En un tácito reconocimiento de responsabilidad, el Ejército dio de baja a general vinculado al escándalo del robo a los Fondos Reservados del Cobre, que tanto el sistema mediático formal, como las autoridades sectoriales, se han empeñado en soslayar.
Se trata del general Héctor Ureta Chinchón. De hecho, Ureta comandaba la Dirección de Mantenimiento del Ejército, unidad desde donde se desviaban los millones de dólares del desfalco.
Los cambios respondieron a la culminación del proceso de calificaciones, basado «en las necesidades institucionales y dentro del marco de lo contenido en el ‘Plan Orca'», y en el contexto de la Planificación Estratégica ‘Ejército 2026’, según indica el comunicado emitido por el departamento de Comunicaciones de la institución castrense.
Dos generales de brigada ascendieron a generales de división y 12 coroneles fueron promovidos a generales de brigada.
El proceso mencionado incluyó «el estudio de los antecedentes por los escalones que corresponden, la transmisión de la información al Ministro de Defensa Nacional y la aprobación, en uso de sus facultades constitucionales, por parte de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet».
Más allá de que el Alto Mando del Ejército quedó oleado y sacramentado, hay cuestionamientos a algunos de los que suben, pero en esta ocasión, a uno de los que se va.
Medios de prensa han cuestionado a los generales ascendidos Felipe Cunich Mas, auditor del Ejército e integrante de la Corte Marcial; John Griffiths Spielman, que estaba a cargo de la División, donde se desempeñaban los dos tenientes que atentaron contra autores del atentado al monolito de DD.HH atacado en el norte del país, sin que se sepa si fueron dados de baja, y Felipe Arancibia Clavel, hermano del asesinado agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, vinculado a un sin número de casos de crímenes en dictadura, entre ellos el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats.
Pero tal vez lo más llamativo es que el Ejército aprovechó la ocasión para dar de baja al general Héctor Ureta Chinchón, vinculado a los dineros defraudados al Estado provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Ureta tenía a su cargo la Dirección de Mantenimiento del Ejército, desde donde desviaban los millones de dólares del desfalco.
Al respecto, el jefe de bancada de diputados de la DC, Ricardo Rincón, señaló:
«Chile necesita un cambio sustantivo y real, pues no podemos seguir con excedentes en manos de Defensa para siempre, más aún si consideramos la necesidades que tiene nuestro país».
El parlamentario se refirió también al royecto que se encuentra en el Congreso y que busca regular la situación de la Ley Reservada:
«Ese proyecto, tal como está, no es el camino para que podamos usar los millonarios recursos empozados en las demandas urgentes que tiene Chile, como salud, educación y otros. Se necesita una ley corta y así se lo plantearemos al Gobierno a través del Ministro Eyzaguirre».
Consultado sobre la situación de la dada de baja de dos de los generales involucrados en el desvio de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el diputado PPD Guillermo Ceroni indicó:
«Eso me parece que no exime de la responsabilidad que les corresponde a los involucrados. Es una cosa que debe ser evaluada por las autoridades responsables de acuerdo a la importancia de la situación».
A su turno, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, calificó de «condenable» el millonario desfalco con dineros de la Ley Reservada del Cobre, primera vez que una autoridad de Gobierno se refiere al fraude, que superaría los diez millones de dólares, sólo entre 2010 y 2014.
«Quisiera destacar que esta investigación fue iniciada por denuncias del propio Ejército y ratificada por el ministerio de Defensa ante el Consejo de Defensa del Estado, vale decir esto surge de irregularidades y presuntos delitos», agregó. .
Gaspar, quien deja su cargo para asumir como parte del equipo que defenderá a Chile en La Haya, confirmó que hay confesiones, y concluyó:
«Los involucrados fueron detectados por la institución y que el ministerio de Defensa puso en manos de la Justicia esta materia. Ahora corresponde que actúen estas instancias con la rigurosidad del caso. Es condenable y por lo mismo nosotros colocamos en manos de la Justicia».
