Alberto Nisman, el polémico Fiscal argentino que investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y que hace una semana acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kischner de encubrir a los terroristas iraníes implicados en este delito, fue encontrado muerto en el baño de su departamento en Buenos Aires, con un tiro en la sien. Las primeras pericias indican que se trata de un suicidio, aunque ni la policía, ni la familia se ha pronunciado al respecto.
Hasta el momento se sabe que el arma que utilizó, un revolver calibre 22, era de su propiedad. Nisman había prometido presentar prueba de sus acusaciones ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados este lunes
La muerte de Nisman desató una verdadera crisis política y de incertidumbre sobre lo que pasará ahora con la investigación que lleva 20 años y que el fiscal muerto venía investigando desde 2005.
Nisman, de 51 años, no sólo imputó a la presidenta del encubrimiento, sino que señaló que en la maniobra también participaron el actual canciller, Héctor Timerman, y los dirigentes sociales Luís D’Elia y Fernando Esteche.
La versión de Nisman era que la presidenta ofreció impunidad a los iraníes para reanudar las relaciones comerciales e intercambiar petróleo por granos argentinos. Para esto se habrían hecho negociaciones secretas las que culminaron con el Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán, suscrito en 2013 y en donde la república islámica se compromete a permitir que la Justicia Argentina interrogue a los imputados en Teherán, cosa que no ha sucedido. Además Cristina Fernández habría ofrecido retirar de INTERPOL la “alerta roja” que pesa sobre los iraníes implicados, cosa que jamás ha ocurrido ya que la alerta está vigente hasta el día de hoy según informa la propia INTERPOL.
Las acusaciones del Fiscal fallecido fueron recogidas desde un comienzo por la influyente prensa opositora al Gobierno, en tanto que el canciller Timerman declaró que la Casa Rosada rechazó cada una de las acusaciones y señaló que no seguiría refiriéndose a ellas, no sólo porque eran falsedades sino porque formaban parte de una campaña destinada a desacreditar al oficialismo meses antes de las elecciones generales que serán en el mes de octubre próximo.
A diferencia de la oposición política, la comunidad judía de Argentina, la más interesada en esclarecer el atentado a la Amia, no se acopló fácilmente a las denuncia de Nisman. Las relaciones entre ellos y el fiscal fueron siempre frías y extraoficialmente comentaban que Nisman era un asiduo informante de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, lo que lo convertía en una persona muy vulnerable. Ahora, mientras los políticos anti gobiernistas hablan de “señales mafiosas” y piden una investigación con amplia información pública, la comunidad judía pide al Gobierno que se garantice que la investigación judicial va a seguir adelante.
El atentado a la AMIA ocurrió en 1994 cuando el estallido de una bomba dejó 85 personas muertas y más de 300 heridas.
