Dos de los condenados a perpetuidad por el caso Degollados, Alejandro Sáez Mardones y Guillermo González Betancourt, presentaron recursos de protección para reducir su condena. Por su parte, las familias de los atacados insisten en que en éste y otros episodios de violencia de la Dictadura, son parte de la deuda que el Estado y la sociedad tienen con los las víctimas.
Alejandro Sáez Mardones y Guillermo González Betancourt, ambos condenados por el Caso Degollados, presentaron recursos de protección y amparo para forzar la petición de libertad condicional, que les fue denegada por la comisión responsable del tema que preside un Ministro de la Corte de Apelaciones.
Es por esto que las familias de José Manuel Parada y Manuel Guerrero irán a la Corte de Apelaciones a exigir que se mantengan las condenas de cadena perpetua.
Se trata, según las familias, de un caso donde se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, por lo que además se trasgreden estándares internacionales en esta materia, como la condición imprescriptible de éstos y también la imposibilidad de los condenados de acogerse a beneficios.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, justificó el apoyo de la organización al escrito de protesta que se presentará.
Para el hijo de José Manuel Parada, Juan José, esta situación significa una afrenta para las familias, sobre todo considerando la violación a los estándares internacionales que esto significa: “Nos violenta que los violadores de DDHH sigan insistiendo en tratar de no cumplir las penas, nos violenta que todavía no se haya derogado la Ley de Amnistía a pesar de que haya muchos jueces que decidan no aplicarla, y en este sentido para nosotros es difícil enfrentarnos a estas situaciones. Es doloroso, pero pensamos que tenemos la responsabilidad hacia nuestros padres y también hacia el país de intentar que los violadores de DD.HH cumplan sus condenas a cabalidad”, dijo.
Parada recordó que la lucha por justicia y verdad la han sostenido los familiares, a partir del trabajo de las agrupaciones y, tanto el Estado y la sociedad, tienen deudas en esta materia por cuanto aún hay familias de detenidos desaparecidos que no saben dónde están los restos: Hay casos sin fallos, hay menos de 100 condenados pese a la política de exterminio que ejecutó la dictadura y hay responsables civiles no se han hecho cargo ni política ni judicialmente, explicó.
Fuente: Radio Universidad de Chile
