El Tribunal Oral en lo Penal de Talca resolvió, por unanimidad, condenar al alcalde de Empedrado, Gonzalo Tejos, y a su esposa María Aguilera Cáceres, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo, la que podrá cumplir en libertad, por el delito de obtención fraudulenta de subsidios del Estado. Notificado de la condena, fue suspendido inmediatamente de su cargo. Los muy frescos se construyeron casas con los dineros para los damnificados del terremoto de 2010.
El tribunal impuso asimismo, una pena anexa de 541 días de suspensión de cargo público, el pago de una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las costas del juicio y la devolución íntegra del dinero defraudado, monto que asciende a los $7.974.000.
Luego de ponderar las pruebas exhibidas por el Ministerio Público el Tribunal Oral en lo Penal de Talca por unanimidad, decidió condenar al Alcalde de Empedrado Gonzalo Antonio Tejos Pérez y a su esposa María Cristina de Lourdes Aguilera Cáceres como autores del delito de obtención fraudulenta de prestaciones de una institución del Estado perpetrado en la comuna de Empedrado entre el 24 de agosto del 2010 y el 09 de noviembre del 2012.
La acusación de la fiscalía daba cuenta que ambas personas se confabularon para usar documentos ideológicamente falsos y de esta manera obtener un subsidio habitacional entregado por el Serviu para aquellas personas que habían sufrido daños considerables en sus inmuebles tras el terremoto que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero del 2010.
En este caso el monto fue de 7 millones 974 mil pesos que Tejos y su esposa recibieron producto del engaño al fisco de Chile. Junto a lo anterior, aprovechando esta instancia el matrimonio construyó una nueva casa en otro sitio de la comuna la que mantuvo sin ocupar durante 2 años y la que sólo fue habitada a mediados del 2014 cuando ya estaban siendo investigados penalmente, aumentando de esta forma ilícitamente su patrimonio.
El fiscal jefe de Constitución Héctor de la Fuente fue quien estuvo a cargo de la causa junto a peritos de la Policía de Investigaciones y la Contraloría. .El abogado señaló que «se terminó condenando a una persona que hizo un uso abusivo delictual de los medios que existían con la catástrofe del momento posterior al 27 de febrero, utilizó esos medios para obtener un subsidio sin tener el derecho. Lo hizo sabiendo que no tenía derecho y abusó de esa circunstancia extraordinaria que todo el país y en especial la zona central vivía, para obtener un subsidio de manera ilícita. Eso encontró eco en el tribunal en el caso del Alcalde y su cónyuge y fueron sancionados».
El tribunal acogió además la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado que también fue querellante en esta causa. El monto deberá ser pagado sin perjuicio de cumplir la condena que deberán cumplir ambas personas.
