Seis meses investigó la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados la denuncia por posible cohecho luego que la empresa Corpesca, principal beneficiada con la privatización de los peces, reconociera que entregó 25 millones de pesos a la diputada Marta Isasi, la cual habría favorecido los intereses de las siete familias industriales en la tramitación de la Ley de Pesca. En toda esta trama siguen apareciendo nuevos datos acerca de lo ilegítimo de la legislación de esta normativa y de los parlamentarios a los cuales se les vincula con los gerentes de las empresas.
La Ley Longueira que privatizó el patrimonio pesquero chileno sigue evidenciando los negociados al interior del Congreso que la aprobó, la presión de las siete familias pesqueras para adueñarse de los peces de Chile, y la necesidad de derogar esta injusta normativa expropiadora.
Ahora, luego de seis meses de investigación y con una peculiar explicación de no haber podido establecer quién recibió 25 millones de pesos de la empresa Corpesca mientras se legislaba esta Ley, si la diputada Marta Isasi o su ex asesor, la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados, dirigida por Patricio Vallespín, cerró este martes la investigación acerca de este grave hecho y que en su momento fue denunciado por pescadores y organizaciones ciudadanas.
El resultado de la investigación, sin embargo, logró censurar a la parlamentaria y cobrarle una multa del 10% ($720.000) de su salario por hacer ingresar a personal de Corpesca para que le señalara qué se legislaba y cómo debía hacerlo. Y también Isasi deberá devolver 3,5 millones, que la legisladora uso para viajar al extranjero, pagar el libro «quiero ser feliz» que escribió hace unos años, y pagar espejos con dedicatorias para el Día de la Madre.
«Se llegó a la convicción que ella no actuó con prolijidad, ni con responsabilidad en el uso de estos recursos públicos, por tanto, se ratifica ese cargo por contrato indebido de asesores y mal uso de asignaciones por hacer un viaje fuera del país con estos recursos y financiar publicaciones que no tienen nada que ver con la función parlamentaria», dijo el presidente de la instancia, Patricio Vallespín a UPI y que citaron varios medios de prensa.
El caso Isasi surgió luego que la compañía Corpesca, del Grupo Angellini, que monopoliza la pesca en la zona norte de Chile, reveló que entregó 25 millones de pesos a la parlamentaria. Entonces comenzó una investigación al interior del Congreso y en la Fiscalía. En la indagatoria legislativa la denuncia apareció como una «culebron de TV» donde había acusaciones de enamoramientos, infidelidades carnales, renuncias y expulsiones vinculadas a la parlamentaria, asesores y abogados. Pero en la Fiscalía, la investigación continúa y se intenta probar que hubo Cohecho en todo este caso.
La Comisión de Etica de la Cámara de Diputados solo comprobó contrato indebido de asesores y mal uso de dineros públicos. Pero la investigación de los 25 millones entregados por la empresa que más se benefició con la privatización de los peces, se solucionó al modo parlamentario: no hay culpables, no se logró obtener información, no se sabe quién recibió los 25 millones.
En el informe firmado por Patricio Vallespín, la Comisión de Ética estima que, «si bien está acreditado que Corpesca, por intemedio de su Gerente General, reconoció haber entregado la suma de venitcinco millones de peso a un empleado de la diputada Marta Isasi, el señor Georgio Carrillo, no le es posible a este órgano parlamentario determinar con precisión si la parlamentaria recibió al menos una parte de esos recursos para un uso particular o político de cualquier naturaleza».
Y en toda esta discusión la diputada salpicó a varios otros parlamentarios. Es más, en su defensa acusó que a lo menos otros 5 legisladores hicieron ingresar a asesores provenientes de las empresas pesqueras. esta información que no es nueva ya había sido informada por el Centro Ecoceanos y Radio del Mar en meses anteriores.
En esa ocasión con el titular “Gerentes de patronales pesqueras participaron como asesores de senadores y diputados en tramitación de Ley de Pesca”, el Centro Ecoceanos afirmaba que en las reuniones del 11 y 12 de diciembre de 2012, días claves en la aprobación de la privatización del mar, participaron «en forma camuflada bajo la denominación de ‘asesores parlamentarios’ tres gerentes generales de los principales grupos pesqueros, y principales beneficiadoss de la nueva ley de pesca.
En esta categoría aparecen Valeria Carvajal como asesora del Senador Antonio Horvath, presidente entonces de la Comisisón de pesca del senado, Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo como asesores de Jorge Ulloa, diputado por la región pesquera del Bío-Bío».
Frente a este descargo de la diputada Isasi, de que ella no era la única en cometer esa falta, la Comisión de Pesca afirmó que no «resulta válido el argumento de la generalidad, esto es, si todos hacen algo mal, la conducta personal en el mismo sentido aunque errada sea válida». Y te todas formas multó a la diputada con $720.000.
Fuente: Radio del Mar
