El derecho de los pueblos a rebelarse frente a la tiranía está reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la misma Doctrina Social de la Iglesia Católica.
La idea de que los pueblos no tienen por qué someterse a normas o autoridades ilegítimas ha sido teorizada por la humanidad por lo menos desde los textos de Platón, en el que reflexionaba sobre la tiranía. Y, por demás, esta idea ha sido la partera del salto que la sociedad ha dado desde los regímenes absolutistas, hasta los intentos de democracia de nuestros días.
De hecho, la primera Junta Nacional de Gobierno de lo que luego reconoceríamos como República de Chile, parte precisamente desde esta premisa: la rebelión frente a la ilegitimidad de un monarca impuesto por Napoleón mediante la invasión y la fuerza.
Más recientemente y en nuestro propio país, uno de los factores claves que explican la salida de la dictadura, es precisamente la lucha multifacética –incluyendo las formas más agudas de lucha- que desarrollaron los pueblos de Chile para expulsar al dictador. Incluso más, la propia Democracia Cristiana, un partido cuya élite se ha mostrado tan melindrosa y hasta reaccionaria con el proceso de reformas impulsado por la Presidenta Bachelet, en dictadura llamó a la “Desobediencia Civil” por boca del inefable Gabriel Valdés.
En síntesis, hoy la humanidad ha llegado a la incontestable conclusión de que legalidad y legitimidad, lamentablemente no siempre van de la mano, y que, en tal contexto, la obligación de los pueblos es sólo respetar la norma que emane de un marco político-institucional legítimo. Por demás, de ahí emana el concepto de “Desobediencia Debida” en el ámbito castrense… ¿están obligados los militares subalternos a acatar una orden criminal por parte de sus mandos?… la respuesta es no, y los propios juicios de Núremberg son pétreos testigos de aquello. En nuestro propio país, los criminales de la dictadura no han sido absueltos bajo el pretexto de “obedecer órdenes”.
De hecho, dos premios Nobel de la Paz, como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, hicieron uso extensivo de la desobediencia civil para enfrentarse a leyes inmorales e ilegítimas. En el primer caso, se erigió como un hito en la independencia de India, la histórica “Marcha de la Sal”, en el que el líder indio llamó a boicotear y no acatar el monopolio que mantenía la Corona Británica sobre este producto.
Al otro lado del mundo, la lucha por los derechos civiles de la minoría negra tuvo hitos similares, como la valiente postura de Rosa Parks, quien decidió sentarse en los asientos de los autobuses destinados a los blancos, lo que luego derivó en un masivo boicot al transporte público en Montgomery, EE.UU., organizado por el propio pastor King.
Hoy, estamos frente a un hecho incontestable: la Ley de Pesca, o “Ley Longueira” es una norma ilegítima. Más allá de las sentencias judiciales, resulta claro y evidente que muchos parlamentarios operaron en concomitancia con la industria pesquera para legislar en torno a sus intereses, esto ya sea porque estaban directamente involucrados en el negocio –como el clan DC de los Zaldívar- o porque recibieron “coimas” para ello.
Al respecto, es dramática la situación de Tarapacá, en la que tres de cuatro legisladores regionales votaron a favor de dicha ley, algunos recibiendo incluso instrucciones de cómo votar o qué indicaciones proponer por parte de una de las empresas del oligopolio, como es Corpesca. Resulta más escandaloso aún la aprobación de dicha ley, cuando estos mismos tres legisladores – Orpis, Rossi e Isasi- hoy están siendo investigados por cohecho.
Lo cierto es que hace cada vez más claro que la Ley de Pesca no responde a los intereses del país, sino al interés de una oligarquía que se apropió de las riquezas marinas de todos los chilenos y que ha estado dispuesta a desplegar cualquier tipo de maniobra, con tal de asegurar esos derechos espurios.
Es así como un proyecto de acuerdo patrocinado por un grupo de diputados, entre ellos el diputado por Tarapacá Hugo Gutiérrez- planteó la necesidad de la anulación de la Ley de Pesca, basándose precisamente en el origen ilegítimo de dicha norma.
Anulación eso sí, no derogación, ya que esto supondría indemnizar por miles de millones de dólares a esas 7 familias que se hicieron con los mares chilenos por obra y gracia de la injusticia.
El proyecto para anular la llamada “Ley Longueira”, es una loable iniciativa, que sin embargo se ha estrellado con una inquietante respuesta del “establishment”, con dos postergaciones consecutivas de las votaciones para dirimir dicha materia en la Cámara de Diputados.
Lo que debió resolverse el pasado 12 de enero, se postergó para el 13 y luego para el 20. Es de esperar que dichas dilaciones no respondan a una maniobra para eludir el problema de fondo. En cualquier caso, que sepan los agentes del “Partido del Orden” en el Congreso, que sólo hay dos posibilidades para resolver este conflicto: o la reivindicación ética del Estado de Derecho a través de la anulación de esta ley… o su superación democrática mediante el desacato.
Fuente: El Independiente
http://elindependiente.cl/2016/01/ley-de-pesca-frente-a-una-norma-ilegitima-la-legitimidad-de-la-desobediencia/
