sábado, noviembre 23, 2024
InicioArchivoCorrupciónLos Ricos También Lloran: En Vísperas de Ser Formalizados, Délano y Lavin...

Los Ricos También Lloran: En Vísperas de Ser Formalizados, Délano y Lavin Renuncian a Directorios de Empresas del Grupo Penta,

Los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, anunciaron la tarde de este miércoles su decisión de «renunciar voluntariamente» a los directorios de cuatro empresas ligadas al consorcio. El anuncio de ambos empresarios llega en momentos claves para el escándalo que afecta al grupo Penta, puesto que el Fiscal Carlos Gajardo iniciará en los próximos días la solicitud de audiencias para formalizar a los distintos implicados en el caso y los controladores. Y entre ellos estarían, en un lugar preponderante, los históricos financistas de la UDI, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

 

Pese a dejar los directorios de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta, Lavín y Délano informaron a través de un comunicado que seguirán desempeñando «nuestras labores de presidente y vicepresidente de Empresas Penta S.A.».

Ambos ejecutivos comunicaron que el objetivo de esta decisión es concentrarse en la denuncia interpuesta en su contra por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que investiga el posible desvío de fondos para defraudar al Fisco chileno.

Lavín y Délano explicaron que «esta decisión busca que las diferentes empresas del grupo dediquen el tiempo necesario para cumplir sus funciones y tareas al interior de cada compañía» y que las entidades mencionadas «comunicarán oportunamente» a sus reemplazantes en los directorios.

Pero la verdad es otra: concientes de que en los próximos días el fiscal Carlos Gajardo solicitaría audiencia para formalizarlos por delitos vinculados a la evasión de impuestos, ayer anunciaron varias medidas a nivel del grupo.

Primero, ambos controladores de uno de los mayores grupos empresariales anunciaron su salida del directorio de cuatro filiales del grupo: las aseguradoras Penta Vida (seguros de vida), Penta Security (seguros generales, donde es socio del grupo Security), Banco Penta y el holding de salud Banmédica.

La medida fue acompañada del anuncio, por parte del conglomerado del cual penden sus compañías, Empresas Penta (único directorio donde se mantendrán), respecto a que pagarán al Estado 1.191 millones de pesos (unos US$ 2 millones).

Estos dineros corresponden a los impuestos que el SII determinó que habían evadido a través del uso de boletas de honorarios emitidas por sus parejas para aumentar los gastos de sociedades ligadas al grupo y reducir, así, el pago de tributos y que suman –según indicaron– $ 532 millones, los que ascienden a los US$ 2 millones con intereses, reajustes y multas.

Por estas causales el SII presentó una denuncia criminal ante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público a fines de agosto pasado. También el SII denunció, el 8 de octubre, a representantes de Empresas Penta e Inversiones Penta III Ltda. por el uso de boletas y facturas falsas para reducir la base imponible del impuesto a la renta que debían pagar.

Si bien el SII indicó, en su momento, que el perjuicio provocado por el uso de boletas falsas por parte de las parejas de Lavín y Délano provocó un daño al fisco superior a los $ 400 millones, ayer Penta indicó que los impuestos reclamados por el Servicio suman $ 532 millones.

Empresas Penta señaló que pagan estos impuestos “pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa”, indicando que lo hacen como “una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso”.

Respecto a las renuncias a los directorios, Délano y Lavín explicaron que lo que buscan es que los directores de las diferentes empresas del grupo “dediquen el tiempo necesario para cumplir sus funciones y tareas al interior de cada compañía y, a la vez, permite que podamos tener la disponibilidad de tiempo necesaria para concentrarnos en la denuncia del SII”.

Formalizaciones

Lo cierto es que el anuncio de ambos empresarios llega en momentos claves para el escándalo que afecta al grupo Penta desde hace ya cuatro meses, cuando el SII hizo la primera denuncia contra los dueños del grupo.

Desde entonces, las oficinas del grupo han sido allanadas, sus computadores requisados y ambos personajes han concurrido a la Fiscalía a prestar declaraciones.

Aunque Empresas Penta y sus dueños han negado haber cometido delitos, diversas fuentes, que conocen y participan del proceso, señalan que es un hecho de la causa que Gajardo iniciará en los próximos días la solicitud de audiencias para formalizar a los distintos implicados en el caso y los controladores. Y en la lista los primeros afectados serían Penta y sus controladores.

Dichas formalizaciones, además, serían el escenario previo a profundizar en la llamada arista política del caso, donde algunos de los candidatos a parlamentarios y presidenciales estarían involucrados por haber presentado boletas por servicios no prestados.

Pero no es el único escenario complejo para los Carlos.

Este jueves, por la mañana, ambos deberán concurrir a una audiencia preparatoria en la demanda laboral que presentó el ex colaborador de ambos empresarios y ex gerente general de Penta, Hugo Bravo.

Enfrentado a la investigación de Gajardo, Bravo comenzó a entregar a la Fiscalía información sobre diversas fórmulas utilizadas por el grupo para aportar a campañas políticas que estarían reñidas con la ley, mediante la presentación de boletas y facturas por servicios no prestados.

Fuentes cercanas al caso indican que en dicha audiencia se conocería el contenido de una grabación realizada por Bravo en una reunión que sostuvo con Carlos Lavin, donde habría abordado la arista política de la investigación de Gajardo y en que el empresario se habría comprometido a pagarle dineros pendientes.

Fuente: con información de radio Cooperativa y El Mostrador

UDI tiene otra razón para no poder dormir: nueva pieza clave en investigación por Pentagate llega a la justicia

Se trata de una grabación que el ex-gerente del grupo Penta, Hugo Bravo, presentó a su favor en medio de una demanda laboral, la que termina por cerrar los nexos y mecanismos con los que el grupo financió a su partido.

Dentro del caso Pentagate el único que comienza a respirar un poco más tranquilo es el ex gerente de las empresas de Carlos Alberto «Choclo» Délano, Hugo Bravo. Además de haberse convertido en la piedra que terminó con el derrumbe de la imagen del consorcio, es quien reveló ciertas grabaciones telefónicas y que le significó ser denunciado por la ilegalidad de la captación de ese audio.

Hoy el señor Bravo está más tranquilo. La causa en su contra, interpuesta por Carlos Lavín (uno de los dueños de Penta) fue sobreseída y, es más, fue admitida como evidencia en la demanda laboral que él presentó en contra de los controladores de la empresa. Un problema menos para él, pero uno más para sus antiguos jefes.

Para poder entender la importancia de esta grabación, se tiene que ir hasta las génesis del caso, antes de que se conociera el Pentagate y que solo fuera «fraude al FUT».

 Todo comenzó cuando la empresa del «financista» de la UDI se vio involucrada en el caso en que un empleado del Servicio de Impuestos Internos (SII), se entregó a la justicia, confesando que él y un colega, habían armado un mecanismo en que las empresas que se habían convertido en clientes clandestinos suyos, pudieran conservar o no pagar completamente los Fondos de Utilidades Tributarias, FUT.

En este fraude se descubrió que la empresa Penta era uno de los «clientes» de este funcionario. La respuesta de la los gerentes fue despedir a Bravo, lavándose las manos sobre el tema.

Bravo no se quedó de brazos cruzados. Interpuso una demanda laboral luego de que sus expatrones no lo indemnizaran por los 30 años de servicio. Esto después de que llamará, escribiera y visitara sus  oficinas, donde sólo encontró puertas cerradas y teléfonos colgados. Con todo esto, cuando finalmente se logró reunir con Lavín, lo grabó cuando hablaban de su situación laboral, el despido y la falta de desagravio en que exige el pago de $ 2.500 millones (lo mismo que aportó la familia Luksic a la Teletón).

La pieza clave

La grabación estuvo y seguirá en la polémica. Con su admisibilidad, y dado su nexo con el Pentagate (cabe recordar que fue Bravo quien destapó los aportes irregulares de la empresa a las candidaturas UDI con boletas falsas) puede revelar nuevos antecedentes sobre el caso que sacude al gremialismo y que dejó en evidencia el financiamiento desmesurado de la política.

Según el juez, la grabación obtenida el 7 de septiembre en la casa de Bravo, «no afecta el bien jurídico protegido» como es la intimidad de las personas. Este argumento fue expuesto por la defensa de Bravo y también por el jefe de la fiscalía de Las Condes, José Veizaga, quien argumentó que tras indagar los hechos se determinó que no existe «delito, por lo tanto, no tenemos que investigar nada».

Ni confianza ni nada

Más allá de lo controvertido que pueda ser la admisión como prueba de la grabación en las causas judiciales, el diputado y abogado PPD, Guillermo Ceroni, apuesta por lo positivo del paso judicial, explicando que lo importante es que se logre recuperar la confianza y el honor de la institucionalidad y del mundo político en general.

«Cualquier cosa que en definitiva permita transparentar lo que hay en este caso debe hacerse, a pesar de que haya sido una grabación oculta (…) en aras de la transparencia y de conocer la verdad y la vinculación que puede haber en este caso con la política tiene que darse a conocer porque es la única forma que la gente vaya viendo que las cosas se van aclarando y determinando responsabilidades», dijo el parlamentario, agregando que «nuestro país ya no es uno para andar ocultando cosas».

«Hoy a raíz de estas cosas -y en la política en general- tenemos que lograr que se recupere la confianza, porque recordemos que las autoridades son políticos y son ellos los que deciden el destino de un país, no el sector privado. Son los más perjudicados», agregó.

La UDI postPenta

Sobre este punto, cabe recordar que los principales perjudicados del caso fueron los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, precisamente porque recibieron dineros mal habidos por la empresa que evitó el pago del FUT. Cuando Hugo Bravo, en venganza por haberle cerrado la puerta en la cara para no pagarle una indemnización, reveló la arista política del fraude de la empresa, lo hizo por medio de boletas. Éstas iban dirigidas a colaboradores del partido y trabajadores del Congreso, quienes recibían millonarios montos, por trabajos inexistentes, para hacerles llegar los fondos a: Iván Moreira, Ena von Baer y Jaqueline van Rysselberghe.

A ellos, posteriormente, se sumaron los nombres de José Antonio Kast y Pablo Zalaquett, todos parlamentarios y candidatos UDI. Y es tras esas acusaciones que el gremialismo tomó ribetes ofensivos más agresivos en contra del gobierno, a modo de desviar la atención de la verdadera crisis que hoy vive el partido, que remeció al mundo político y que terminó por cuestionar todo el sistema de financiamiento en tiempos de campañas.

Fuente: Cambio 21

Los Ricos También Lloran: En Vísperas de Ser Formalizados,Délano y Lavin Renuncian a Directorios de Empresas del Grupo Penta,

Abogados de Hugo Bravo y de los dueños de Penta se enfrentan en la Justicia Laboral

En el Segundo Juzgado Laboral de Santiago se están viendo este jueves las caras los abogados del ex gerente general de empresas Penta Hugo Bravo López y los representantes de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En una audiencia ante la jueza Andrea Soler las partes están presentando sus argumentos en relación con la demanda laboral por 2.300 millones de pesos que interpuso en el mes de octubre Hugo Bravo contra sus ex jefes.

El ex ejecutivo alega haber sido despedido injustificadamente, bajo amenazas y hostigamiento, para ser colocado «como chivo expiatorio» del escándalo por el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas que él mismo denunció ante el fiscal Carlos Gajardo al ser interrogado en el marco del caso «Fraude al FUT».

Durante la audiencia de hoy sus abogados, Anderson Weldt y Gonzalo Raggio, manifestaron que su cliente estaría dispuesto a aceptar una conciliación en un piso mínimo de 100 millones de pesos, además de disculpas públicas de los dueños del holding.

«Pide que los controladores de Penta manifiesten disculpas públicas por los hechos en que se involucró a don Hugo y dejar absolutamente claro que él no tiene ninguna responsabilidad en lo que ellos han hecho respecto del caso Penta», explicó el abogado Weldt.

«Esto no es un problema de dinero, es un problema de principios. Por eso cuando nosotros llegamos a la etapa de la conciliación no dimos ninguna cifra (específica), porque ése no es el punto. El punto es que se acredite que don Hugo no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos», agregó el representante de Bravo.
subir «No se adeuda nada»

Tal oferta fue desechada por la defensa del grupo Penta, encabezada por el abogado Álvaro Pizarro Maass, quien justificó el despido del ex ejecutivo ante lo que calificó como «una relación espuria» con el fallecido martillero Jorge Valdivia, quien reclutaba clientes para el caso denominado «fraude al FUT», que significó pérdidas para el Fisco por 2.700 millones de pesos y más de 120 contribuyentes formalizados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Pizarro subrayó que «por supuesto» rechazan la conciliación: «Ni siquiera nos pronunciamos sobre eso, porque creemos que no se adeuda nada».

Agregó también que «por supuesto» cree que la Justicia le dará la razón a sus clientes.
Esta audiencia se da un día después de conocerse la renuncia de Délano y Lavín a los directorios de cuatro de las empresas del grupo Penta.

El juicio laboral impulsado por Hugo Bravo podría extenderse durante los próximos 15 a 20 días.

Fuente: radio Cooperativa

 

RELATED ARTICLES

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -

Most Popular