Ya lo anunció el Fiscal Nacional: puede ser citada cualquier persona que resulte mencionada o involucrada en el caso de fraude tributario, y que esté en la carpeta de investigación. Además de varios parlamentarios de la UDI, también las parejas respectivas de los controladores del holding entregaron boletas falsas. El paso probable que tome el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, junto al equipo liderado por Carlos Gajardo, sea el de la formalización de los otros involucrados en el Pentagate, más precisamente, los implicados en la arista política.
El primer ciclo ya se cerró. Los controladores del grupo, «Los Carlos» Délano y Lavín quedaron en prisión preventiva por cuatro meses, junto al exgerente del grupo, Hugo Bravo y otros administrativos, sin olvidar al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner. La audiencia de formalización, con «tufillo» a juicio culminó al cuarto día con la medida cautelar. Mientras muchos aplaudieron el veredicto del juez Escobar, otros comenzaban a contar los rosarios, lo más seguro es que estén en la fila para enfrentar a la justicia.
El paso probable que tome el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, junto al equipo liderado por Carlos Gajardo, sea el de la formalización de los otros involucrados en el caso de fraude al FUT, precisamente, con la arista política. Aún así, al margen del mundo público, quienes pueden estar en el banquillo de los acusados son las damas de Penta, es decir las esposas de los controladores que también entregaron boletas falsas, Verónica Méndez Ureta, cónyuge de Carlos Délano y María de la Luz Chadwick Hurtado, la esposa de Carlos Lavín.
Las dos mujeres, según la información manejada por la Fiscalía, habrían emitido boletas falsas por $10 millones mensuales. Situación similar a la que enfrentan parlamentarios UDI. Su relación con el caso les podría significar que sean citadas a declarar, como dijo Chahuán a los medios, sobre el futuro de la investigación: «Cualquier persona que aparece mencionada en la carpeta puede ser citada a declarar, no quiero que se personalice exclusivamente en esas personas que usted señala, Moreira y Von Baer, porque cualquier persona que sea necesario la vamos a citar a declarar», afirmó el persecutor.
En entrevista con Cambio21, el abogado experto en derecho Procesal Penal, Cristián Riego, apuntó que viendo la arremetida de la Fiscalía, lo lógico es que el siguiente paso, dentro de las formalizaciones y citaciones, tenga que ver con quienes hayan emitido boletas falsas, como es el caso de las cónyugues de los controladores del holding y de los políticos relacionados con el grupo, como: Ena von Baer, Iván Moreira, Ernesto Silva, Javier Macaya, Jovino Novoa y otros. Todos dentro del mismo saco, arriesgarían hasta cinco años.
«Parece ser lo lógico que quienes dieron las boletas falsas sean los siguientes formalizados, pero ahí es un poco más complicado porque el Código Tributario establece que para que sea delito esa conducta, tiene que ser maliciosa, o sea que las personas que hicieron esas boletas tienen que haber sabido que el propósito era la defraudación», explicó el abogado.
La tarea no es fácil para la fiscalía, puesto que tiene que comprobar el conocimiento de las acusadas sobre el hecho, es decir, ratificar que no había ignorancia sobre el objetivo de las boletas. Es casi como meterse en la cabeza de una persona.
«El fiscal va a tener que probar no que solo se entregaron las boletas, sino que las personas no podían no saber que era para ese propósito, lo que no es tan obvio. Si el marido le pide una boleta, quizá la mujer no sabe para qué», dijo Riego a Cambio21.
Sin embargo, el caso de los parlamentarios puede ser más fácil de comprobar, al existir correos electrónicos que hablan de las intenciones reales de las boletas falsas.
Délano habría pedido boletas a su esposa, Verónica Méndez, para justificar gastos de la empresa.
Miedo
Es bajo la idea de las pruebas que evidencien la intencionalidad de utilizar maliciosamente las boletas que tiene en una posición más delicada a los parlamentarios y actores políticos que se involucraron con las empresas Penta.
En esta situación se cuentan a los diputados UDI Ernesto Silva, José Antonio Kast, Javier Macaya y Felipe de Mussy junto con los senadores Ena von Baer e Iván Moreira, siendo estos últimos quienes ya confesaron su involucramiento como un «error involuntario». Además, se deben mencionar a quienes no están en el Congreso, como Jovino Novoa, Lawrence Golborne y Pablo Zalaquett. Todos compartirían un escenario similar al de las mujeres de Penta.
Desde la comisión investigadora, la diputado socialista (partido que es querellante en el caso Penta) Denise Pascal, dice que los parlamentarios activos ya fueron invitados, sin embargo, hasta ahora ninguno se ha presentado.
«Lo más probable es que no vayan, pero se hace igual, porque hay un acuerdo para invitarlos, y ellos sabrán si son lo suficientemente responsables para ir y aportar lo que ellos ven de la situación que se dio y que están inculpándolos y si no van, bueno, temor tendrán», dedujo la diputada.
La diputada también acusó los intervencionismos de la UDI, para entorpecer la investigación. Esto en medio de citaciones de ministros, como Rodrigo Peñailillo como jefe de campaña de Bachelet y de Alberto Undurraga (MOP) como supuesto involucrado. Dentro de este contexto el gremialismo citó a la actual directora del Sernam, Claudia Pascual, «no tiene nada que ver», dice.
Además, desde fuentes parlamentarias, ya se mira con sospecha al diputado Juan Antonio Coloma (UDI), hijo del senador del mismo nombre, al haber sido jefe de gabinete del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Junto a ese dato, está que con la partida de Wagner de la Subsecretaría, Coloma emigró al MOP, donde Lawrence Golborne era ministro, también salpicado con el caso Penta.
Fuente: Cambio 21
Presidente del Consejo de Defensa del Estado concurrió a Comisión Investigadora Penta
En la sesión aclaró el marco legal del CDE que les permite participar solo en casos en que existan funcionarios públicos involucrados o un perjuicio fiscal.
Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado, y quien participó como querellante en las audiencias de formalización del caso Penta la semana pasada, recalcó ante la instancia investigadora de la Cámara que el CDE solo actúa de acuerdo a lo establecido en su ley orgánica.
«Nosotros intervenimos constreñidos por nuestra ley orgánica. Ahí donde hay funcionarios públicos involucrados en la comisión de delitos o donde en la comisión de delitos se encuentra un cierto prejuicio fiscal», puntualizó el personero.
En ese sentido, indicó que no actúó en relación a los delitos tributarios involucrados sino a la existencia de posibles delitos de cohecho; y en esa línea dijo que no le es posible adelantar opinión sobre si el Consejo decidirá intervenir en otras aristas de esta investigación judicial, como el financiamiento de las campañas electorales o el caso SQM.
Consultado sobre el carácter de funcionario público o no de los parlamentarios, el presidente del Consejo enfáticamente aseguró que «sí son funcionarios públicos».
Además, requerido sobre la opción de modificar y aumentar las sanciones para los delitos tributarios o los vinculados a los casos de corrupción, Juan Ignacio Piña sostuvo que las sanciones consideradas para delitos de cohecho o corrupción son bajos en nuestro país y que no cree que sea posible aumentar las penas «sin antes aumentar la capacidad fiscalizadora para tener una mayor posibilidad de detección de los delitos».
Corrupción
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Fidel Espinoza (PS), sostuvo que la exposición del titular del CDE es una «de las más contundentes que hemos tenido y grafica una vez más las graves falencias que tiene nuestro país para combatir la corrupción, porque las herramientas son bajas».
«Una persona puede ser condenada por actos de corrupción ejerciendo el cargo de alcalde y puede presentarse a parlamentario y sale elegido como ya ha ocurrido. Esas cosas son las que tenemos que camnbiar en nuestro país también; esas simples situaciones que uno las ve desde lejos pero cuando se materializan en hechos, generan vergüenza y rechazo ciudadano», ejemplificó el diputado Espinoza.
El legislador también criticó que ex parlamentarios que fueron invitados a la sesión de este lunes, «no enviaran ni una excusa para su no participación, a pesar que estuvieron en este Parlamento por largos años. Eso es cero respeto a la institucionalidad del país», aseveró.
Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) destacó que se abordara con Juan Ignacio Piña las bajas penalidades que existen para los delitos de cohecho y soborno, así como la necesidad de una mayor fiscalización y que son un aporte para mejorar la legislación.
Coincidió con que el CDE no puede tener facultades investigativas como el Ministerio Público, pero sí debe existir mayor fiscalización antes que los hechos se produzcan, a través de servicios como Impuestos Internos.
«Pero también tenemos una penalidad baja y todos sabemos que las penas ayudan a disuadir, porque cuando el funcionario sabe que se puede ir preso 15 años y no 541 días, yo creo que lo piensa dos veces si realiza un acto que está en la lógica del soborno o el cohecho», planteó el diputado RN.
Próximos invitados
Sobre las próximas sesiones, el diputado Fidel Espinoza informó que se acordó invitar a la sesión de este miércoles 11 de marzo a los parlamentarios en ejercicio, senadores Iván Moreira y Ena Von Baer y a los diputados Felipe de Mussy, Javier Macaya y Ernesto Silva.
Asimismo, para la próxima semana se encuentran citados los ministros del Interior, Secretaría General de Gobierno, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Servicio Nacional de la Mujer.
La comisón también debatió la posibilidad de amplair su ámbito de investigación e incluir otros hechos como el caso Soquimich, a lo que tanto el diputado Espinoza como Fuenzalida sostienen que «es lo lógico», porque la comisión se estableció no solo para el caso Penta sino también para revisar el financiamiento de las campañas.
