Jaime García Covarrubias está acusado de ser el autor intelectual de la ejecución de siete personas en 1973, y hasta 2014 fue según el Miami Herald, profesor en la principal universidad del Pentágono, donde recibió reiteradas quejas de sus colegas sobre su pasado como miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. El 10 de noviembre de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, y con el grado de teniente, Jaime García Covarrubias aún no integraba la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo haría casi un año después para instruir agentes en técnicas de interrogación, represión y tortura, según afirman sus acusadores. En los últimos años de la dictadura formo el círculo estrecho de Pinochet con cargos en dos ministerios de las carteras designadas por el General.
A once años de recuperada la democracia, en el año 2001, García comenzó a ejercer funciones de docencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, uno de los centros educativos del Pentágono más reconocidos —creado luego de una reunión de ministerios de Defensa de las Américas—. Por lo menos hasta 2004, García era considerado como “una persona brillante y un proveedor de grandes habilidades de liderazgo” en la institución, por lo que su contrato de tres años volvía a ser renovado para seguir impartiendo la docencia.
En el 2008, militares chilenos presentaron una lista de 1097 miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), donde figuraba Jaime García Covarrubias. En la ocasión, el profesor de una de las escuelas más reconocidas del Pentágono dijo a un diario argentino que en la DINA sólo ejercía docencia.
“Nunca fuí un operativo, y nunca fui instructor de técnicas de tortura”, señalaba García.
Tras la publicación de la lista, comenzaron las criticas desde el Pentágono. Martin Edwin Andersen, ex director de comunicaciones del centro William J. Perry trató de hablar con altos funcionarios de la escuela sobre la situación del chileno.
Correos electrónicos obtenidos en reserva por el Miami Herald muestran como Andersen fue sancionado varias veces por informar la situación. Kenneth le Plante, director adjunto de la misma institución fue el mismo año a consultar a la Embajada de EE.UU. en Chile en 2008 para saber si las acusaciones tenían mérito.
“Nos dijeron que sólo había acusaciones, pero nada se había probado”.
Le Plante agregó que tenía conocimiento de que la visa de García Covarrubias había sido revocada “provisionalmente” en 2011, pero que desde Seguridad Interior se le concedió la “libertad condicional” para permanecer en el país mientras buscaba una residencia permanente.
García Covarrubias se encuentra en Chile desde enero de 2014, tras ser instruido por un juez para permanecer en el país mientras continúa una investigación en su contra por una supuesta participación tras la muerte de siete personas en Temuco semanas después del golpe de Estado.
El ex subsecretario general de Gobierno de Pinochet y quien redactara numerosos de los discursos del dictador; estuvo detenido en calidad de reo, pero hoy se encuentra en libertad y con arraigo nacional, lo que le impidió volver a dictar sus clases en el instituto del Pentágono.
Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional (NSA en inglés), aseguró al Miami Herald que “Cualquier persona asociada con esa agencia (DINA) no debería tener permitido el ingreso a Estados Unidos, y mucho menos en el trabajo en el que se encontraba”.
Martin Edwin Andersen, que había denunciado la posible relación de García con la DINA fue desvinculado de su cargo en el instituto William J. Perry. El ex director de comunicaciones del centro, presentó una denuncia ante el inspector general del Pentágono, con el apoyo del Senador Demócrata por el Estado de Michigan, Carl Levin.
“Es vergonzoso que en un momento en que el prestigio de EE.UU. como una democracia está bajo ataque, la Universidad Nacional de Defensa se relacione tan íntimamente con un ex agente del terrorismo de Estado”, dijo el mismo Andersen.
Tras conocerse públicamente los detalles, varios miembros del Congreso han solicitado una rendición de cuentas e informes del Pentágono para conocer cómo fue contratado y retenido para continuar su trabajo. “El pueblo estadounidense merece saber que la investigación de antecedentes adecuada de personas que trabajan en instituciones como el Pentágono serían normales”, señaló el senador Demócrata por Vermont, Patrick Leahy a McClatchy DC, un portal de noticias de Washington.
La tortura
El corredor de propiedades Herman Carrasco es uno de los que denunció a García por tortura.
“Él fue la persona que nos torturó, a rostro descubierto, con látigo en mano”. Ya no se cubrían la cara porque según Carrasco, la decisión de asesinarlos ya estaba tomada.
Parte de las torturas realizadas por el ex Subsecretario habrían incluido “descargas eléctricas administradas en los párpados, los genitales y otras áreas sensibles del cuerpo”.
“Él nos obligó a realizar actos sexuales, nos introdujeron fusiles en el ano, lo que demostró además de su crueldad y un alto nivel de comportamiento psicopático”, agregó Carrasco.
Carrasco y otros dos prisioneros se salvaron del destino que sufrieron otras 7 personas.
“Mi suegro era suboficial mayor e intervino ante el, en ese entonces, oficial Nelson Ubilla Toledo —fallecido en 2007—. eso me permitió salvarme de ser asesinado”, asegura Carrasco.
En un video publicado por McClatchyDC, Herman Carrasco Paul relata con detalle las torturas que dice, sufrió de parte de García Covarrubias en 1973
(Nota de la Redacción: el mismo Carrasco señaló que el video fue editado y que hay partes cortadas en las que no se relata a cabalidad lo que consta por escrito en su testimonio judicial)
El proceso judicial en el que Carrasco denunció a Jaime García Covarrubias —denominado como “Caso Polvorín”— obligó al ministro Fernando Carreño a efectuar un careo entre ambos.
“Ahí le dije, en su cara, que era un asesino”, relató Carrasco a Yornal.
Además de esta causa, García Covarrubias también está procesado junto a Manuel Vásquez Chahuán por el delito de secuestro calificado de Jaime Eltit Spielman, detenido y desaparecido el 13 de septiembre de 1973.
Desde el Pentágono se han negado a realizar declaraciones en todos los artículos periodísticos relacionados al caso, y aún no contestan al requerimiento realizado por Yornal.
El abogado de Jaime García, José Luis López Blanco contestó nuestro llamado y aseguró que durante esta semana ejercería su derecho a réplica.
Fuente: Yornal