Aún con la postergación para marzo de la reforma laboral y el proyecto que establece penas de cárcel para la colusión, esta semana es, probablemente la más importante y recargada del año, por cuento son cinco proyectos los que deben despacharse.
El próximo domingo será 31 de enero, fecha de término de la temporada legislativa 2015 e instancia en la que se verá si las siete prioridades planteadas por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet logran pasar con éxito el filtro del Congreso Nacional.
Sesiones más largas tanto en la Cámara de Diputados y el Senado, e incluso en doble jornada, se anticipan para esta última semana de enero en el Congreso, en la semana final de trabajo legislativo antes del receso de febrero.
La actividad más intensa estará en la Cámara Baja, que este martes tendrá que ver dos importantes proyectos de la agenda de Probidad y Transparencia que están en tercer trámite: el de Fortalecimiento de la Democracia y el de Partidos Políticos.
La lista la constituye el proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, carácter público y democrático de los partidos políticos y modernización, reforma laboral, sistema tributario, ley anticolusión, carrera docente y agenda corta antidelincuencia.
De este grueso conjunto de iniciativas, solo la reforma laboral aparece como la más compleja de aprobar, toda vez que el Ejecutivo aún no logra llegar a acuerdo con la Democracia Cristiana, partido que considera insuficientes las propuestas en torno a la extensión de beneficios, el no reemplazo en huelga y la negociación interempresas.
Por tal motivo, la tramitación final del texto y la aprobación quedaron para marzo, a la inversa de las pretensiones de La Moneda y de las restantes colectividades de la Nueva Mayoría.
Lejos de dramatizar con los plazos, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo que lo que está sucediendo «es parte de la tramitación normal de un proyecto».
«La discusión no es si la reforma laboral se aprueba en enero o marzo, sino cómo aprobamos una buena reforma laboral», agregó Ignacio Walker, senador DC.
Respecto a la carrera docente, que tendría el tiempo suficiente para aprobarse en el Parlamento, los únicos puntos de discordancia entre el Gobierno y la oposición son las indicaciones relativas a las remuneraciones que tendrán los profesores del sector público y subvencionado.
Según el texto, los docentes del sector público ingresarán a la Carrera Docente en 2017 con un aumento salarial de 200 mil pesos. En tanto, los profesionales de colegios subvencionados ingresarán paulatinamente, entre 2019 y 2025, lo que atrasará el alza de sus remuneraciones.
«Hay un tema no necesariamente de mayor costo sino de adelanto de flujo. Es poder adelantar un año la evaluación que tienen que hacer los profesores que nunca se han evaluado, para ver en que tramo se van a encontrar», retrucó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
A su vez, con relación a la ley de partidos políticos, existe consenso en los diversos avances que se plantean, aunque de forma particular hay rechazo de los partidos chicos y movimientos en formación sobre las altas exigencias para que las entidades nuevas sigan existiendo. Esto es la elección de cuatro parlamentarios o el 5% de la votación en todo el país.
«Supuestamente íbamos a trabajar en una legislación que permitiera la proliferación de partidos políticos nuevos y lo que está ocurriendo es que se están poniendo crecientes dificultades por la distribución de fondos públicos y no se les da tiempo de maduración de los proyectos políticos. Entonces hay que permitir un cierto grado de flexibilidad», dijo el senador Alejandro Guillier.
Por otro lado, si bien hubo una apertura de los partidos tradicionales para que el Servel fiscalice sus elecciones internas, la molestia se deslizó por la exigencia de que cada entidad realice comicios bajo la modalidad un militante un voto. Esto porque hay agrupaciones que no practican un sistema directo, como el PS y el PC.
Durante la semana, la Cámara de Diputados analizará las modificaciones y las materias relacionadas con las multas económicas, cárcel y la pérdida del escaño por infracciones a la transparencia del gasto electoral, por cierto, en el marco de la ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia que se originó en la comisión Engel.
Para terminar, la agenda corta antidelincuencia del Gobierno tendrá un duro round que sortear en el Congreso: el control de identidad, el cual es criticado por abogados y juristas y defendido por el ministro del Interior subrogante, Mahmud Aleuy, quien lo comparó con «mostrar el carnet en la caja del supermercado».
La iniciativa se encuentra en discusión en el Senado luego de ser despachada de la Cámara en septiembre de 2015 y busca hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación, además de mejorar su persecución penal.
Una de las claves de la agenda corta es la idea de facultar a las policías a realizar control preventivo de identidad y en el mismo lugar donde se encuentren las personas y sin la necesidad de llevarlos a una unidad policial.
El texto ha sido cuestionado por parlamentarios e incluso por ministros de la Corte Suprema.
