A fin de cuentas, Eliodoro Matte hizo lo que Pinochet y todos los políticos de derecha y empresarios de alto coturno, cada vez que son sorprendidos en falta en esta transición perpetua: mentir, echarle la culpa a los subordinados y esbozar vagas excusas, en la creencia que los exonera de rresponsabilidad. Pero la mentira tiene patas cortas. Acaba de tomar estado público que Jorge Morel, gerente general de CMPC Tissue, la filial donde se perpetró la colusión pepelera, no fue separado del cargo, como dijo Matte, sino que presentó su renuncia, ante el reconocimiento del directorio.
“El directorio acuerda la renuncia del Sr. Morel y deja expresa constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada durante veintiséis años, donde destaca principalmente el proceso de internacionalización del negocio tissue y el crecimiento de la empresa”, consigna el acta de la sesión ordinaria de directorio de CMPC Tissue, fechada el 2 de julio de 2014.
El documento de aquella sesión, que se extendió desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, cita que “el gerente general de CMPC Tissue, Sr. Jorge Morel, comunica al directorio su renuncia al cargo de gerente general de CMPC Tissue a partir del uno de agosto de dos mil catorce”.
Agrega, además, que “el Sr. Morel ha tomado esta determinación por motivos personales, después de un largo período de reflexión”.
En aquella ocasión, la mesa fue presidida por Arturo Mackenna y estuvieron presentes los directores Hernán Rodríguez Wilson, Jorge Matte Capdevila, Bernardo Matte Larraín, Gonzalo García Balmaceda y Jorge Hurtado Garretón.
Asimismo, asistieron algunos miembros de la mesa directiva de la matriz: Erwin Hahn Huber y Martín Costabal.
La copia del acta del directorio, que se encuentra en la Notaría Benavente, sólo muestra dos de los 13 puntos que se trataron: el primero, donde hace referencia a la salida de Morel y el último, en el cual se establece las formalidades para reducir la sesión de directorio a escritura pública.
Según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Jorge Morel tuvo un rol preponderante en la colusión del papel tissue entre 2000 y 2011.
A mediados del 2000, el ejecutivo se reunió en varias ocasiones con el ex dueño de Pisa, Gabriel Ruiz-Tagle, en las cuales “acordaron subir los precios, poniendo término a la guerra de precios existente” y que permitió a CMPC y Pisa (posteriomente SCA) controlar el mercado por más de una década.
Quien llegó a reemplazar a Morel, tras su salida de la gerencia general de CMPC Tissue, fue Eduardo Serrano, quien posteriormente sería desvinculado por la empresa al descubrirse que él también participó del acuerdo colusorio.
Contradicciones
Los antecedentes que aporta el acta de directorio difieren de la información entregada hasta ahora por la compañía del grupo Matte, especialmente en lo que dice relación con la salida de Morel.
En el hecho esencial reservado que CMPC envió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 27 de marzo de este año, fecha en la que, a la vez, solicitó a la FNE acogerse al beneficio de delación compensada, la Papelera señaló que obtuvo información de que algunos de sus ejecutivos de la filial de Tissue en Chile estaban participando de acuerdos anticompetitivos, luego de que el directorio instruyera realizar una investigación interna el segundo semestre de 2014.
Esto, tras haber tomado conocimiento de que autoridades de otros países en los que opera la compañía estaban investigando infracciones a la libre competencia, incluyendo las conductas de filiales y ejecutivos de CMPC Tissue en esos países.
El hecho esencial, liberado al mercado el 28 de octubre, establece que la mesa directiva, entre otras medidas, “solicitó de inmediato y aceptó la renuncia del Gerente General de CMPC Tissue con fecha 2 de julio de 2014”.
Ello, difiere de lo que aparece en el acta, al igual que el hecho de que el directorio haya destacado su labor, sin hacer alusión a su participación en el acuerdo colusorio.
Fiscalía recurrirá a la justicia
La mañana de este martes, la Fiscalía Nacional decidió recurrir al Tribunal de Garantía de Puente Alto en el marco de la investigación por la colusión entre las empresas CMPC y PISA (actual SCA), luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sólo decidiera entregar los antecedentes públicos de la materia y no los confidenciales.
En el encuentro participó el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán; el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, asignado a esta indagatoria y otros abogados expertos en delitos económicos del Ministerio Público.
El objetivo de esta acción es que se le ordene al TDLC entregar estos antecedentes reservados como correos electrónicos intercambiados entre los principales ejecutivos investigados.
Al respecto, Guzmán comentó que «la Fiscalía tiene también otros mecanismos de investigación y cómo recabar antecedentes. Sin duda facilitaría bastante contar con dichos antecedentes».
«Hasta la fecha estamos despachando y realizando diligencias, todas las cuales han sido dispuestas por el fiscal que está a cargo de la investigación, que es el fiscal Cristián Galdames de la Fiscalía de Puente Alto», añadió el jefe metropolitano sur del Ministerio Público.
Ahora la Fiscalía debe solicitar una audiencia en el Tribunal de Garantía de Puente Alto y en caso de que se rechace la petición del Ministerio Público de acceder a los mencionados antecedentes, el caso podría llegar hasta la Corte de Apelaciones de Santiago.
En otro plano, el fiscal nacional económico entregó a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un diagnóstico sobre cómo mejorar la libre competencia en Chile tras conocerse el escándalo de colusión del papel higiénico.
En su exposición ante la instancia parlamentaria, la autoridad apuntó a la necesidad de tener medidas disuasivas y sugirió sanciones que desincentiven la ocurrencia de estos delitos.
«Las multas en Chile no son disuasivas, yo creo que esa es la palabra mágica. Para que esta cuestión no vuelva a ocurrir a futuro, sabiendo que siempre en los niveles de disuasión nunca está la perfección absoluta, hay que definir el sistema y el primer paso debiera ser eliminar el tope», sostuvo el jefe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
«La solución es definir una multa en base al beneficio obtenido, al daño causado o cualquier equivalente en porcentaje de los ingresos del infractor. Quizás no se ha entendido bien la importancia de esto, o sea, si usted está hablando de empresas grandes y usted le está diciendo que va a tener que pagar como multa hasta el doble del beneficio económico, estamos hablando de cifras que pueden ser realmente siderales», sugirió Irarrázabal.
El fiscal nacional económico participará activamente en la discusión en particular del proyecto de ley que pretende fortalecer la libre competencia introduciendo la pena de cárcel al delito de colusión, que se discute en la mencionada comisión de la Cámara Baja.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó que «los casos de colusión que hemos descubierto refuerzan la necesidad de avanzar decididamente en la generación de multas que sean mayores a las que tenemos hoy, en particular que digan relación con el beneficio económico que han obtenido quienes se coludieron y también la penalización con cárcel».
En la iniciativa también se discute la extensión de beneficios al primer y segundo delator que participe de una delación compensada y establecer que la Fiscalía Nacional Económica sea el único organismo capaz de llevar antecedentes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Comisión de Constitución de la Cámara establece cárcel efectiva por colusión
La Comisión de Constitución de la Cámara despachó este martes el proyecto de ley que establece cárcel y aumenta las multas aplicables por casos de colusión, el que se encuentra con discusión inmediata por parte del Ejecutivo.
La iniciativa contempla penas de entre 5 y 10 años de cárcel, y multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30% de las ventas en el período de colusión de la empresa implicada.
Además, en la comisión se aprobó replicar los criterios de la denominada Ley Emilia a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.
«Para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuantes», destacó el presidente de la Comisión, diputado Leonardo Soto.
Asimismo, se aprobó que si la colusión implica bienes de primera necesidad se apliquen penas por sobre los 7 años y medio de cárcel, lo que por sí solo asegura reclusión efectiva para los culpables.
Límite a beneficios por autodenuncia
Otra de las modificaciones introducidas al proyecto por la Comisión de Constitución fue restringir los beneficios otorgados por la delación compensada, «porque hasta ahora existían para el primer, segundo, tercer y hasta cuarto delator, lo que no nos pareció razonable», señaló Soto.
Por lo anterior, se estableció que solo la primera empresa en auto denunciarse podrá eximirse de la sanción penal y el total de la multa. A su vez, para la segunda se mantiene la responsabilidad penal, teniendo además que pagar al menos la mitad de la multa (lo que es equivalente al total de los beneficios obtenidos ilegítimamente)
Con todo, el diputado Soto explicó que para acogerse al beneficio tendrán que cumplir una serie de requisitos, como «entregar antecedes que efectivamente conduzcan a establecer la participación de las empresas y las responsabilidad individuales, y que no sea un grupo organizador del cartel que haya conexionado a los otros».
«Así reforzamos la delación compensada como una herramienta efectiva para desbaratar los carteles, pero con la convicción de que hay que restringir los beneficios a quienes se coluden perjudicando a millones de personas», concluyó el parlamentario.
Conadecus acusó ‘cartelización’ de la economía
El presidente de la asociación de consumidores Conadecus, Hernán Calderón, acusó que «la economía chilena, como lo he dicho en varias oportunidades, está ‘cartelizada’ y los casos de colusión no son aislados».
«Al haber muy pocos oferentes en las distintas áreas de la economía, donde en casi todas las áreas tenemos oligopolios, los casos de colusión van a seguir apareciendo, porque claramente el control que tienen estos pocos actores del mercado hacen posible que la colusión esté a la vuelta de la esquina», añadió el representante de los consumidores.
En tanto, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, afirmó que «la colusión le hace daño al mercado, le hace daño a los consumidores, le hace daño a la competencia. Las sanciones para la colusión tienen que ser ejemplarizadoras».
«¿Por qué se genera todo este problema en Chile, toda esta indignación con la colusión? Se genera porque valoramos lo que entrega el mercado cuando el mercado funciona bien», apuntó el economista.
