La eliminación del FUT, o Fondo de Utilidades Tributables, es una de las principales medidas de la reforma tributaria propuesta por el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet. En virtud de una feliz coincidencia, la versión electrónica del semanario The Clinic, dió a conocer un documento secreto del Servicio de Impuestos Internos, que muestra el mecanismo utilizado para rebajar la deuda tributaria de la multitienda Johnson’s desde 120 millones de dólares a sólo ocho, precisamente utilidades imputadas al FUT, y luego descontadas por presuntas pérdidas de sociedades relacionadas. Un verdadero escándalo. Este ejemplo viene como anillo al dedo para demostrar que el FUT es indefendible, puesto que constituye el principal mecanismo utilizado por el sector de la Gran Empresa para evadir y eludir impuestos.
El FUT es un libro de control que debe ser llevado por los contribuyentes que declaren rentas efectivas en primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance general, en el cual se encuentra la historia de las utilidades tributables y no tributables, generadas por la empresa y percibidas de sociedades en que tenga participación.
Con respecto a las anotaciones que considera el FUT, se encuentran, entre otras, la renta líquida imponible, participaciones y dividendos percibidos y retiros o distribución de dividendos.
Dicho libro debe ser timbrado por el SII y su implementación es obligatoria para los contribuyentes indicados anteriormente.
Pues bien, el mecanismo acordado entre Johnson’s y el Servicio de Impuestos Internos consiste, precisamente, en la imputación de utilidades al FUT, seguido de la simulación de pérdidas tributarias, más específicamente, la solicitud de devolución de $ 52.532.088.839 millones de pesos, valor conformado por Pago Provisional por Utilidades Absorbidas por pérdidas tributarias.
En otras palabras, el Estado ayudando a un particular a estafar al Estado, y todo esto, conforme a la ley
Así de frescos y sinverguenzas. Por eso que no hay otra solución que eliminar el FUT, si se pretende avanzar en justicia redistributiva.
El documento de 11 páginas, donde se revela la metodología usada por el SII para rebajar las lucas a Johnson’s -de 120 a 8 millones de dólares- no ha sido entregado ni a la Comisión de la Cámara que investigó el “perdonazo”, como tampoco a un particular que lo pidió por Ley de Transparencia, cuya decisión final aún está “en acuerdo” en la Corte Suprema. El organismo se resguarda en el secreto tributario, argumento esgrimido por el renunciado director del SII, Julio Pereira, quien visó la operación a favor de la multitienda.
El 7 de diciembre de 2011 la entonces directora de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) Mirtha Barra, firmó una solicitud de imputación de Pago Provisional de Utilidades Absorbidas a impuestos adeudados de la empresa Johnson’s, que dio origen a la resolución exenta 291. Dicho documento marca el inicio de cómo la multitienda pagó 8 millones de dólares a las arcas del Estado, en vez de los 120 que adeudaba en impuestos, para que luego la familia Calderón, dueña de Johnson’s, vendiera todo saneado y libre de conflictos con el fisco a Horst Paulmann, el dueño de Cencosud, por la suma de US $66 millones. Todo un negocio.
El documento de 11 páginas, donde se revela la metodología usada por el SII para rebajar -en un proceso que hasta ahora es investigado- las lucas a Johnson’s, ha sido lo más cercano a un secreto de Estado. En la época en que se desarrolló la operación, el SII era dirigido por el renunciado Julio Pereira y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputado que indagó este millonario “perdonazo” -cuyo informe final fue rechazado en sala- no consiguió que el organismo fiscal revelara qué método se usó para la cuantiosa rebaja, con el argumento de que el Código Tributario es clarísimo en la reserva de los datos.
En cualquier caso el documento lo publica íntegramente The Clinic Online.
Historia de secretismo
En 2012 el particular Daniel Vásquez Medina pidió toda la información relativa al caso Johnson’s. Lo hizo por Ley de Transparencia en la web del SII, entidad que se tomó los días legales para responder, negando el acceso a los antecedentes.
Vásquez Medina recurrió entonces al Consejo para la Transparencia y ganó. Julio Pereira, empecinado en no revelar la información, presentó una reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago a través del subdirector jurídico (S) Jorge Torres Zúñiga. Pereira perdió de nuevo, esta vez por la unanimidad de la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino, cuyo fallo se conoció el 2 de mayo de 2013. La sentencia, firmada por las ministras María Soledad Melo, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga establece que el precepto constitucional del derecho a la información es más importante que el secreto tributario invocado por el SII porque “no hay bienes jurídicos protegidos que puedan ser afectados”.
El 8 de mayo el SII, nuevamente a través Torres Zúñiga -y para agotar todas las instancias con el fin de mantener en secreto la historia de Johnson’s- presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Fue acogido a tramitación y el 18 de junio pasado los ministros de la Tercera Sala (Constitucional) escucharon los alegatos de las partes. Desde esa fecha hasta ahora el fallo se encuentra en acuerdo y sobre su resultado los pasillos de tribunales están llenos de rumores.
Signos de interrogación
En el papel en disputa se explica que Johnson’s absorbió a cinco empresas que generaban sólo pérdidas, lo que le permitía recuperar impuestos, reconociendo así una deuda millonaria con el fisco. Se trata de Efectivo Servicios Limitada, Evaluadora de Créditos Veraz, Inversiones Efectivo Limitada e Inversiones Mar Azul. Estas últimas fueron absorbidas por Johnson’s, que se constituyó como la continuadora. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 2011 a sólo meses de la decisión del SII, que en su minuto fue avalada tanto Pereira como el subdirector jurídico Mario Vila. Ambos hoy son investigados por la Fiscalía Oriente, en una indagatoria aún desformalizada.
Pues bien, de la lectura del informe dsas fueran directamente a la contabilidad de la multitienda. Lo que no queda claro es si por estas operaciones pagaron los impuestos requeridos para que fueran favorecidos con la sustanciosa rebaja superior a 100 millones de dólares.
Respecto al documento del SII, sólo falta esperar qué dirá la Suprema sobre el secretismo del organismo, la fiscalía sobre la investigación criminal y el sumario que aún está pendiente en la Contraloría.
Descargue el documento secreto del SII sobre el perdonazo a Johnson’s
