Más que por voluntad política, es la fuerza de la razón la que obliga a encontrar solución a las bajas y deterioradas pensiones que ha entregado y seguirá entregando el sistema de AFPs chileno. Han tenido que pasar más de tres décadas para que los distintos sectores políticos asuman que se trata de una situación social grave que afecta a un sector de la sociedad, que con todo derecho se merece tener una pensión suficiente para una vejez digna después de haber entregado años de trabajo.
Este será un debate obligado para el próximo año y de seguro saldrán a relucir diversos argumentos para defender el actual sistema o plantear soluciones que no afecten ni cambien el negocio de las AFPs, ya que son las únicas a las que les va bien en el actual sistema previsional, por cuanto éstas tienen el negocio asegurado con el porcentaje que cobran a cada cotizante por la administración de los fondos.
Media docena de AFPs se reparten todos los meses el cobro de administración de aproximadamente 4.600.000 cotizantes, que por ley deben cancelar por la administración de sus fondos de pensiones cuestión que ni siquiera cumplen bien, ya que en varias ocasiones se generan pérdidas las que son absorbidas en su totalidad por los cotizantes, es decir, los trabajadores.
Cabe una definición respecto al tema previsional, que obligadamente debe de estar en el debate, si se continuará con un sistema con fines de lucro o se tratará como un aspecto social, siendo éste un tema sensible que tiene que ver con la calidad de vida de las personas durante su vejez; es éticamente inaceptable que administrar fondos se haya convertido en un negocio del sector privado, y que algunos le llamen la industria de las AFPs.
No estoy señalando que la administración debe ser sin costo pero, el porcentaje que se cobra es demasiado alto, también es intolerable que mientras los cotizantes, en varias ocasiones, pierden sus fondos de pensiones las AFPs obtienen ganancias.
En este sentido el Estado, que debe velar por el bienestar de los chilenos y chilenas, ha estado ausente entregando facilidades a los dueños de las administradoras, que en muchos casos son capitales transnacionales.
Es claro también que la o el trabajador solo no tiene la capacidad económica para ahorrar para su pensión y que la cotización debe ser bipartita, donde el empleador debe cotizar un porcentaje de la remuneración imponible de cada trabajador en la cuenta de éste y que se debe crear un sistema para asegurar que cada mes lleguen las cotizaciones a las cuentas de los trabajadores, para evitar que se genere la deuda previsional que finalmente termina dañando aun más al trabajador o trabajadora al momento de pensionarse.
Por otra parte el Estado no puede seguir evadiendo esta responsabilidad y debe garantizar una pensión suficiente y que tenga relación con al menos un 70 por ciento de la última remuneración de la o el trabajador al momento de jubilar, generando también formas de resolver el tema de las lagunas previsionales debido a la alta rotación y precariedad que tiene el empleo en el país.
Es de esperar que las nuevas autoridades hagan un debate participativo y escuchando a todos los sectores.
Secretario General
CUT Chile
