Se nos va septiembre, desde el punto de vista del calendario, pero quedará en la historia política contemporánea como el mes en que la derecha en su dimensión política y cultural sufrió una de sus peores derrotas estratégicas. Los cuarenta años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, desde esta perspectiva, fueron muchos más significativos que en las décadas anteriores. Decenas de miles de chilenos leyeron, leen o leerán centenares de nuevos textos de la más diversa índole, pero que expresan una oleada de memoria y de historia como nunca antes se había experimentado.
Asimismo, millones de chilenos, y particularmente jóvenes, presenciaron en la televisión abierta y por cable, las imágenes, los comentarios, las descripciones de los sucesos ocurridos entre 1973 y 1990. Frente a este panorama la derecha quedó sin habla, porque lo que predominó en este 11 de septiembre es la afirmación que ningún error -y que tuvo muchos-, de la Unidad Popular y del Presidente Allende, justifica bajo circunstancia alguna, los horrores en materia de violación de los derechos humanos ocurridos posteriormente.
La historia botó por la borda los «excesos», los «presuntos detenidos desaparecidos», los «ley de la fuga», y todo lo que vivimos en materia de justificación de esta violencia por décadas y, particularmente, durante el régimen militar.
La constatación histórica de la violencia irracional expresada, por ejemplo, en el libro reeditado de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, denominado «El golpe», y que certifica que los muertos en enfrentamientos el 11 de septiembre en diversos lugares del país no superaron las 30 personas, incluyendo civiles y uniformados, y que en los tres meses siguientes fueron ejecutados 1.800 chilenos, atestigua la violencia irracional.
Pero la derecha política y económica sufrió lo que parece ser un golpe definitivo, que fue el protagonismo del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en este aniversario.
Por primera vez en 40 años, un Presidente electo por la coalición de derecha, sostiene la presencia durante el régimen militar de cómplices pasivos, indicando a aquellos que por sus responsabilidades gubernativas tuvieron que saber o haber sabido lo que ocurría; asimismo, el líder de la derecha responsabiliza a los medios de comunicación de la época y a los tribunales de justicia de no haber actuado, cada uno en su esfera de influencia, para preservar el respeto a los derechos esenciales del ser humano; y finalmente, el mes concluye con la decisión presidencial de cerrar el Penal Cordillera y trasladar a los 10 connotados internos que allí cumplían sus penas, al penal de Punta Peuco.
Las reacciones a esta cadena de acontecimientos, de la más diversa naturaleza, convergen en la derrota mencionada. Es así como el diputado de la UDI Felipe Ward, ex jefe de la bancada de ese partido, sostiene públicamente «que nunca más votará por Piñera», que es una manera elegante de decir otra cosa, y que es que está arrepentido de haberlo elegido.
Por otra parte, recién estamos conociendo las reacciones del último eslabón de esta cadena de hechos, el cierre de Cordillera, como por ejemplo del diputado de la UDI Jorge Ulloa, que sostiene no estar de acuerdo con el cierre y cuanto antes visitará a los internos.
O el senador Hernán Larraín, quien no va a la reelección, y que estima prudente y necesaria esta decisión.
Por otra parte, a la candidata de la derecha no le queda otra que respaldar la decisión presidencial, mientras que el presidente de su partido, Patricio Melero, sostiene que «razones tendrá el Presidente», y su par de Renovación Nacional, Carlos Larraín, argumenta que todos estos episodios son «insensatos» con respecto del electorado del sector.
Asimismo, hemos escuchado a la hija del general Contreras sosteniendo, como electores de la derecha, que han sido traicionados; y a uno de los voceros de la Fundación Pinochet, general en retiro Luis Cortés Villa, afirmar que se arrepiente de haber votado por Piñera.
A todo lo anterior hay que agregar la apertura de un proceso que busca la responsabilidad de civiles en la generación de las condiciones para el golpe, y en ese contexto, algo impensable en el Chile de las últimas décadas: interrogar bajo la calidad de testigo al director del diario «El Mercurio» y al entonces jefe del Frente Nacionalista Patria y Libertad.
Las lecciones que deja este mes, en consecuencia, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, un golpe de Estado es imprescindible; que nunca, bajo ninguna circunstancia, la violación sistemática de los derechos humanos es permitida; y que quienes, como la derecha política y económica, durante años contextualizaron y/o justificaron esta situación, han sufrido una de sus peores derrotas frente a la sociedad chilena.
(*) Ex Ministro de Defensa, Interior y Secretaría General de Gobierno en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet
Fuente: El Mercurio
