El Gobierno formalizó el cierre del penal Cordillera, en la comuna de Peñalolén, luego de su publicación en el Diario Oficial. El documento establece la derogación del decreto supremo n° 956 del año 2004, firmado bajo la administración del ex mandatario Ricardo Lagos, que fijaba la construcción del recinto penitenciario en calle José Arrieta N° 9.600. El texto argumenta «que los criterios de segmentación y clasificación de la población penal que se tuvieron a la vista para fundamentar su creación han variado en el tiempo». Hoy fue el primer día de visita de los «valientes» de Cordillera en Punta Peuco. Organizaciones de derechos humanos insisten que los violadores de derechos humanos deben estar en cárceles de alta seguridad, sometidos a al regimen común de todos los internos.
El decreto de cierre sostiene que «el régimen general de los detenidos, sujetos a prisión preventiva, debe ajustarse a lo establecido en la Constitución Política; el Código Penal; las regulaciones del procedimiento penal; la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; las leyes relacionadas con materias penitenciarias, y las normas del reglamento de establecimientos Penitenciarios».
Añade que el cierre del centro penitenciario, donde residían 10 militares en retiro condenados por violación a los derechos humanos, ya había sido propuesto por el Poder Judicial, a través de la Comisión de Reducción de Condena, y la institución carcelaria, mediante el «Informe sobre supresión de Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera».
En dicho documento, «se da cuenta de las razones que justifican su supresión y de las medidas planificadas para reubicar a la población penal que en ese recinto se encuentra actualmente».
Tras el decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Justicia, Patricia Pérez, se llevó a cabo el cierre definitivo del Penal Cordillera. De esta forma se da cumplimiento al mandato presidencial, en medio de cuestionamientos de familiares de víctimas por el rol que ha jugado la justicia en la materia.
Abundando sobre el texto del decreto, este afirma que “el cierre obedece a que el régimen general de los detenidos y condenados debe ajustarse a la Constitución, en lo relativo al buen orden de los establecimientos, así como para mejorar la distribución de la población penal para facilitar la vigilancia, atención y rehabilitación”.
Además se utiliza como justificación el hecho que el Penal Cordillera había cambiado las condiciones para las cuales había sido creado, suprimiendo de esta forma la disposición del año 2004 que permitió su utilización como recinto carcelario.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez se refirió además a los cuestionamientos por posibles rencillas al interior del Penal de Punta Peuco:
“En todas las cárceles del país existen rencillas personales entre los internos, eso no constituye ninguna novedad. Lo importante es establecer elementos y criterios que permitan evitar enfrentamientos, conflictos”.
Día de visitas en Punta Peuco
En medio de una alta expectación se vivió este miércoles el primer día de visitas al centro penitenciario de Punta Peuco desde que, el domingo, llegaran a éste los nueve violadores de los derechos humanos que cumplían condena en el Penal Cordillera.
Bajo estrictas medidas de seguridad ingresaron una veintena de vehículos con familiares de los condenados al recinto, ubicado en la comuna de Tiltil, y que hasta la semana pasada albergaba a 44 reclusos.
Por el acceso sur del penal salió pasadas las 11:00 horas el ex jefe de la DINA Manuel Contreras. Caminando con apoyo de un gendarme subió a un carro de la institución para emprender rumbo al Hospital Militar y ser sometido a una diálisis.
Mientras, en el acceso norte hizo su aparición la esposa de Marcelo Moren Brito, Belén Lira: «¿Cómo han sido los primeros días?», se le preguntó. «Ustedes comprenderán… han sido de fiesta», ironizó la mujer, que explicó que llevaba «comida» para el ex agente de la dictadura.
«Ha sido difícil. Si ustedes estuvieran en la situación de uno sería difícil también», señaló la mujer a la prensa.
Otra mujer, que se identificó como familiar del ex CNI Álvaro Corbalán –quien ya cumplía condena en Punta Peuco- también habló ante los micrófonos:
«Todos son unidos acá, (tienen) muy buena onda entre todos. Son todos militares. Basta eso».
Las visitas en Punta Peuco se efectúan los días miércoles, sábados y domingos entre las 10:00 y las 12:30 horas, y de 14:00 a 17:00 horas, indicaba el informe judicial que la semana pasada dio cuentas de las «excelentes condiciones» en las que se encontraban los criminales de lesa humanidad allí recluidos.
Horas de visitas en Punta Peuco serán reducidas
El régimen de visitas en el Penal Punta Peuco sufrirá modificaciones en los próximos días, según informó Gendarmería, y se apegará al sistema que impera en el resto de las cárceles del país, luego de la llegada desde el Penal Cordillera de los nueve ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La determinación responde al cierre del centro penitenciario ubicado en Peñalolén anunciado por el Presidente Piñera, argumentando el principio de “igualdad ante la ley” de los reos de todo el país.
El jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Gendarmería, Christián Alveal, señaló a La Segunda:
«La relación de horas de visita del Penal de Punta Peuco tiene (actualmente) un excedente mayor al de la media (…) Las instrucciones son efectivamente homologarlo a un régimen normal de visita de cualquier establecimiento. Es un proceso que nosotros vamos a implementar».
Actualmente, en Punta Peuco las visitas tienen dos horarios que se implementan los miércoles, sábado y domingo: uno en la mañana, de 10:00 a 12:30 horas, y otro en la tarde, de 14:00 a 17:00 horas.
El reglamento general indica que los internos condenados deben tener como mínimo dos horas de visita, una situación distante a lo que sucede en Punta Peuco. Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog), Joe González, en el resto de los penales las visitas «se realizan sólo dos veces a las semana, con un máximo de dos horas por día. Aunque también hay casos donde la visita se distribuye en tres veces a la semana, eso siempre y cuando la unidad penal lo permita».