“Muchos han muerto a la espera de la justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. […] es el momento de hermanarnos en la verdad.” Con estas palabras, hace exactamente un año, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, conmemoró el 41 aniversario del golpe de Estado de 1973 en el que un desafiante Augusto Pinochet tomó el poder por la fuerza. Más de 3.000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición, y más de 38.000 fueron detenidas arbitrariamente y torturadas durante los 17 años de régimen militar que siguieron a aquel golpe.
En este contexto, el gobierno de Bachelet prometió también dejar sin efecto la Ley de Amnistía, un decreto aprobado por el régimen de Pinochet en 1978 para proteger del procesamiento judicial a aquellas personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Aquel anuncio fue recibido con entusiasmo. El mundo veía cómo, por fin, Chile hacía frente a su sombrío pasado y actuaba para librarse de una de las últimas lacras de la brutalidad de Pinochet.
Sin embargo, ya ha pasado un año, y la Ley de Amnistía sigue debatiéndose en el Congreso. Su futuro es incierto.
La ley desató un feroz debate en Chile, en el que muchos alegaban que no es más que una norma que lleva muchos años sin utilizarse.
En parte tienen razón.
En 1998, la Corte Suprema de Chile resolvió que la ley no debía aplicarse a casos de violaciones de derechos humanos. Esta valiente decisión permitió el avance de investigaciones cruciales.
Desde entonces, la corriente ha cambiado a favor de un aumento de las investigaciones sobre las detenciones sistemáticas y arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas ocurridas bajo el mando de Pinochet: se han llevado a cabo más investigaciones de ese tipo en los últimos años que en las últimas casi dos décadas.
Según los datos facilitados por la Corte Suprema del país en 2014, hay abiertos aproximadamente un millar de casos, 72 de ellos relativos a denuncias de tortura.
Hasta octubre del año pasado, 279 personas habían sido declaradas culpables en juicios ante tribunales ordinarios en relación con esos delitos, y 75 cumplían penas de prisión.
En mayo de 2014, 75 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, fueron condenados a entre 13 y 14 años de prisión en relación con la desaparición forzada, en 1974, del estudiante Jorge Grez Aburto.
Otros miembros de la DINA, entre ellos su ex director, Manuel Contreras Sepúlveda, fueron condenados el pasado octubre a 15 años de prisión por la desaparición forzada de Carlos Guerrero Gutiérrez y Claudio Guerrero Hernández, ocurrida en 1974 y 1975, respectivamente. Contreras murió enfrentándose a más de 500 años de cárcel por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet.
Y, el 16 de agosto, la Corte Suprema de Chile anunció el procesamiento de 15 miembros de la policía secreta de Pinochet por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, cometido en 1976. Esta resolución supuso un giro de 180 grados respecto a la decisión anterior de archivar el caso, ya que entraba dentro de los delitos protegidos por la Ley de Amnistía.
Por tanto, si la Ley no se utiliza, ¿por qué es importante su anulación?
Alegar que el debate en torno a la Ley de Amnistía es irrelevante porque la ley no se está utilizando es como decir que no es necesario que la tortura y las desapariciones forzadas sean prohibidas por ley.
Sabemos que la cuestión no es esa.
El hecho es que la Ley de Amnistía sigue vigente. Durante muchos años constituyó un vergonzoso muro tras el cual los torturadores y los asesinos podían ocultarse. Su existencia transmite el mensaje de que Chile aún no está dispuesto a romper del todo con sus años más sombríos y a luchar contra la impunidad.
Este arcaico decreto es un atroz recordatorio del trágico legado de Pinochet, un recordatorio que no tiene cabida en un país que proclama defender la justicia y los derechos humanos. Además, supone una afrenta a las víctimas que aún buscan desesperadas tanto respuestas como justicia.
Desde que la presidenta Bachelet reabrió la anulación de la Ley de Amnistía, se percibe un atisbo de esperanza de que aquella ley concebida únicamente para proteger a criminales quede definitivamente enterrada. Esto, unido a los progresos sobre otros anuncios importantes realizados por el gobierno de Bachelet, como la tipificación del delito de tortura en la legislación nacional, son pasos necesarios para alcanzar la justicia.
La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía obligaría a Chile a enfrentarse cara a cara con su difícil pasado y, por fin, transmitir el mensaje de que los abusos cometidos durante la época de Pinochet no se volverán a tolerar.
(*) Directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional
Este 11 de septiembre casi 5.000 firmas piden medidas efectivas contra la tortura en Chile
Este 11 de septiembre, cuando se conmemora un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Chile, Amnistía Internacional ha entregado cerca de 5.000 firmas de apoyo a la campaña “Stop Tortura”. Miles de personas piden a las autoridades chilenas que implementen medidas efectivas contra la tortura, y que se investiguen y sancionen estos actos ocurridos en el pasado y los que puedan ocurrir en el presente.
En Chile, la tortura no es un tema sólo del pasado. Actualmente el 30% de las personas sienten temor a sufrir este cruel trato si son detenidas, según un estudio encargado por Amnistía Internacional. Sin embargo, pese a que la tortura sigue viva y que hubo un compromiso en julio de 2014 por parte del Gobierno de avanzar en esta línea, esta práctica aún no está tipificada en la legislación chilena como delito.
Por todo lo anterior, esta mañana activistas de la organización realizaron una intervención frente a La Moneda donde realizaron un minuto de silencio a las 11:52 horas, momento exacto del bombardeo a la Casa de Gobierno. Tras esto, se hizo la entrega de las firmas y se solicitó audiencia para reunirse con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco. En paralelo, se colgaron seis lienzos en diferentes puentes de Santiago con mensajes contra la tortura, los que permanecerán allí hasta el domingo 13.
“Para Amnistía Internacional es vergonzoso que en Chile aún existan víctimas sobrevivientes de tortura del periodo 1973-1990 que no han conseguido justicia y reparación por parte del Estado. Asegurar que la legislación chilena no permita la amnistía ni la prescripción para los casos de tortura y otros delitos de derecho internacional, es una de las medidas que solicitamos para avanzar en este tema”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Por otra parte, y como se ha mencionado anteriormente, es necesario avanzar en el proyecto que busca tipificar el delito de tortura en la legislación chilena, en línea con la definición establecida por la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “La historia brutal y sangrienta marcada por la tortura que quedó escrita tras el Golpe Militar no la queremos repetir jamás. La sociedad chilena necesita la tranquilidad de que la tortura y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado de Chile debe ser prohibida por ley, y en el caso que llegase a ocurrir un acto como éste se investigará y sancionará adecuadamente”, menciona Roberto Morales, Presidente de Amnistía Internacional Chile.
El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o a cualquier trato cruel, inhumano y degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios/as.
“En definitiva, la campaña “Stop Tortura en Chile” exige cambios concretos en la legislación chilena. En primer lugar, es necesario asegurar que las normas que regulan el control del orden público y que rigen el actuar de estos agentes del Estado se encuentren en línea con los derechos humanos. Así también es urgente avanzar con la implementación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, requerido por las convenciones internacionales ratificadas por Chile.
Por otra parte, es importante realizar la reforma a la justicia militar para que violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas o de seguridad sean sometidas a la justicia ordinaria. Avanzar en lo anterior es la única forma de dar señales contundentes a la ciudadanía de que se están implementando medidas efectivas para que actos tan aborrecibles como la tortura no vuelvan a ocurrir”, concluye Ana Piquer.
