Llegó la hora de los partidos. El Consejo Anticorrupción entregó un informe contundente que prácticamente no escabulló ningún bulto en las tres áreas que se le encargaron: los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Por su parte, la Presidenta partió con un mea culpa en La Moneda, siguió con una cadena nacional en la que hizo propia buena parte de las medidas propuestas por el Consejo y anunció el inicio del proceso constituyente. Aunque siguen los escándalos de boletas chapuceras y pagos indebidos, la política, la depresión y la rabia ambiente parecen estar dando paso a una cierta energía renovadora.
Rápidamente, el foco se trasladará de Bachelet a los dirigentes políticos. La tarea de convertir en realidad las propuestas para una nueva forma de hacer política y una nueva forma de hacer negocios está en sus manos.
Muchos desconfían de que se llegue a buen puerto. Una de las pruebas de fuego será sin duda la implementación de las reformas a los propios partidos políticos. Es larga la lista de los parlamentarios que en las últimas semanas afirmaron que era necesario tomar “medidas que duelan”. No cabe duda que el Consejo Anticorrupción y la Presidenta Bachelet escucharon el mensaje. Las ideas para modernizar nuestros anquilosados partidos políticos son ambiciosas y contienen tanto garrote como zanahoria.
Se plantea un seductor financiamiento público pero, como repite Eduardo Engel cada vez que puede, “ni un peso para los actuales partidos”. Para merecer recursos que pertenecen a todos los chilenos, los partidos tendrán que dar prueba de blancura, empezando por reinscribir a sus militantes, ya que los actuales padrones son una extravagancia.
La DC, por ejemplo, tiene más 113 mil militantes inscritos en el Servel, pero en su última elección de directiva votaron entre 13 y 19 mil personas, dependiendo de a quién se le pregunte, sin que nadie sea capaz de dar una cifra exacta. En la reciente elección socialista, la senadora Isabel Allende obtuvo un triunfo claro sobre Camilo Escalona, en una votación en la que habrían participado unos 23 mil militantes (¿quién podría certificarlo?), alrededor de un 20 por ciento de los inscritos oficialmente.
Basta escarbar un poco en cualquier partido –en esto la transversalidad es absoluta– para encontrar historias propias de camarillas. Personas que querían militar, llenaron la ficha, se consideraban profundamente militantes, pero cuando quisieron participar descubrieron que no eran parte del grupo, no aparecían en el registro oficial, su ficha se perdió misteriosamente y nunca llegó al Servel.
A las reuniones no siempre se cita a todos los que corresponde, las decisiones que se adoptan oficialmente muchas veces se modifican en algún comedor más íntimo, ¡se denuncian hasta impostores haciendo de notarios en las elecciones!
Es posible que algunos exageren por no ser parte de la elite partidaria, pero es evidente que no pueden ser estos los partidos que reciban parte de los impuestos que pagamos los chilenos. La modernización no se acaba con una inscripción renovada de militantes, la Presidenta anunció que “tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes”. Estas obligaciones están incluidas en el informe del Consejo Anticorrupción. Pero hay más.
Ni los partidos ni los candidatos podrán recibir dinero de las empresas. Las personas naturales tendrán un tope razonable para que nadie se tiente con un ataque de generosidad. Curiosamente, el único fallo dividido –8 votos a favor y 8 en contra– entre los integrantes del Consejo Anticorrupción se refiere al anonimato de las donaciones de las personas.
Los ocho puristas no están dispuestos a aceptar ni la más mínima falta de transparencia, exigen que todo peso tenga nombre y apellido. Los realistas, en cambio, sostienen que se puede aceptar la reserva de la identidad a quienes donen menos de 20 UF (unos 500 mil pesos).
Estos últimos asumen que, por más reformas que se aprueben, el país no será el paraíso y difícilmente los funcionarios públicos se atreverán a realizar aportes a un partido que no está en el Gobierno, y mucho menos osarán hacerlo por partidos de izquierda quienes trabajan en las grandes empresas o con algún patrón autoritario.
También se promueven cambios relevantes en las campañas electorales. Terminar con la fantasía de que la campaña dura sólo un mes porque antes no se pide el voto. Ahora la propaganda se contabilizará desde la proclamación en las primarias y habrá que rendir las cuentas correspondientes.
Las insoportables palomas y gigantografías que esconden hasta los semáforos dejarán de existir. Los regalos, pagos de cuentas o entrega de alimentos por parte de un candidato o su partido será cohecho. Y todo esto será controlado estrictamente por un Servel con fuertes colmillos, como tanto se pidió.
Si se aprueban reformas que duelan, alcaldes, concejales, diputados y senadores perderán sus cargos si cometen infracciones graves a las normas de financiamiento y gasto electoral. Más aún, si el 10 por ciento de los candidatos de una lista es sancionado, los castigos se extenderán también al partido.
¿Será posible que la elite política se autoimponga estas nuevas normas?
Habrá que esperar para ver cuán grande es el trecho entre el dicho y el hecho. Quizás la mayoría esté dispuesta a demostrar que está en sus cargos para servir al país y no para mantenerse en el poder. Sería un magnífico bofetón para quienes tanto denigran la política. Y sería un golpe vitamínico a nuestra democracia, ya que su fortaleza depende básicamente de la calidad de los partidos políticos.
(*) Periodista
