A una década del secuestro y muerte de Jorge Matute Johns, in vestigaciones policiales apuntan a oficiales implicados en el tráfico de droga, en la muerte de tres uniformados y tres civiles y en la suerte que corrió el universitario por “pintar el mono”. Costosos vehículos BMW serie 700 y Hundai Santa Fe del año, de más de $20 millones, estarían hablando de un enriquecimiento ilícito de quienes integran esa red. Revise impresionantes y desconocidos antecedentes del caso Matute, revelados por la revista Nos, medio independiente que circula en el sur del país.

Abogado pide unir investigación del Caso Matute con muerte de carabinero en Coronel

El abogado David Sverlij se reunió en privado con el ministro Jaime Solís, quien investiga la muerte del estudiante penquista Jorge Matute Johns, para solicitar la revisión de la causa del Cartel de Coronel y la extraña muerte del cabo Marcos Martínez Sánchez, a fin de analizar su conexión con el caso que hoy sustancia la Corte de Apelaciones de Concepción. A mediados de 2000, Sverlij asumió la defensa de los detenidos en el denominado caso del Cartel de Carbón y de su líder Manuel Hernández, alias Mañungo, sindicado como responsable de la desaparición de Matute Johns por su amante Susana Ramírez, una “testigo protegida” de Carabineros.

Fue en junio del mismo año que el cabo Marco Martínez, detenido por su presunto vínculo con el “Mañungo”, se acercó a Sverlij para solicitarle ayuda, afirmando que Hernández estaba siendo acusado falsamente para “terminar irregularmente el caso Matute”. Al día siguiente, Martínez fue encontrado muerto en el subterráneo de la Tercera Comisaría de Coronel, caratulándose el hecho como un “suicidio”.

Desde aquel entonces, Sverlij se ha empeñado en demostrar la existencia de un fraude procesal, presuntamente ingeniado por la testigo Ramírez – que utiliza un nombre falso – y sus contactos en Carabineros, para desviar la investigación por el crimen de Jorge Matute Johns, joven desaparecido desde la discoteque La Cucaracha en noviembre de 1999.

“Al encontrar a quienes montaron el fraude, vamos a hallar a quienes están tratando de proteger, y ahí está el autor del secuestro y muerte de JMJ”, dijo Sverlij a Revista Nos en octubre de 2009.

Este domingo, Sverlij consultó al ministro Solís si afectaba pedir que los ministros que analizan la apelación en el caso Cartel del Carbón tuvieran acceso al expediente del sumario por la muerte de Coke, según informó Radio Bio Bio.

El abogado anunció que la familia del cabo Martínez pedirá la exhumación del cuerpo para esclarecer las verdaderas causas de su muerte.

Cabe destacar que al extraño deceso del cabo Martínez se suma el del bombero Hugo Díaz, apuñalado 28 veces en la vía pública por tres jóvenes, y el del ingeniero Eduardo Sepúlveda, esposo de la informante de Carabineros que involucró a “Mañungo” en el fallecimiento de Matute Johns.

Dentro de sus funciones policiales, Martínez interrogó a los autores materiales del homicidio de Díaz y escribió sus nombres y apodos en una libreta, encontrada tiempo después por la familia del ex uniformado. Antes de morir, Díaz había escuchado una conversación al interior de la Tercera Comisaría de Coronel, cuando reparaba unas cañerías, en que hablaban sobre el cadáver de Jorge Matute Johns.

La familia del ingeniero Eduardo Sepúlveda también exige justicia. En una entrevista realizada a su madre, Isabel Pedredos Arriagada, por el vocero de los jóvenes procesados y posteriormente absueltos en el Caso Matute, Cristian Araos, en una investigación paralela, ésta asegura haber visto una fotografía digital donde aparecen Susana Ramírez – la esposa de su difunto hijo y presunta artífice del montaje del Cartel de Coronel – y el ex ministro del Interior José Miguel Insulza.

«Me dio hasta miedo ver la foto en ese computador», manifestó la mujer.

Recordemos que en el mismo proceso del Cartel del Carbón, Insulza fue mencionado por Ramírez como consumidor de cocaína, según consta en la información que el propio ex jefe de la Dipolcar de Concepción, Jorge Caamaño, entregó a la justicia, atribuyéndoselo a la «paranoia» de la testigo.

De acuerdo a otra publicación de la Revista Nos, Pedredos dice “haber oído a Susana Ramírez, su nuera, tutear a jueces y llamar ‘mamita’ a la jueza Flora Sepúlveda, la primera instructora del caso Matute”.

Fuente: Verdad Ahora

Abogado pide cese de “inmunidad” de testigo por fraude procesal: Diosa de La Cucaracha custodia misil en caso Matute

por Sonnia Mendoza

“La testigo informante y su particular cónyuge Eduardo Sepúlveda Pedreros, coludidos con sus conocidos en Carabineros Jaime Guzmán Pons y Rodrigo Uribe Ibáñez se habrían concertado para sindicar a Manuel Hernández Delgado como autor del secuestro de Jorge Matute Johns. Es posible creer que estos policías la enviaron con la misión de intimar con el Mañungo, usarla como testigo clave y mentir diciendo que era el autor de la muerte del universitario”, plantea el abogado David Sverlij Lagos.

“ -¡Oye mayor!, ¿me puedes pasar ese libro que está allí encima por favor?
-¡Sí, cómo no! , dije.

Fui al lugar que me había indicado (…). ¡No te preocupes. Ya lo encontré! dijo, de pronto.

Me volví. Estaba de espaldas. Una remera le cubría la parte de arriba hasta su fina cintura. Más abajo un diminuto cuadro que se perdía en medio de unas nalgas protuberantes y bien formadas, y unas piernas largas y torneadas. Realmente un cuerpo hermoso. Quedé atónito.

Se dio vuelta y sonriendo maliciosamente, dijo:
-¿Qué miras? ¿No estoy tan mal cierto…? ”

El ahora retirado mayor Andrés Ovalle Aguilera describe así -en su libro “Enfermos de cobardía”- el sensual encuentro con Susana Ramírez Valenzuela, la testigo protegida en la causa rol número 21.600 por asociación ilícita, más conocida como “cártel del carbón”.

La escena transcurre en la comisaría de Lomas Verdes, dos días después de que ella se cortara superficialmente las venas y nadie, salvo carabineros y personal de turno del Hospital Clínico Regional de Concepción, se enterara. A Urgencia, ingresó con un nombre distinto y de civil los muy asustados y nerviosos jefes policiales de la época, evoca el mayor en (R) en el mismo libro.

Ovalle la conoció en dependencias del OS-7 de la Prefectura de Concepción, donde la mujer permanecía bajo custodia por resolución del juez Eduardo Carrasco del Pozo, del ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, y él indagaba el paradero de Jorge Matute Johns para la jueza Flora Sepúlveda Rivas. Transcurría agosto de 2000.

capítulo Abriendo la brecha- retomé la conversación:

-Mira, le dije. Hablemos de la persona con la cual convivías (Manuel Hernández, Mañungo).

-¿Y qué quieres saber de él?

-Todo. Y el por qué le das crédito a lo que te dijo (“¡a ese no lo van a encontrar nunca; mi gente se encargó de eso!”) con respecto a la desaparición de “Coke”.

-Bueno, la verdad es que yo me fui a vivir con este hombre, porque ya estaba harta del maltrato de mi esposo. Quería otro tipo de vida. Soy joven, pienso que también buena moza y por ello siempre se me andan insinuando los hombres. Eso me acarreaba problemas precisamente con mi marido, porque es muy celoso. Con él estaba como muriendo en vida. Este otro fulano (Mañungo) me ofrecía de todo, principalmente plata. Compraba y tenía lo que yo quería. Salía a cualquier parte, a bailar, a comer. Me cuidaba la gente que trabajaba para él. En el fondo me sentía como una reina.”

A una década del secuestro y muerte del universitario, su crimen sigue impune, aunque la víctima tuvo cristiana sepultura. Un sauce a orillas del Bío Bío, en el kilómetro 22,5 de la ruta a Santa Juana, abrazó su cuerpo y retuvo entre sus raíces el esqueleto hasta que en 2004 un obrero que bajó a orinar lo halló de manera casual.

Seiscientas personas han testificado en el caso, ninguno de los dos jueces investigadores ha llegado a buen puerto y las interrogantes sobre el intricado caso siguen, porque a la red de protección que aludiera el psicólogo jurídico forense y perito delitológico, Cristián Araos Díaz, sumamos hoy las declaraciones del abogado David Sverlij Lagos.

El jurista sostiene que Araos dice la verdad y que esa verdad está oculta en el expediente del llamado caso cártel del carbón por la “inmunidad” otorgada a la testigo protegida Susana Ramírez Valenzuela. La causa, por asociación ilícita para traficar drogas que en 2000 tuvo 14 procesados, fue instruida por el juez Eduardo Carrasco del Pozo, titular del entonces Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano. Hoy sigue activa en el Primer Juzgado de Letras Civil de Concepción.

En su momento, Sverlij, a petición de la familia de Manuel Hernández, representó al sindicado líder del cartel, el “Mañungo” -y amante de Susana Ramírez- bajo dos condiciones: averiguaría la verdad y si lo culpaban, se comprometía a que recibiera una pena justa. “Me contrataron para defenderlo, no para canonizarlo”, dice.

Ya no tiene ese patrocinio, pero el 3 de abril de 2009 –cuatro meses antes del misil que soltara Cristian Araos en la Revista NOS- al contestar la acusación fiscal de cuatro de sus representados, Sverlij pidió al tribunal 19 diligencias que “conectan” los casos Matute, cártel del carbón, y las muertes del cabo Marcos Martínez y de Eduardo Sepúlveda Pedreros, el marido de Susana Ramírez, ocurrido en 2002 en Villarrica.

Algunas ya le fueron concedidas.

“En el caso cártel del carbón están las respuestas que todos andan buscando. Si se comprueba que es un fraude procesal, como sostengo, hay que buscar a quienes montaron ese fraude. Y al encontrar a quienes montaron el fraude, vamos a hallar a quienes están tratando de proteger: ahí está el autor del secuestro y muerte de Jorge Matute Johns”, asegura Sverlij.

La diosa mitómana

¿Es Susana Ramírez “una diosa” -como la describe Ovalle- o una “mitómana peligrosa” como la presenta el abogado David Sverlij Lagos en su escrito ante el Primer Juzgado Civil de Concepción donde se tramita el caso cártel del carbón?

La diligencia principal y clave para resolver el caso de JMJ -“si así se quisiera”, plantea Sverlij al tribunal – tiene que ver con que la testigo informante sea interrogada “sobre las inconsistencias de sus afirmaciones que bordean la mendacidad y, con ello, el delito”.

Susana Ramírez ganó su “inmunidad” (protección a testigo) en 2000 tras denunciar a Carabineros dos situaciones: que su amante Manuel Hernández lideraría una transacción de drogas en la Ruta del Itata y lo que le había escuchado decir del entonces desaparecido JMJ: “¡A ese no lo van a encontrar nunca; mi gente se encargó de eso!”. En la denuncia la acompañó su marido, el hoy fallecido Eduardo Valenzuela Pedreros.

Sin embargo, el abogado agrega que la operación no es más que “una construcción engañosa destinada a pavimentar el camino para imputar a Manuel Hernández Delgado la autoría en el secuestro y muerte del estudiante JMJ”, y entre otros considerandos, añade al tribunal que la testigo informante y su particular cónyuge Eduardo Sepúlveda Pedreros “coludidos con sus conocidos en Carabineros Jaime Guzmán Pons y Rodrigo Uribe Ibáñez, se habrían concertado para sindicar a MHD como autor del secuestro de Matute Johns. Es posible creer que estos policías enviaron a Susana Ramírez con la misión de intimar con Manuel Hernández (un par de meses) y luego usarla como testigo clave y mentir diciendo que era el autor de la muerte del universitario”.

Blanco, ceñido y espectacular

La noche que desapareció Jorge Matute desde La Cucaracha, dice Sverlij, “esta mujer se hallaba al parecer acompañada de amigos que pertenecían a Carabineros de Chile, con lo cual se justificaría su concierto con el teniente Jaime Guzmán Pons, con quien -al parecer- le unía una relación íntima de varios años. Así, esta testigo tuvo y tiene el motivo fundamental para actuar como partícipe en esta construcción fraudulenta”.

En esa fiesta, dicen que ella lucía un vestido blanco, ceñido y espectacular. ¿Haberse fijado demasiado en sus pechugas y caderas le costó la golpiza al muchacho que hoy tendría la edad de Cristo y que cayó a manos de quien era su acompañante esa noche?

-Concretamente abogado, este oficial de Carabineros (Jaime Guzmán) y no los guardias de la discoteca serían los autores de la golpiza a JMJ?

-Una de las hipótesis que se ha manejado es la de una agresión con connotación sexual por celos. Puede haber sido víctima de la más vieja de las razones para matar que existen en la historia del mundo: los celos. Al supuesto Otelo de esta historia es al que hay que identificar.

-¿De qué antecedentes dispone como para dejar bien claro que el teniente ® Jaime Guzmán Pons es la pieza clave para aclarar la agresión a JMJ?

-Más allá de que JGP hiciera luz sobre el tema, la clave está en la Susana. Él aparece como amigo de ella. Si es así, tienen el motivo para la construcción del caso del cártel del carbón, porque es evidente que si JGP miente, entonces es partícipe de esta construcción maliciosa. La cuestión es por qué pretenden engañar a la jueza para que condene a Manuel Hernández. Ese es el problema de fondo. Una vez demonizado como jefe de un cártel de drogas -como se pretendió- enchufarle la muerte de JMJ es casi un trámite. Pero, al acreditarse que el cártel no existe, toda la acción de los policías cae en cuestionamiento y ese es el problema para Carabineros. Eso es lo que altos oficiales tienen que preocuparse de aclarar. La pregunta central -y nunca se ha investigado en esa dirección- es por qué se construyó el fraude del cártel del carbón. Mi trabajo es acreditar más allá de toda duda que el cártel no existe.

-¿A quién está tratando de salvar usted con esto…?

-¿Perdón…? Mis clientes iniciales fueron toda la familia Hernández. La policía destruyó el local de Mirla Hernández, lo propio sucedió con sus padres y le incautaron todas sus cosas, acusando que todo -incluido los vehículos- eran de propiedad de MH y el fruto de una actividad ilícita. La policía postula que él traficó, desde que empezó a funcionar el cártel, una tonelada de cocaína, pero los porfiados números indican que una tonelada es un millón de gramos y, si cada gramo mal vendido cuesta 10 mil pesos en el mercado informal, MH debería tener una fortuna de 10 mil millones de pesos. ¿Usted cree que tamaña fortuna no se va a notar en Coronel?

– Ahora último lo encontraron con droga y lo condenaron ¿no?

– Sí, eso es cierto.

-¿Antes fue un chivo expiatorio no más…?

– Pagó caro haberse acostado con la Susana.

En el hotel Hyatt

En la misma presentación del 3 de abril de 2009, David Sverlij le asegura al tribunal que la testigo protegida es “mitómana peligrosa”, capaz de falsear información tan delicada como la de indicar como compradores de droga a diversas autoridades, según declaración en el caso del cártel del carbón del 21 de agosto de 2000 de Jorge Caamaño Muñoz, ex jefe de la Dipolcar sección Concepción, y quien trabajó como jefe de la Tenencia de Lo Rojas, en Coronel, varios años.

Caamaño dice al tribunal de Talcahuano que el 11 de agosto de 2000, su abogado Juan Pablo Hermosilla presentó escrito y video ante la jueza Flora Sepúlveda (caso Matute). La filmación corresponde a la primera declaración que prestó Susana Ramírez ante los oficiales del OS-7 Jaime Guzmán y Rodrigo Uribe. Los dos están fuera de la institución hoy.

“Durante dos horas es interrogada y no aporta ningún antecedente que me vincule en los hechos que investiga el tribunal (asociación ilícita para traficar). En este acto, la tal Susana nombra como compradores que tiene el Mañungo al director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, al diputado Haroldo Fosa, al intendente Zilic (presentó querella por injurias en contra de Cristian Araos) y al ministro del Interior, José Miguel Insulza, agregando que ella presenció cuando estas personas adquirían la droga, entre otros lugares, en el hotel Hyatt de Santiago”, declara el retirado Jorge Caamaño Muñoz.

“Tales imputaciones -cita hoy Sverlij- no han sido investigadas en esta causa (rol número 21.600) según consta en la contundente declaración que efectúa en el proceso el mayor Jorge Caamaño Muñoz.

“Hay que seguir el rastro de sangre que dejó el criminal”

A pesar que el ministro Juan Rubilar volvió a cerrar el sumario por el secuestro y obstrucción a la justicia (Causa rol n° 41.266-0) tras interrogar a Cristian Araos Díaz por sus declaraciones a Revista NOS (edición agosto de 2009), el abogado David Sverlij expresa que su confianza en el magistrado “es ilimitada”. Y agrega que su historial de trabajo enorgullecería a cualquier juez de la República”.

Sverlij plantea a la luz de la paciente indagación profesional que ha hecho de los tres casos que se conectan -casos Matute, cártel del carbón, suicidios del cabo Marcos Martínez y el de Eduardo Sepúlveda, el marido de Susana Ramírez- que Cristian Araos dice la verdad, porque es la testigo protegida quien vincula las personalidades aludidas en los medios de comunicación con tráfico de drogas.

En su momento -precisa- la mujer fue denunciada ante el juez del cártel del carbón, en Talcahuano por el funcionario policial Jorge Caamaño Muñoz, pero ella efectivamente recibe protección de órganos del Estado, en este caso del Poder Judicial. Carabineros cumple la materialidad de la protección resguardándola de la notoriedad pública. La protección la dicta el juez Eduardo Carrasco como instructor de la causa 21.600 en que se investigaba la existencia de una asociación ilícita para traficar, el cártel del carbón.

Y agrega: “Por supuesto que el ex intendente Zilic no tiene nada que ver; autoridades como él han sido mencionadas por una testigo protegida a quien le dan mucha credibilidad. Si es creíble, entonces son culpables; si la testigo miente, ellos son inocentes. El juez tiene que investigar”.

-¿Qué personajes deberían “caer” en el curso de los meses si es que el ministro Rubilar decide abrir esta línea de investigación?

-Todos los que han faltado a los principios de probidad que rigen la función pública y al lema “la ley espejo de nuestro honor”. Todas esas autoridades deberían responder por hechos. Hay algunos culpables que pueden haber seguido trepando porque están en la complicidad de la obscuridad. Esas alimañas que circulan a través de las fuentes de poder son las peligrosas. Hay que perseguirlas. Nunca más puede haber un JMJ en Chile. Ofende la conciencia nacional.

– ¿Qué otra información entregó ella?

-La más importante en el caso del cártel del carbón es que ella había sido amante del Mañungo, el supuesto líder y que cohabitando con él escuchó de sus labios que había participado en el secuestro de JMJ. Es lo que ella afirma, y que presenció el tráfico de grandes cantidades de cocaína, no inferiores a un kilo en cada una de las transacciones.

-En su escrito al tribunal usted dice que el cartel fue fabricado…
-El caso del cártel del carbón lo estamos planteando en la causa como un fraude procesal. O sea una maquinación fraudulenta destinada a proseguir un proceso real con datos falsos. El engaño tiene como objetivo a la jueza Flora Sepúlveda para inculpar, finalmente, como responsable de la muerte de JMJ a Manuel Hernández Delgado.

-¿Quién está detrás de esta operación?

-Lo central es investigar quién tiene tanto poder como para utilizar a una institución honorable (Carabineros) para fabricar esta construcción maligna. Acá, funcionarios policiales le llevan al juez Carrasco la denuncia de la existencia del cártel con antecedentes que parecen ser serios porque logran convencerlo de que hay mérito para instruir un proceso.

-¿Esto nace de Carabineros…?

-Funcionarios de Carabineros llevan la información al juez y él dicta un auto de proceso con lo cual inicia la investigación del llamado cártel del carbón. Él también es inducido a engaño.
– O sea este fraude procesal se construyó para engañar a la jueza Sepúlveda partiendo de un primer engañado que sería el juez Carrasco ¿así funcionó?

-Yo hablé con la jueza Sepúlveda antes de que recibiera a Susana Ramírez. Me adelanté. Por eso es que su declaración no logra su objetivo de formar en ella convicción de que Manuel Hernández fuera responsable de la muerte de JMJ.

-¿Por qué se usa a Mañungo?, ¿por esta supuesta relación que había entre ella y el oficial Jaime Guzmán Pons, como dice usted en su escrito?

-Sin duda. Este trío -el Mañungo, la Susana y Guzmán- generan este engendro que es el cartel del carbón. Existe el antecedente de que Susana y el oficial se conocían de antes de fabricarse el cártel.

– ¿Y esta pareja que tenía una aparente relación amorosa estaba en La Cucaracha el día que desapareció JMJ?

-Lo central es que Susana aparece entregando una información con su marido Eduardo Sepúlveda a la policía acerca del cártel por un lado y de la conexión entre el Mañungo y la muerte de JMJ por el otro. Esos dos hechos los entrega Susana a la jueza Flora Sepúlveda a través de la policía. De hecho los tenientes Guzmán y Uribe la interrogan en uno de los inmuebles de propiedad de su suegra, Santos Pedreros. Esta información la provee al tribunal el señor Alex Matute. La jueza dicta el auto ordenando al comisario Héctor Arenas que interrogue a estas personas y, evaluando su información, que se la pasen. Entre la interrogación que hace Arenas y la que haría la jueza, aparece el abogado Sverlij. Cuando la jueza interroga, ella ya sabe que sostengo la teoría de que Susana es una testigo informante falsa.

Usó placa de la PDI para interrogar

¿Y cómo es que lo sabe el abogado Sverlij?

-Me lo dijo el cabo Marcos Martínez. Él me habló de esta construcción fraudulenta, pero también hablé con Mañungo. “Señor -dijo- lo está engañando a usted y a los jueces”. De ahí sale la primera información de que esta mujer estaba vinculada a las policías. Ellos me cuentan que Susana interrogaba en dependencias de Carabineros a los detenidos del caso del cártel del carbón portando una placa de Investigaciones; ella se hace pasar como detective. Los que no la conocían, creen que era una detective.

-¿La placa era real?

-Sin duda.

-Pero ¿quién la autoriza a hacer eso? ¿Eso nunca se publicó?

-No, porque es una testigo protegida. Nunca tuve acceso a ella a través del proceso, pero sí de manera física. Ella declara en cuadernos secretos.

-¿Hablaron…?

-Yo hablé con ella personalmente en Villarrica a propósito de la muerte de su marido. Eduardo Sepúlveda muere un par de años después (2002) por un tiro en la boca en una forma muy parecida a cómo murió Marcos Martínez Sánchez. En representación de su madre, doña Santos Pedreros, interpuse una querella criminal por homicidio calificado como consta en el expediente. El caso fue sobreseído.

– ¿Ahí la conoció, le puso rostro, pechugas, caderas…?

-Me tomé un café con ella y conversamos. Es una mujer atractiva y aguda, sin duda. Me sentí disecado como un insecto.

-¿Y usa sus encantos para envolver?

– Es posible. Yo lo sentí…

-¿Los usó para envolver a este teniente que dice la acompañaba en La Cucaracha?

– Si los usó para envolver a Manuel Hernández, no me cabe duda de que puede haberlos usado para contactarse con Jaime Guzmán. No es improbable si es cierta la hipótesis que Guzmán y Uribe la enviaron como espía, como Mata Hari, a acostarse con Mañungo para “justificar” sus dichos que él mató a Matute.

Es ella la que aparece como testigo presencial de la afirmación que hace, pero tiene tanta credibilidad como las afirmaciones de que MH vendía droga a las autoridades ya mencionadas. Esa información aparece en una declaración de Jorge Caamaño, jefe de la Dilpocar, en el expediente de la causa del cártel del carbón en Talcahuano. Copia de esta causa nunca se llevó finalmente al caso Matute, aunque sí existe información fehaciente que los jueces Sepúlveda y Carrasco hablaron de la conexión del caso Matute y cártel del carbón.

-Usted dijo que esta testigo informante menciona a Nelson Mery. ¿Explicaría ello la obcecación del comisario Héctor Arenas por inculpar al grupo de 7 jóvenes o no hay ninguna relación con ello?

– Nelson Mery escoge, según información de la época, a uno de sus hombres más selectos, a un súper policía -el comisario Arenas- para que se instale en Concepción durante todo el período en que se investigaron en terreno los antecedentes del caso Matute. Tenía atribuciones especiales del tribunal y de su director Mery para actuar, lo que hace suponer que él tenía un interés particular en el caso.

-¿El motivo sigue siendo las drogas…?

– Así es, pero droga que nunca se encontró. No hay en el cartel del carbón, según expresión de un policía “ni un puto gramo de droga”.

-En posesión de estos antecedentes ¿qué debería hacer el ministro Rubilar?

– Pienso que debiera recoger estos antecedentes y leer el caso del cártel del carbón. Ahí están las respuestas que todos andan buscando. Desechar el caso del cártel en el sentido de sacar a MH y a su gente de la desaparición y muerte de JMJ me parece que es lo correcto, pero al perder hilación y comprobarse que es un fraude procesal, hay que buscar a quienes montaron ese fraude. Y al encontrar a quienes montaron el fraude, vamos a hallar a quienes están tratando de proteger, y ahí está el autor del secuestro y muerte de JMJ.

-¿Y este personaje está en altas esferas?

– Hay que seguirle la pista no más, hay que seguir el rastro de sangre que dejó este criminal que no sólo mató a JMJ, sino que apuñaló el alma de la ciudad, mató espiritualmente a las familias Matute, del cabo Martínez, del bombero Hugo Díaz y a las de Bruno Betanzo y toda su gente. Desde los tiempos del Chacal de Nahueltoro (1960) que no escuchábamos hablar de algo tan monstruoso.

-¿Y por qué el interés de hacerlo desaparecer? Eso es propio como del gobierno militar, no en una democracia…

-Porque la muerte de JMJ significa mucho daño para su autor. El de las penas propias para quien comete este delito y, si además es funcionario público, hay un efecto directo en las penas para inhabilitarlo en tales funciones lo que le cuesta su puesto y pensión. La defensa de esos privilegios es lo que lo lleva a matar y a hacer desaparecer el cuerpo secundado por alguien al que apodan “el zapatilla”. Después de lo que le hicieron al presidente Frei Montalva, yo lo creo todo.

Las 19 diligencias pedidas en el caso del Cartel del Carbón por David Sverlij citan a:

1.- Juan Pablo Hermosilla (abogado de Jorge Caamaño) para que indique el contenido del video que entregó a la jueza Flora Sepúlveda en la causa por la desaparición de JMJ.
2.- Jorge Caamaño para que explique la información entregada sobre el video con la declaración de Susana Ramírez sobre los compradores de cocaína a MHD.
3.- Susana Ramírez, la testigo protegida.
4.- A los compradores de cocaína mencionados por Susana Ramírez.
5.- Manuel Hernández (el Mañungo)
6.- Jaime Guzmán Pons y Rodrigo Uribe Yáñez.
7.- Traer a la vista la causa criminal 41.266 (Matute)
8.- Traer a la vista expediente rol 144-2000 (muerte en recinto policial del cabo Martínez).
9.- Ordenar exhumación del cadáver del cabo Martínez.

Cabo Martínez: protegió información

Sverlij tiene en la retina el momento en que el cabo Marcos Martínez se le acercó en la Primera Comisaría de Concepción para contratarlo. Fue el 3 de julio de 2000 y estaba detenido. Le dijo: “es una conspiración destinada a terminar irregularmente el caso Matute. Tengo pruebas y se las voy a entregar mañana”. Al día siguiente estaba fallecido y su cuerpo con heridas, hematomas y sin las yemas de sus dedos (por la autopsia), pero Carabineros y la Fiscalía Militar concluyeron que fue homicidio. Era funcionario de Comisión Civil de Carabineros en Coronel y el abogado se pregunta por qué investigaba el caso Matute si la jueza ya había encomendado esa misión a la PDI.

Antes de morir, entre el forro y paño de su chaquetón protegió una libreta con información. En una página aparecen los nombres y apodos de los tres jóvenes que asesinaron al bombero Hugo Díaz. Mientras reparaba cañerías en la Tercera Comisaría de Coronel, había escuchado una conversación respecto de JMJ. Su cuerpo fue hallado con 28 puñaladas.

Fuente: Revista Nos

Carabineros destapan la olla y apuntan a la oficialidad: Las otras muertes del caso Matute

por Sonnia Mendoza

A una década del secuestro y muerte de JMJ, policías apuntan a oficiales implicados en el tráfico de droga, en la muerte de 3 uniformados y 3 civiles y en la suerte que corrió el universitario por “pintar el mono”. Costosos vehículos BMW serie 700 y Hundai Santa Fe del año, de más de $20 millones, estarían hablando de un enriquecimiento ilícito de quienes integran esa red.

Justicia y verdad sigue implorando María Teresa Johns (56). En un día como hoy, hace una década, perdió a su regalón en La Cucaracha y sólo halló, cuatro años más tarde, un puñado de huesos junto al Bío Bío, en el kilómetro 22,5 del camino a Santa Juana. “Seguiré golpeando puertas hasta saber quién lo mató”, anuncia.

Huellas del brutal castigo con puño de acero por “pintar el mono” se aprecian en su calavera: le faltan tres dientes frontales y presenta una fisura en la ceja izquierda, aunque la causa de su muerte es todavía “indeterminada”.

Y a diez años también del ¿crimen perfecto?, de la lectura del expediente surgen más interrogantes: ¿dejaron los captores agonizar casi un mes a JMJ si es que se comprueban los dichos de Juan Carlos Navarro Garrido? El joven sordomudo asegura haber visto a su amigo malherido el 18 de diciembre de 1999 en un galpón, y probablemente en una parcela justo al frente de donde el esqueleto fue hallado el 14 de febrero de 2004. Investigadores de la PDI minimizaron el episodio.

¿Qué declaró con apoyo de un intérprete en lenguaje de señas? Que ese día 18, a las 22 horas, cuando caminaba por Serrano y dobló hacia O´Higgins a comprar “copete” fue subido a un vehículo (blanco, marca KIA) por la fuerza, le taparon la cabeza y llevaron hasta un sitio a campo traviesa.

Quiso orinar y sus captores le indican una pieza oscura aunque se filtraba la luz de la luna. Allí sólo había un WC y en una esquina, distingue a una persona en el suelo. Lo mueve, ésta queda de espaldas, manotea y con el pie le pega en el pecho, como defendiéndose; tenía barba crecida, estaba flaco y golpeado, tenía golpes en la frente y en la nariz y no tenía dientes.

Es Coke y éste le reconoce la voz (a pesar de su discapacidad, Juan Carlos emite algunos sonidos guturales) cuando le dice dos veces que es Juan Carlos; luego lo llama “mono”, y en ese momento Coke lo abraza desde el mismo lugar donde está; él lo toma y JMJ le vomita el pantalón. En eso, le pegan con un arma en la nuca, le ponen de nuevo algo en la cabeza y lo empujan dentro del vehículo. En Concepción, lo abandonan cerca de la discoteca Barceló; hace dedo a un camión que va a Penco y se baja, entonces, en la Rotonda Bonilla.

“Estábamos junto a la laguna cuando Juan Carlos llegó y nos contó su aventura. Él no miente, pudo confundirse porque estaba oscuro, pero no miente. Todos nosotros -amigos de Coke y por esos días en febril búsqueda junto a la tía María Teresa- nos asustamos. Así entendimos el mensaje y bajamos los brazos”, cuenta Juan Pablo Moraga, músico y periodista.

Los Matute y otras dos familias -la del cabo Marco Martínez y de la Eduardo Sepúlveda- lloran también el destino trágico de uno de sus miembros. Y para las tres hoy surgen nuevos antecedentes que se interconectan y podrían ayudar a esclarecer qué, cómo y por qué pasó lo que pasó entre el 20 de noviembre de 1999 y el 18 de noviembre de 2002 si hubiera voluntad de hacer justicia para ellos.

“Existen conexiones irrefutables entre todas y cada una de las víctimas. Todas sin excepción guardan relación directa con un poderoso grupo de personas influyentes asociadas ilícitamente para el tráfico y consumo de drogas”, precisa Cristian Araos Díaz, quien en su condición de psicólogo jurídico forense y perito delitológico sometió a una auditoría forense el caso Matute y sus conexiones.

No hay una asociación ilícita entre Jorge Matute Johns y la droga -aclara- punto que refuta también el padre del ex estudiante de Ingeniería Forestal de la U. de Concepción, Jorge Matute Matute, quien dice: “Coke era choro, pero no traficante ni consumidor de drogas”.

Lo que le sucedió a JMJ -explica Araos Díaz- al involucrarse de manera circunstancial en una riña con los guardias de La Cucaracha le pudo pasar a cualquiera que, en pleno operativo de un tráfico de drogas, podría haber puesto sobre aviso identidades e investiduras de los componentes de una asociación ilícita existente con anterioridad. En los hechos, “los malos policías (al menos identifica a 7) se involucran para evitar que se investigue la agresión a JMJ y que dejara al descubierto esta red criminal que actúa a la vez como protectora y nexo entre traficantes y consumidores”.

Limpiar su nombre

Limpiar el nombre de su hijo, el cabo Marco Martínez Sánchez (33), que apareció “suicidado” un 4 de julio de 2000 en la hoy Segunda Comisaría de Coronel, anhela a su vez  Zunilda Sánchez (70), e Isabel Pedreros Arriagada (80) espera que algún día se sepa la verdad sobre el suicidio de Eduardo Sepúlveda Pedreros (37), el menor de sus ocho hijos y marido de Susana Ramírez (la testigo protegida del caso Cártel del Carbón).

Mientras la pareja vivió a su lado en San Pedro de la Paz, Isabel Pedreros asegura haber oído a Susana Ramírez, su nuera, tutear a jueces y llamar “mamita” a la jueza Flora Sepúlveda, la primera instructora del caso Matute.

En poder de su nuera estaba, también, la lista política que su hijo le arrebató tras sorprenderla hablando por teléfono en el baño del domicilio que ambos compartían, a poco del secuestro de JMJ. Eduardo Sepúlveda se la quitó y sin guardarse copia, la entregó a Carabineros. La habría recibido el teniente Jaime Guzmán Pons en dependencias del OS-7 de Concepción, quien ante no menos de una decena de testigos, según el antecedente conocido por Revista NOS, la agitaba en alto y se ufanaba: “con esto me los voy a cagar a todos, a Caamaño (Jorge) también”. El listado incluía nombres de gente importante, direcciones, puntos de encuentro para entregar droga e incluso compras ”al rayeo”.

“¡Está bueno de mentiras ya!”, dice Isabel Pedreros. Por esas coincidencias de la vida, el 18 de noviembre de 2002, casi en la misma fecha en que fue secuestrado JMJ dos años antes, su hijo, ingeniero comercial, moría en Villarrica. TEC abierto tipo suicida por herida de bala, consigna el papel de defunción. Su urna la entregaron sellada. Diecisiete días antes su madre lo vio por última vez en San Pedro de la Paz. “¡Esa mujer te va a llevar a la tumba!”, le advirtió.

Hoy, sigue creyendo que no hubo suicidio y de sus bienes -casa, imprenta, camioneta, un Mercedes Benz y cuenta en el Banco Chile- se hizo la viuda, que hoy tiene nuevo nombre y tres herederos reconocidos.

En breve contacto con Susana Ramírez preguntamos por el listado en cuestión. “Lamento no poder ayudar”, dijo. La ley 20.074 o de drogas (14.11.2005) protege identidad y exime a informantes de la policía -como es su caso- de responsabilidad criminal por delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.

Compañeros de armas entregan pistas

Por estos días, los presidentes de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, y de la Corte Suprema, Urbano Marín, deberían tener en sus manos sendos informes de Cristian Araos Díaz, Oscar Araos Guzmán y del mayor ® Andrés Ovalle. Dan cuenta de pistas concluyentes proporcionadas por funcionarios policiales en servicio activo respecto de los casos Matute, Cártel del Carbón y suicidio de Marco Martínez.

“Podemos ratificar todo lo que has dicho (…), somos varios los que estuvimos ahí. Ayúdanos a ayudarte”, dice, en parte el mensaje recibido que los motivó a contactarse con funcionarios policiales.

Con uno de ellos Marco Martínez Sánchez pasó varias horas, lapso en que no le comentó del caso Matute, pero sí se mostró desolado por estar detenido tras dar cuenta a sus superiores de “oficiales ligados al tráfico de drogas en Coronel”. Desconsolado, el prisionero se preguntaba por qué los buenos carabineros que dicen la verdad “tienen que pasar por esto”.

Al funcionario (casado y padre de Alexa que el 20 de noviembre de 1999 cumplía 9 años), que vivía como allegado donde sus suegros, le preocupaba ser deshonradamente dado de baja por su denuncia.

¿Pero, qué más dicen las declaraciones de los funcionarios de Carabineros?

– Uno, que pidió reserva de identidad, asegura haber entregado con vida a su compañero de armas -el cabo Martínez- al teniente Jaime Guzmán Pons, quien prácticamente se lo quitó el 3 de julio de 2000, alrededor de las 23 horas. Tanto Martínez como el carabinero testigo y el teniente Guzmán se hallaban en dependencias del casino de la Prefectura de Concepción. Pero su cuerpo apareció en Coronel, en su lugar de trabajo. La hora mencionada, 23 horas, según el SML y Labocar aparece como el probable horario de deceso de Martínez. A él (carabinero testigo) le ordenaron “¡tú te vas!”, y sólo al día siguiente se enteró del deceso. “Si me preguntan, a Marco lo mataron, a mí nunca me llamaron a declarar”, dice.

-En dependencias del OS-7, siempre en Concepción, escucha al teniente Jaime Guzmán Pons agitar una lista donde aparecen nombres, contactos, fechas de entrega de drogas y teléfonos. Se trataría del ex Ministro del Interior, José Miguel Insulza, el ex Director de la PDI, Nelson Mery, y el fallecido Diputado por el distrito 46, Haroldo Fosa. Guzmán hizo llegar los antecedentes a Santiago y declaró ante la PDI.

-El 20 de noviembre de 1999, a las 4 de la mañana, el teniente Patricio Ramírez Cádiz llega muy nervioso y embarrado al cuartel del OS-7 en Concepción. Se ducha, cambia de ropa, mete la ropa sucia en una bolsa y la bota. Enseguida parte a San Carlos a vender su auto a la mitad de precio. Otro oficial lo acompaña. Al regreso, dice haber estado en una comisión de servicio. Ramírez es sumariado por no reconocer que estuvo en La Cucaracha el 20 de noviembre de 1999 y lo trasladan a Santiago. “Esta arista del caso nunca fue investigada”.

– Jefes del OS-7 anularon operativo de drogas a un cabaret de propiedad de Manuel Hernández (Mañungo) en Coronel. Cuando llegan al lugar sin avisarle a nadie, salvo a su jefe minutos antes, el dueño los esperaba en la puerta. “¡Putas que demoraron!”, les dice burlón.

-Marco Martínez corrió la misma suerte del cabo primero Sergio Muñoz por denunciar a oficiales ligados al tráfico de drogas en Coronel en 1995, momento en que habría empezado a organizarse el cártel de drogas en la zona. “Él fue al OS-7, llenó un formulario donde se identificó con nombre y apellido y denunció a sus superiores. Le dispararon por la espalda”.
-Su unidad fue la primera en realizar diligencias durante dos semanas, algunas de ellas en La Cucaracha, después del desaparecimiento de JMJ. En castigo, los siete investigadores quedaron inactivos en dependencias del cuartel hasta que varias semanas después a cada uno los trasladaron a distintos puntos, sin saber la causa.

El hilo de la madeja

Los datos entregados a los ministros presidentes Araya y Marín hacen especial referencia también al “suicidado” cabo primero Sergio Muñoz, ocurrida el 9 de septiembre de 1995, por denunciar formalmente a oficiales ligados al tráfico de drogas, y quien en rigor muere asesinado por la espalda en Coronel.

De aquella muerte, en versiones de prensa de la época, Sergio Muñoz, el padre del carabinero, del mismo nombre, dice: “él sabía muchas cosas porque trabajó en la comisión civil. Él sabía de gente de alto nivel metida en la mafia del narcotráfico”.

La viuda de Muñoz, Magaly Pedreros, halló el cuerpo de su marido con un disparo en la cabeza entre el primer y segundo piso del edificio colectivo donde vivían en Coronel. Poco antes, un sargento lo había ido a buscar al departamento y bajaron juntos. Eran las 9 de la mañana y Sergio Muñoz se había retrasado una hora en presentarse al trabajo. En la víspera, había estado celebrando su onomástico en “la casona de Mirla”, hermana del narcotraficante Manuel Hernández Delgado, el Mañungo, y a su casa regresó bastante bebido.

“Yo creo que mi hijo descubrió algo grande y hubo gente interesada en silenciarlo. El informe de Carabineros acredita una herida de entrada de bala por la parte derecha de la cabeza y una de salida por la izquierda, el SML dictaminó que era a la inversa. Si fuera suicidio, debería haberse disparado con la mano izquierda y mi hijo era diestro”.
Al cuerpo no se le hizo prueba de pólvora a las manos y el Lacrim de la PDI en Santiago no halló ni siquiera huellas del propietario en el arma empleada (Crónica, 19.10.2000).
Murió a manos de sus camaradas de armas

“Siempre supimos que lo mataron. Peor aún, que lo mataron sus colegas”, dice Marta Martínez (45), la hermana del carabinero Marco Martínez.

El pasado 1 de noviembre, la familia halló un ramo de flores y una tarjeta anónima sobre su tumba en el Cementerio Municipal de Coronel: “Dios te bendiga, te llevamos en nuestro corazón”. No les sorprende, cuenta Marta, porque el cabo era querido y respetado por su trato humano incluso con los delincuentes. A 10 días del deceso, uno de ellos, Carlos Herrera, (el Caltrán) se le acercó: “a su hermano lo mataron porque sabía donde estaba Matute, y ese está (en presente) camino a Santa Juana en un búnker (container)”.

En vísperas de su muerte, estando retenido en la Primera Comisaría de Concepción, Martínez logra ponerse en contacto con el abogado David Sverlij, quien acompañaba a Mirla Hernández a visitar a Mañungo, su hermano detenido. Martínez le cuenta que están tendiendo una cortina de humo destinada a terminar irregularmente el caso Matute, y le pide ayuda profesional. Ofreció pruebas y se las entregaría al día siguiente. No alcanzó.

Leticia, su mujer, las halló. En una libreta roja que Martínez logró deslizar por el forro de su chaqueta antes de morir, figura el nombre de Rogelio Iginio Jaramillo Rojas, cuidador de una parcela en el camino a Santa Juana. A Zunilda, su madre, el carabinero le comentó que fue con el sargento Pedro Martínez (el zapatilla) al camino a Santa Juana a hablar con un viejito; volvió una segunda vez solo y “ese viejito Jaramillo le dice que JMJ está ahí, abajo o debajo de un cerrito. Marco también dibuja (en su agenda) un camping en construcción de propiedad de Juan León y un cuerpo dentro de un container que, suponemos es el búnker del que habla Caltrán”, recuerda Marta.

Cuatro años después, a unos cientos metros al frente del lugar indicado a Martínez encuentran los restos de JMJ.

Jaramillo Rojas muere a manos de su yerno en un episodio de violencia intrafamiliar. El mapa y las coordenadas de donde se hallaba JMJ estaban en una segunda agenda del carabinero (que alguien entregó a la familia) y conducía a la parcela que resultó ser de un amigo de Bruno Betanzo, el dueño de La Cucaracha, como comprobó la familia Martínez fingiendo buscar un sitio apropiado para un paseo de curso de fin de año.

El plano se mostró incluso en TV (Canal 9 Regional), pero nadie buscó ¿o no quiso buscar?

Se le cayó una herramienta

Con el paso de los años, los Martínez se convencieron que el cabo marcó su sentencia de muerte cuando empezó a investigar el homicidio del bombero Hugo Díaz Aguilar, quien falleció el 21 de mayo de 2000 a manos de tres sicarios, menores de edad, que lo esperaron a la salida de una discoteca: 28 puñaladas le propinaron.

Los apodos de quienes mataron a Díaz (19) que recién regresaba de su servicio militar obligatorio en Punta Arenas, también fueron anotados por el funcionario de la comisión civil en su libreta roja: el comadreja, el guarén y el araña.

Eran los primeros días de mayo de 2000. Díaz y su abuelo estaban reparando el baño del comisario Helmuth Schulbach, en la comisaría de Coronel. En un momento, el muchacho se queda solo y escucha una conversación al teléfono: “cuídate, huachito. No vayas mucho a la tienda, te andan siguiendo la pista, no saques el auto”. El jefe policial cuelga el aparato, entra una segunda persona a su oficina y le dice: “andan cerca de Omar en la parcela Santa Juana, donde está Matute”.

En el peor momento, a Díaz se le cae una herramienta. “¿Y vos, escuchaste algo…?”, le preguntaron. El muchacho fingió no haber escuchado nada. Contó la historia al abuelo y a sus amigos e intentó extorsionar. “Le costó la vida”, refirió su madre, Marisol Aguilar, a la familia Martínez cuando fue a darles el pésame por la muerte del carabinero Martínez el 10 de julio de 2000.

¿Tiene Helmuth Schulbach la llave maestra para aclarar la muerte de Jorge Matute Johns?

Más muertes

María Teresa Johns, Zunilda Sánchez, Isabel Pedreros o Marisol Aguilar no son las únicas que lloran a sus hijos. Hasta el final de sus días, en 2005, Rosa Cancino Causa creyó que el teniente Fernando Matamala Cancino (24) fue asesinado y que no murió a consecuencia de un accidente de tránsito en el camino a Chiguayante, el 9 de marzo de 1996.

El oficial  jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Temuco, en calidad de lo cual viajó al menos dos veces a su ciudad natal, Coronel, como agente encubierto, había estado investigando la mafia de la droga (Crónica, 20.10.2000).

El día del accidente, frente a la discoteca Búfalo, el joven carabinero conducía su Peugeot 505 recién comprado, lo acompañaba su hermana y estaba saliendo de la vereda, donde se había estacionado para proseguir viaje. Murió varias horas después a causa de una negligencia médica en el Hospital Regional de Concepción. Un informe del SML de Santiago avala que hubo “aplicación inadecuada” de procedimientos médicos.

“La Siat acreditó velocidad excesiva, que el teniente Fernando Matamala se cambió de pista y volcó, no se determinó intervención de terceros”, precisó el abogado de la causa, Adolfo Montiel.

En el expediente del caso Matute (fojas 10.815), sin embargo, hallamos una amplia declaración del teniente ® Jaime Guzmán Pons sobre el vínculo entre Carabineros y Cártel del Carbón que como OS-7 investigó durante 6 años, a partir de 1993, cuando fue destinado a Concepción.

Ante la PDI, el 13 de abril de 2001, entre otras materias, el retirado oficial (“me hicieron una investigación secreta y pasé de lista 1 a 4 de eliminación”) cita el caso de Chiguayante y al oficial Darwin Illanes, quien le atribuye responsabilidad al ex prefecto de Concepción, coronel Acuña Alorza. El ex jefe policial -declara Guzmán- “habría chocado el vehículo del teniente Matamala Cancino por atrás y producto de eso se habría producido el accidente”.

FBI protestó por rompimiento de la cadena de custodia

La causa madre “secuestro y obstrucción a la justicia” que comenzó a instruir en 1999 la jueza Flora Sepúlveda y prosiguió el juez instructor Juan Rubilar “no se encuentra sobreseída” aclaró desde Zurich, Europa, el abogado Fernando Saenger Gianoni, quien pidió más de 20 diligencias al tribunal tendiente a esclarecer el caso de JMJ.

Una de ellas corresponde a si hubo o no interrupción de la cadena de custodia de las muestras de fluidos de la “ruta de sangre” levantadas por la bioquímico Shirley Villouta en dos oportunidades en La Cucaracha, que pasaron por cuatro manos distintas antes de llegar al FBI, según consigna un documento con el timbre de “secreto” en poder del mayor ® Andrés Ovalle.

De acuerdo con el informe, por sugerencia del jefe de gabinete del Ministerio de Justicia (administración Frei Ruiz Tagle), el procedimiento fue: subsecretaría de Justicia, subsecretaría de RR.EE, embajador de Chile en Estados Unidos y agregado policial, coronel Marcos Pacheco Kurtz, quien en definitiva llevaría las muestras al FBI.

El documento lo firma el general Juan Antonio Cid Ortega, director de investigaciones delictuales y drogas subrogante. Más tarde asumió el cargo el general Juan Donati Pino.

Tal irregularidad en el protocolo fue representada incluso a las autoridades por el agente legal del FBI en Chile, Kevin W. Currier.

“Pidió que se le diera a conocer mediante un documento el sistema del envío para informarlo a sus pares en Estados Unidos. Era una situación anormal. No se puede asegurar la inviolabilidad de muestras si pasa por cuatro manos distintas y no una, como comisionó la autoridad judicial ante la autoridad administrativa, diplomática y política. A mí, el general Donati me dijo que no me hiciera la idea que iría a Washington”, dijo Ovalle.

-¿De dónde saca Alex Matute que estas muestras eran de pintura?

-Eso denota desconocimiento total, lo que se empleó para el levantamiento de esas muestras fue Luminol y ese químico sólo detecta sangre; ninguna otra cosa.

Antes de enero próximo, la Corte de Apelaciones de Concepción no revisaría esta causa tras la apelación de la familia Matute en contra de la decisión del juez Rubilar de abrir y cerrar la causa tras las declaraciones de Cristian Araos Díaz a Revista NOS. En su edición de agosto de 2009, el psicólogo jurídico forense y perito delitológico dijo: “en los nexos de los protagonistas que hicieron suya la investigación del caso para su encubrimiento están las respuestas de quién mató a JMJ”.

El ex intendente Martin Zilic, aludido por el profesional, reaccionó interponiendo una querella por injurias en contra de Araos ante el Ministerio Público. Está en trámite.

En su momento también, (2001), siete jóvenes fueron encausados por obstrucción a la justicia, pero el 25 de abril de 2006 la Corte Suprema confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción que desestimó el auto de procesamiento en contra de dos de los inculpados -Oscar Araos Díaz y Jaime Rojas López- en calidad de autores del delito de homicidio de JMJ, como pretendía el Consejo de Defensa del Estado.

“Tampoco existe en autos ningún antecedente ni elementos de los que emanen presunciones fundadas en orden a que OAD y JRL han tenido alguna vinculación con la muerte de JMJ cualquiera que hayan sido las circunstancias en que ella se hubiera producido”, concluye la resolución.

“Estamos frente a un tipo de crimen organizado que surge en plenitud, con bastante anterioridad al desenlace de Jorge Matute Johns y que al parecer sigue vigente en Coronel”, plantea Cristián Araos Díaz.

Hoy, datos provenientes de funcionarios en servicio activo que, incluso hacen notar un eventual enriquecimiento ilícito de superiores vinculados a tráfico de drogas (usarían costosos vehículos BMW serie 700 y Hyundai Santa Fe del año) permitirían reafirmar que una misma mano estaría detrás del secuestro de JMJ, en la muerte de tres civiles y tres uniformados, ocurridas entre el 9 de septiembre de 1995 y el 18 de noviembre de 2002, y en la “lista política” de consumidores de alto rango.

Fuente: Revista Nos