La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva a los tres proveedores del Ejército formalizados por el delito de fraude al Fisco estimado en más de 2.400 millones de pesos con dineros provenientes de la ley reservada del cobre.
La solicitud del Consejo de Defensa del Estado pedía que se cambiara la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual que decretó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 13 de enero, cuando fueron formalizados los tres imputados.
Francisco Huincahue, Raúl Fuentes Quintanilla, y el hijo de este último, César Fuentes, quedaron en la audiencia de formalización del pasado 13 de enero con las cautelares de arraigo nacional y firma mensual, lo que fue considerado como un agravio por el querellante, el abogado del CDE, Raúl Llanos.
«Estos 2.400 millones de pesos es a lo largo de estos años. Se ha pedido informe de bienes de los participantes en este delito y no se ha podido encontrar bienes de cuantía alguna, lo que revela que esos bienes o han sido ocultados, o están a nombre de terceras personas, porque no es tan fácil hacer desaparecer 2.400 millones de pesos», indicó el jurista.
Llanos agregó que «hasta el mes de noviembre del año 2015 los informes periciales de la PDI estaban auditando un universo de 2.500 facturas sospechosas. Ya se había determinado que el fraude ascendía a 2.400 millones de pesos habiéndose auditado unas 1.700 facturas», indicó.
Pese a lo planteado por el CDE, el tribunal de alzada decidió mantener las cautaleras y las defensas de los acusados se mostraron conformes con lo resuelto, apuntando que la única responsabilidad de estos ilícitos la tuvieron los militares procesados.
En la audiencia de formalización, la fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong explicó que en relación a los imputados Fuentes Quintanilla y Fuentes Campusano, se les formalizó por facilitación de facturas entregadas desde el año 2010 hasta el 2014 por un monto aproximado de $1.800 millones de pesos y por cerca de $232 millones por facturas de Inversiones y Comercio Capellán S.A., empresa que depende de ellos.
Respecto del imputado Huincahue Necuñir la audiencia se trató de una reformalización, dado que ya había sido formalizado por la facilitación de diez facturas por un monto aproximado de $100 millones de pesos, hecho que fue ampliado en esta jornada por facturas facilitadas el 2013 por cerca de $300 millones.
“Las formalizaciones se definieron sobre la existencia de antecedentes suficientes de que se trata de facturas falsas. En la carpeta de investigación existen antecedentes de que los servicios e insumos no fueron entregados efectivamente al Ejército”, detalló la fiscal Chong.
La persecutora agregó que respecto de los imputados Fuentes Quintanilla y Fuentes Campusano, “funcionarios confesos de la institución indicaron haber solicitado la entrega de las facturas y haber facilitado la documentación interna que permitió la ejecución de los pagos”.
