Este mediodía, el sindicato N°3 de la empresa SQM-Salar presentó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra su empleador por una modalidad específica del delito de estafa, ilícito caracterizado como “entrega fraudulenta”, situación contemplada en el artículo 467 del Código Penal. El perjuicio económico para el Estado supera los US$ 3 millones.
Los trabajadores acusan un perjuicio económico cercano a los US$ 3 millones por concepto de no pago de bonos de producción contemplados en su convenio colectivo.
Se trata de una bonificación variable por exportación de ciertos productos que no se estaría realizando, esto, al violar SQM Salar una prohibición explícita del contrato con Corfo. La transgresión de la firma consistiría en exportar la materia prima del Salar de Atacama que son las salmueras, y no el carbonato de litio, que es uno de los productos del procesamiento de las mismas.
Esta querella sería una nueva arista de un caso que ya mantiene Corfo contra la empresa y que es investigado por el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. En la causa se pesquisa las ventas a precios bajo mercado de carbonato de litio que habría efectuado la minera chilena a la accionista japonesa y socia estratégica de SQM, la minera Kowa.
De esta manera entonces el recurso judicial fue presentado este lunes contra el actual gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, y contra Patricio Contesse, ex ejecutivo, que ocupó el mismo cargo anteriormente en Soquimich.
La querella es patrocinada por la abogado Bárbara Salinas, representante legal de los accionistas minoritarios del denominado caso La Polar.
Los representantes de los trabajadores fueron acompañados al tribunal por el diputado del Partido Radical (PR), Alberto Robles, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Daniel Farcas, y por el senador independiente de la circunscripción de Antofagasta, Alejandro Guillier.
Querella de trabajadores revela detalles de las presuntas exportaciones ilegales
En junio de 2014, una carta de un grupo de empleados de la minera reveló a la Corfo la existencia de varios contenedores con salmueras, material de exportación prohibido. Se presume que el destino eran los mercados asiáticos y no se descarta la participación de Kowa, el socio estratégico que le permite a Julio Ponce tener el control de la sociedad.
Los funcionarios acusan perjuicios económicos y sostienen que no podría haberse efectuado sin la participación de terceros, principalmente funcionarios públicos.
La acusación de la Corporación y la posterior querella del diputado Alberto Robles (PRSD), motivaron a un grupo de trabajadores a acudir a la justicia para presentar varios antecedentes adicionales que dicen relación con el litigio que sostienen ambas partes.
Ello, porque tanto las exportaciones de salmueras –prohibidas según establece el contrato con Corfo–, así como las ventas a precios bajo mercado de carbonato de litio que habría efectuado la minera a Kowa –socio estratégico de Julio Ponce en la propiedad de SQM–, los habría afectado directamente debido a la bonificación variable por la exportación de estos productos contenidas en sus contratos.
Así, hoy presentaron una querella por estafa y otros engaños contenidos en el artículo 467 del Código Penal contra Patricio de Solminihac y Patricio Contesse González, actual y ex gerente general de la minera, respectivamente; acusando un perjuicio económico que partiría desde los $440,4 millones.
La acusación está patrocinada por la abogada Bárbara Salinas.
En su acusación, el sindicato ligado al área de carbonato de litio de SQM Salar explicó cómo se habrían efectuado estas exportaciones, lo que supone material adicional a los detalles que ya había entregado la Corfo a través de documentos reservados al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y a la denuncia que hizo el diputado Alberto Robles (PRSD) hace unas semanas.
Contenedores “ilegales”
Entre agosto y septiembre, la Corfo presentó una serie de informes a los que tuvo acceso este medio. En ellos, sostuvo que en 2014 SQM Salar le vendió a Kowa 6.069 toneladas de carbonato de litio a un precio de US$ 4.845, cifra 5% por debajo del promedio mundial (US$ 5.108). Comparado con las otras exportaciones de litio chileno a Japón, el precio habría sido un 10% más barato y 40% respecto de los envíos a China. Corfo acusó un perjuicio de US$ 50 millones.
Por su parte, la presentación del diputado Robles sostiene que entre 2009 y 2014 SQM exportó productos no autorizados por el Estado a través de Corfo. Su relato apunta a que todas las salmueras del Salar de Atacama tienen contenido de litio y otros elementos de alto valor comercial, que SQM exportó a un dólar la tonelada, lo que “es ridículo por cuanto el solo costo de gestión (transporte, extracción, derecho a puerto, etc.) supera con creces el valor consignado en los documentos de exportación”, hechos que “lesionan gravemente el interés fiscal (y) con esto el Estado de Chile ha sido defraudado”.
Ahora se suma una tercera parte que alimenta este relato y que lo aportan los mismos trabajadores de SQM Salar, quienes ya en junio de 2014 acudieron a la Corfo para estampar la denuncia. Fueron la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios “Constramet” en conjunto con su afiliada, la Federación de Trabajadores N°3 de SQM, los que en esa ocasión se acercaron al vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Eduardo Bitran, para entregarle una carta que aclarara ventas de salmueras de litio.
Según se sostiene en la querella de los trabajadores, a la que tuvo acceso El Mostrador Mercados, en la referida carta se señala que la empresa ha estado comercializando cerca de tres contenedores, con capacidad de 18 metros cúbicos de salmuera, la cual si fuera debidamente procesada generaría 6,73 toneladas de carbonato de litio. Es decir, y en términos mensuales, en promedio SQM Salar estaría exportando cerca de 605 toneladas de carbonato de litio sin haber sido procesados en la planta, “lo que claramente constituiría una maniobra fraudulenta para dichos trabajadores así como para el interés fiscal”, consigna la acusación.
De acuerdo a los trabajadores, tales exportaciones se venían efectuando por lo menos desde 2010 a precios irrisorios, para lo cual “tendrían que haber intervenido terceras personas, ajenas a la compañía, e incluso y eventualmente funcionarios públicos que, mediando acciones u omisiones, hubieran permitido a SQM SALAR S.A exportar documentalmente solución de cloruro de litio cuando en los hechos y en la realidad habrían exportado salmuera, por lo que tampoco puede descartarse la existencia de delitos funcionarios que igualmente deberán ser objeto de investigación”.
Los trabajadores de la empresa les llaman a estos productos “salmueras chinas”, porque en la organización era un hecho conocido que estas se exportaban al gigante asiático. Si bien el destino de estas exportaciones tendrá que aclararse a través de las distintas diligencias que se esperan sobre el Servicio Nacional de Aduanas, los trabajadores de SQM tendrían pruebas fotográficas respecto de los contenedores con dicho material.
Estos señalan que dichas exportaciones fueron referidas por SQM Salar como “solución de cloruro de litio”, lo cual no sería efectivo, ya que se trataría precisamente de salmueras, las que no pueden ser exportadas de conformidad al contrato de arrendamiento entre SQM Salar y Corfo.
Las salmueras son la materia prima que se extrae del Salar de Atacama, compuestas por potasio, calcio, sodio, magnesio, litio, boro, cloruro y sulfato, sin embargo, estos necesariamente deben ser procesados para su exportación, según lo estipulado en la “Modificación de Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama Corfo y SQM Potasio”, suscrita en diciembre de 1995.
Las declaraciones de exportación de SQM Salar al Servicio Nacional de Aduanas decían, sobre estas presuntas exportaciones de salmueras, que se trataba de “solución de cloruro de litio”, razón por la cual “no descartamos otra clase de acciones con los mismos fines y que dicen relación con eventuales engaños a otras autoridades que intervienen o que debieran intervenir en el proceso de exportación, como es el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entidad que debe autorizar las exportaciones previo a la autorización que también debe realizar el Servicio Nacional de Aduanas”.
Con ocasión del artículo hecho por este medio sobre la denuncia presentada por Robles, fuentes cercanas a SQM advirtieron que solo han exportado productos explícitamente autorizados por Corfo.
El ojo sobre Aduanas y la CChEN
En 1979, el litio se reservó por el Estado por considerarse un material de carácter estratégico, al ser de “interés nuclear”. Por ello es que dicha consideración, en cualquiera de sus formas, obliga a la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), la que a su vez es un requisito para que el Servicio de Aduanas la autorice.
En la presentación del diputado Robles ya se presumía la existencia de un eventual cohecho y otros ilícitos a propósito de las exportaciones de SQM Salar.
“Se produce el posible fenómeno de corrupción en el sector público, ya que existen antecedentes suficientes en la prensa y otros antecedentes para investigar el soborno en orden a corromper a un funcionario público, esto es a compelerlo, en un sentido determinado favoreciendo a SQM, tanto desde el punto de vista de un cohecho propio o impropio o pasivo, cuando nada se ha hecho para evitar que la empresa en comento obtuviere ganancias ilegítimas en el transcurso de más de veinte años, vale decir, se ha faltado al deber básico inherente a la condición de todo funcionario público, cual es el relativo al fiel desempeño de la función del cargo”, sostenía su presentación.
A su juicio, resulta presumible pensar que, a lo menos por omisión, hubo empleados públicos que permitieron la fraudulenta maniobra, apuntando a distintas reparticiones del Estado, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) e incluso la Corfo, entre otras, las que “debían velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la extracción, transporte, exportación y comercialización del litio, resultado preclaro, que no ejercieron las medidas de fiscalización a la que estaban llamadas”.
Por su parte, los trabajadores también buscan esclarecer el papel que podrían haber jugado funcionarios públicos en los hechos de los cuales se acusa a SQM Salar, razón por la cual es que pidieron a la justicia que se oficie al director nacional del Servicio Nacional de Aduanas, para que remita al Ministerio Público todas las declaraciones de exportación efectuadas por la empresa, junto con su respectiva documentación, desde el año 2010 hasta la fecha.
Asimismo, solicitaron que se oficie al director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), Patricio Aguilera, para que entregue todas las autorizaciones de exportación emitidas a la empresa SQM Salar, desde el año 2010 a la fecha, junto con la correspondiente documentación, en especial las declaraciones obligatorias que debe realizar el exportador respecto del lugar de destino, nombre del destinatario y uso que se le dará al material exportado, y que en virtud de su mandato legal deben ser requeridas cuanto se efectúen exportaciones de material radiactivo.
Fuente: El Mostrador
Fiscalía abre arista penal por contrato Corfo-SQM en el Salar de Atacama
Con el despacho de oficios solicitando información a la Contraloría y a Corfo, partió la investigación penal del Ministerio Público por el conflicto que enfrenta la Corporación estatal con SQM por la explotación del Salar de Atacama.
Según revelan conocedores de las indagatorias que lidera el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las pesquisas hasta el momento se centran en dos aristas. Primero, y como parte de una solicitud del diputado del Partido Radical (PR), Alberto Robles, en resolver si SQM efectivamente vende ciertos productos químicos a un precio menor al de mercado a su accionista japonesa, Kowa.
Según el diputado Robles, la figura penal en este caso sería fraude al Fisco. “El contrato con SQM es para exportar carbonato de litio. Pero lo que hace SQM es vender la solución de litio por un valor mucho más bajo que el carbonato de litio, que después lo transforma en Japón, con una empresa relacionada, y se ahorra un pago de impuestos en Chile”, dice Robles.
En SQM, sobre ese punto han sido tajantes, recuerdan fuentes de la empresa. En un comunicado con fecha 4 de agosto, la minera recalcó que cada uno de los productos que exportan sí están estipulados en el contrato con Corfo y, además, ante el juez árbitro que busca dirimir el conflicto, han detallado los precios de venta, que serían acorde a los de mercado.
Sin embargo, el fiscal Retamal -que hasta el momento trabaja en solitario en esta causa- decidió ampliar las pesquisas hacia un segunda arista que apunta el fondo del asunto que enfrenta a Corfo con SQM: el contrato de arrendamiento del Salar de Atacama que data de la década del 80. Esa sería la razón por la que ofició a la Contraloría, y perseguiría las responsabilidades penales de las posibles “faltas graves al contrato”, como acusa Corfo.
CDE podría sumarse
Según cuenta el diputado de la Región de Atacama, en las últimas semanas se ha reunido con altos personeros de Corfo y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hagan parte en la arista penal por el caso. En ambas citas la respuesta es que dicho escenario está en análisis.
Esta opción, dicen conocedores del proceso, no sería del todo viable para Corfo, pues al tener abierto un juicio arbitral, no puede tomar acciones penales al mismo tiempo. Aunque sí lo haría una vez que finalice.
Sobre la instancia arbitral, el parlamentario es lapidario: “Yo no confío en el juicio arbitral de la Cámara de Comercio. Al final, todos los juicios ahí terminan favoreciendo al empresariado”.
La decisión que sí está a la espera al interior de la Corfo, es definir si enfrentarán de manera legal la renuncia de Rafael Guilisasti del consejo de la entidad para transformarse en el presidente de las sociedades cascadas, vehículos de inversión mediante los cuales, en acuerdo con Kowa, Julio Ponce controla SQM.
Será en el próximo consejo de Corfo, integrado por los ministros de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Agricultura, y que aún no tiene fecha para realizarse, cuando decidan si pedirán o no al CDE que intervenga.
“Cohecho por omisión”
De acuerdo con Robles, tras el conflicto por el Salar de Atacama el Estado también tiene responsabilidades. “Es posible que funcionarios públicos, por omisión, hayan permitido estas acciones. Los abogados hablan de que hay un tipo de cohecho por omisión que podría estar ocurriendo”, afirma.
Otra de las opciones que se evalúa es armar una comisión investigadora en la Cámara Baja. “Las comisiones buscan responsabilidades políticas, y a mí lo que me preocupa más en este caso son las responsabilidades penales”, dice Robles.
