberto Avila Toledo
La acusación constitucional en contra de los ministros de la sala penal de la Corte Suprema que dejaron en libertad a 7 genocidas condenados por brutales hechos de sangre que costaron la vida a chilenos inocentes tiene la mayor importancia histórica.
En esta acusación constitucional se dirimirá si el Chile de 2018 esta dispuesto a tolerar pasivamente el genocidio que vivimos por 17 años o si se aplicara la ley, dejando claro al futuro que esa práctica criminal no tiene perdón ni olvido.
Esto es muy importante y es así como los defensores de los criminales han ido de menos a mas arrojando sus cartas a la mesa. Partieron llevando a la CNN a un abogado que rentadamente defendió derechos humanos hace 28 años atrás, luego La Segunda entrevistó a José Antonio Viera Gallo cuyas genuflexiones al mundo militar son la base de su carrera política, se culminó con declaraciones del Ministro del Interior don Andrés Chadwick ex dirigente juvenil de la dictadura, que coherente con su pasado, respaldo a los jueces cuestionados.
A pesar del empeño de estos defensores los jueces de la Corte Suprema no lograron la tranquilidad de espíritu que estos buscaban proporcionarles. En una acción de las características de un partido político en medio de un debate e impropia de un poder del Estado, se reunieron y emitieron una declaración en manifiesta defensa de causa propia.
Con cierta soberbia el poder judicial habitualmente reivindica su calidad de poder del Estado, sería bueno recordarles que sólo gracias al atraso legislativo y a la persistencia de la Constitución de ¨Pinochet su composición se debe hasta ahora a una cooptación institucional entre ellos mismos y el ejecutivo, sin pasar jamás por el rasero de los ciudadanos.
La declaración de la Corte Suprema formula argumentos en los puntos 4 y 5 que es necesario comentar:
En el punto 4 se lee
“El cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.
En el punto 5 se lee:
“Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.
Ante ello cabe precisar:
1.- Que un Estado de Derecho tiene como componente esencial el equilibrio y control mutuo entre distintos poderes. Que la pretensión de la Corte Suprema de no estar sujeta a ningún control se contradice con los principios más elementales de un Estado democrático.
2.- Que la autonomía de los jueces nunca ha sido ni puede ser absoluta; tan es así que el Código Penal contempla la figura de la prevaricación. Que de esta autonomía, necesaria en cierto grado, no se puede deducir que conductas que violentan los Derechos Humanos queden sin sanción. La autonomía de los jueces es procedimental en la perspectiva de alcanzar la Justicia no es un valor en sí mismo.
3.- Que habría sido de la mayor utilidad al país que el poder judicial le hubiera recordado, una sola vez siquiera en 17 años, la autonomía de los jueces a la dictadura militar, en situaciones tan humillantes como en aquella en que los jueces del Trabajo debían dictar sentencia con un oficial militar a su lado, que autorizaba el fallo.
4.- Contrariamente a lo que la declaración señala sí están en cuestionamiento los cargos de los ministros de la Corte Suprema, pues si se aprueba la acusación serán destituidos.
5.- La vigencia del Estado de Derecho no impide una acusación constitucional contemplada incluso en una constitución tan autoritaria como la que nos rige. El Estado de Derecho se vulnera con fallos judiciales como el del general Augusto Pinochet que lo declaro inimputable por una enfermedad (demencia cortical leve) que no existe en la literatura médica mundial.
6.- Se habla de un juez “ independiente e imparcial”, ¿puede afirmar esto con propiedad la Corte Suprema?. En su membresía actualmente se encuentra don Lamberto Cisternas que fue viceministro de la dictadura militar de Pinochet. Son conocidos todos sus dictámenes en favor de acusados por crímenes de Lesa Humanidad. En Chile se bombardeó La Moneda, dos presidente, Allende y Frei, murieron y no hay un solo condenado. Que es esto del juez “independiente e imparcial’?.
7.- La Corte Suprema defiende con vehemencia la sentencia en recursos de amparos en favor de genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Miles de chilenos nunca consiguieron en los habeas corpus interpuestos en su favor que la Corte Suprema les brindara protección, mucho menos que se reuniera en pleno para sacar declaraciones públicas en su favor.
Chile debe decidir si a 28 años del término de la dictadura militar aún estamos bajo intimidación tal que debemos soportar pasivamente la impunidad o si las nuevas generaciones han recuperado nuestra dignidad republicana. Que hable el parlamento depositario fundamental de la voluntad popular.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Escuche una entrevista de la radio de la Cámara de Diputados al diputado socialista Marcos Ilabaca:
