El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca será sometido a juicio por el secuestro de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre y que se presumen muertos. Así lo informó La Procuraduría General de la República en México (PGR) que agregó que junto al edil serán juzgadas otras 44 personas. Es la primera vez que el sistema judicial en México vincula oficialmente al ex alcalde con las desapariciones.
Abarca fue detenido a inicios de noviembre junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a quien se le acusa de tener nexos con la organización criminal Guerreros Unidos, responsabilizados de la matanza de los estudiantes.
La desaparición -y probable asesinato- de 43 estudiantes de una escuela rural de Guerrero, el 26 de septiembre pasado, desató una tormenta social y política en México.
Hoy se conoce en plenitud el terror que ha vivido el municipio de Iguala en los últimos años, porque en la desesperación de los familiares por encontrar a sus desaparecidos jóvenes, han encontrado decenas de cadáveres enterrados en fosas clandestinas.
Cuando empezó el proceso de toma de ADN para poder identificar a los cadáveres encontrados, se presentaron más de 300 familias con parientes desaparecidos. Recorrer Iguala ahora es escalofriante pues a menudo, al pasar por terrenos baldíos, se advierten banderillas amarillas, señal de que ahí hay una fosa con restos humanos.
Han pasado casi cuatro meses de la tragedia de los estudiantes y a diario se ve a los familiares y a los especialistas en detección y análisis forense, deambular por lo que ahora llaman “territorio maldito”. No se advierte la presencia ni de autoridades ni menos de policías. Hasta el momento hay casi 70 detenidos, en su mayoría policías municipales de Cocula e Iguala.
David Cienfuegos, secretario de Gobernación de Guerrero, fue llamado hace poco más de un mes a formar parte de la administración que reemplazó a la del Gobernador Ángel Aguirre, forzado a renunciar por sus vínculos con los Abarca. Cienfuegos, que es jurista y profesor, explica por qué recién ahora se destapa el horror en Iguala:»Muchos delitos que están vinculados con la desaparición de personas requieren de una denuncia para que se les puedan dar trámite. Y en la última década en Guerrero no se denunciaban por temor de los familiares a las represalias de los narcos, de las autoridades y a que los propios policías estuvieran involucrados».
Desde 1994, con el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato presidencial del PRI -y casi seguro mandatario- Luis Donaldo Colossio, el país no entraba en un estado de conmoción como el que vive hoy. Pero, esas mismas experiencias han marcado la lentitud con que el gobierno ha reaccionado a este horror, pues los observadores internacionales señalan que las autoridades están jugando la carta del olvido.