Para responder a esta pregunta, hay que entender que toda crítica relativa a la Constitución de 1980 es absolutamente válida y que es necesario remplazarla.
Sin embargo lo que se calla en cuanto a ella es que originalmente contemplaba un quórum de 3/5 (60%) para reformarla y que la Concertación de los tal llamados «Partidos por la Democracia» le regalaron a la dictadura —que no estaba en condiciones de imponer nada— el famoso quórum de 2/3 (67%) que durante 30 años han usado como excusa para mantener el estatus quo, algo que Felipe Portales ha denunciado en múltiples artículos, v.g., «Reformas constitucionales: el regalo de la mayoría parlamentaria en 1989”.
En consecuencia, técnica e históricamente, la Constitución de 1980 con su cerrojo del quórum de 2/3, no es «la Constitución de Pinochet» como generalmente se afirma, sino que la Constitución del contubernio entre las dos derechas y la dictadura —las dos derechas que en su oportunidad denunció Sergio Aguiló en su «Chile entre dos derechas» (2002).
Además de lo anterior, hay algo que la ciudadanía en general desconoce y quienes saben, callan: la única “Constitución» que cuenta en un país es la correlación de los factores reales y efectivos de poder que lo rigen. PUNTO. No hay más. Ver al respecto la conferencia de Fernando Lasalle «¿Qué es una Constitución?» (1856).
Mientras la correlación de factores reales y efectivos de poder se mantenga en la sociedad, no hay cambio posible y la Constitución escrita no pasa más allá de ser una simple hoja de papel si no es consistente con ella.
En efecto y a modo de ejemplo, la dictadura nunca necesitó de ninguna Constitución por siete años para hacer lo que se le vino en ganas en cuanto a lo económico pues concentraba todo el poder real y efectivo detrás de los fusiles.
En 1980, se dio la Constitución que se conoce por dicho año para cubrirse con un manto de seudo-legitimidad legal y en 1989 se la reformó elevando el quórum de 3/5 a 2/3, tal como se explica más arriba, plebiscito trucho de por medio.
Si la Constitución de 1980 en su versión revisada del año 2005 se ha mantenido, no es sólo por el quórum de 2/3 que impide su reforma en lo que le es substancial, sino porque las derechas que han co-gobernado al país desde 1990 son representantes de los factores reales y efectivos de poder que rigen a Chile, entre ellos el modelo económico vigente y sus correspondientes intereses empresariales chilenos y extranjeros.
No por nada la clase política dominante acordó que la Convención Constitucional no podía tocar los Tratados Internacionales vigentes, entre ellos los tal llamados «Tratados de Libre Comercio», las piedras angulares del modelo económico neoliberal que rige en el país.
En estas circunstancias, como la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional no se ajusta exactamente a los intereses de los poderes reales y efectivos que mandan en el país, ambas derechas se han apresurado para imponerle cambios, ya sea desde la perspectiva del Apruebo o del Rechazo.
A esto también se ha sumado el gobierno con eventuales propuestas de reforma que haría púbicas antes del plebiscito de salida en un claro intento de atraer votos al Apruebo —una propuesta que carece de toda credibilidad pues el gobierno sabe perfectamente que no tiene mayoría parlamentaria para reformar nada.
En los hechos, toda reforma va a depender de las dos coaliciones políticas que han co-gobernado al país por 30 años y la llave para toda reforma la tiene la derecha dura con el 50% de los curules en el Senado. Si sus 25 senadores se oponen, no habrá reforma que no sea de su gusto.
En síntesis, para responder al título de estos comentarios, el 4 de septiembre próximo la ciudadanía votará si aprueba o rechaza el borrador de lo que quizás, tal vez, a lo mejor podría llegar a ser la nueva Constitución Política de la República de Chile.
(*) Académico chileno residente en EE.UU
