El presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timoleón Jiménez o ‘Timochenko’, han firmado un histórico acuerdo sobre justicia transicional tras una reunión celebrada en La Habana, que se considera un punto clave en las negociaciones de paz. El acuerdo establece que el desarme comenzará en 60 días desde hoy. Analistas coinciden en que nunca en 50 años la paz en Colombia ha estado tan cerca.
Según ha expresado Santos tras la declaración conjunta de las partes, dicho acuerdo busca «el máximo de justicia posible para las víctimas y la máxima satisfacción de sus derechos» y «garantizar que los crímenes más graves cometidos en ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad». «Hemos logrado un acuerdo sobre las bases de justicia», ha expresado el presidente.
Santos ha señalado que «aún faltan puntos difíciles por acordar», no obstante, ha subrayado la necesidad de «llegar a un acuerdo final en un máximo de seis meses». El acuerdo «debe sentar las bases para una paz estable y duradera» y «que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia».
En concreto, en términos de la amnistía, el acuerdo establece que no serán objeto de amnistía los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, así como la toma de rehenes, la privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, entre otros.
El acuerdo también establece la creación de una «Comisión para la Verdad y la Convivencia y la no repetición», informa Telesur. Otro punto consiste en «crear una jurisdicción especial para la paz que contará con Salas de Justicia y un Tribunal por la paz formada en su mayoría por magistrados colombianos y algunos extranjeros», con el objetivo de poner fin a la impunidad, «obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar a los responsables durante el conflicto armado».
Raúl Castro, también presente en la reunión, ha expresado que «la paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Pero requiere gran esfuerzo y voluntad como la que están mostrando las dos partes».
Detalles del acuerdo
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron un crucial acuerdo sobre justicia que incluye el establecimiento de tribunales especiales para la paz y abre esperanzas para alcanzar pronto una solución a la confrontación armada de más de medio siglo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, anunciaron la creación de un mecanismo judicial que juzgará a todos los actores del conflicto. Además, el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla se dieron seis meses para la firma definitiva del acuerdo de paz.
Santos, acompañado por representantes de diversas formaciones políticas, entre las que no se encontraba el uribismo, los mayores críticos con el proceso, viajó a La Habana antes de partir a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU.
«Vamos a lograr el máximo de justicia para las víctimas y no habrá impunidad», dijo Santos. «Con Timochenko, (jefe máximo de las FARC) hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación», agregó.
Es la primera vez que el presidente colombiano acude a la capital cubana en estos tres años de negociaciones con las FARC.
Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo que ultiman el Gobierno y la guerrilla, según fuentes de ambas partes conocedoras del texto, conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo.
Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar, según las mismas fuentes, que celebran haber logrado un equilibrio con lo exigido por la Corte Penal Internacional, cuya base, el Estatuto de Roma, está refrendada por Colombia.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán penas o sanciones –dependiendo de la fuente consultada esta emplea uno u otro término- más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos.
Estas penas estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. En ningún caso este tipo de penas implicaría cárcel alguna. Solo en caso de que no se aporte verdad y reconozca responsabilidad la persona acusada será juzgada y en caso de resultar culpable podría ser condenado a cárcel.
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel.
“Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Desde la Casa de Nariño se garantiza que habrá privación de libertad. Las fuentes conocedoras del acuerdo incidente en que el sistema asegura que no habrá impunidad para ningún actor del conflicto siempre y cuando aporten verdad y asuman responsabilidad.
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso.
A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.
Las cifras de la guerra
El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes y ha dejado siete millones de víctimas.
El conflicto armado de Colombia ha dejado más de 218.000 víctimas mortales. De ellas, 177.307 eran civiles y el resto, combatientes, según los datos el Centro de Memoria Histórica colombiano.
La guerra que ha marcado la historia reciente del país ha afectado de una u otra forma a unos siete millones de personas, según indica el Registro Único de Víctimas.
Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima en 6.414.700 las personas desplazadas por la violencia.
Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. El registro de víctimas calcula también que más de 130.000 personas han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas.
En los diferentes registros se habla, además, de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
