Como un llamado de alerta se recibió en la región Aysén el reportaje “La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile” que en diciembre publicara el portal CIPER Chile. Una minuciosa investigación a los negocios de un empresario oriundo de Los Andes dejó en evidencia la vulnerabilidad legal en que quedan las comunidades ante la voracidad hídrica privada, en este caso afectando directamente a los habitantes de diversas cuencas el territorio austral.
El tema puede resumirse, con mucho esfuerzo, en que tras 10 años de haberse constituido la empresa Asesorías en Recursos Hídricos S.A. (ARH), de Isidoro Quiroga Moreno, con un capital de sólo 2 millones de pesos, aumentó 6.500 veces su patrimonio inicial.
¿Cómo lo logró? Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró el agua -que el empresario chileno obtuvo gratuitamente del Estado- para alimentar su proyecto aurífero Volcán, en la región de Atacama. La transacción le reportó a ARH la suma de casi 26 millones de dólares canadienses, unos 13 mil millones de pesos. Negocio redondo.
Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es solamente una de, al menos, ocho sociedades ligadas a Isidoro Quiroga que intervienen desde la provincia del Loa hasta la de Palena. Y es precisamente aquí, en la Patagonia chilena, donde el conflicto por el agua sigue latente, más aún a raíz de un litigio que terminó en que la Corte de Apelaciones de Santiago derogara una medida previamente impuesta y que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua de parte del Estado a particulares sobre los ríos Palena y Cisnes (además del Murta).
En dicho procedimiento, Quiroga participó a través de tres de sus sociedades: “Exploraciones, Inversiones y Asesorias Pachingo S.A.”, “Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A.” y “Sur Electricidad y Energía S.A.”.
Ríos “legalmente” secos
Marcia Álvarez vive en Villa Cerro Castillo, al sur de la región de Aysén, y al igual que su comunidad depende de las aguas de la subcuenca del río Ibáñez, que fluye hacia la cuenca del Baker (que incluye el lago General Carrera).
Afirma que la comunidad se enteró tarde de que gran parte de las aguas de la zona estaban ya entregadas, asegurando que “es injusto que un río o arroyo que ha pasado por mucho tiempo dentro de un campo, con el que se abastece de agua a animales, predios, siembras o los mismos hogares, se haya cedido a un particular o empresa. En mi sector, hace unos 6 años atrás se supo y los campesinos se preocuparon y comenzaron a solicitar sus derechos, pero se sorprendieron al ver que muchos habían sido concesionados con anterioridad”.
En su opinión “eso es negativo, pues hoy el gobierno ha lanzado proyectos, como subsidios rurales, pero ¿qué pasa si el poblador no tiene su derecho de agua, porque ese ese derecho ha sido concesionado a otra persona?”
Marcia también comenta que tras conocerse las intenciones de algunas empresas en construir represas en la zona, los campesinos del sector de Cerro Castillo solicitaron derechos de agua, pero un alto porcentaje fue rechazado, en especial los de la ribera del río Ibáñez, porque ese sector ya tenía un propietario.
“Hoy vivir del campo es mucho más difícil y es una aberración para pobladores que llegaron no hace 10 o 20 años, sino 40 o 50, porque recordemos que las tierras de Aysén han sido heredadas por generaciones, y resulta que hoy el río que siempre fue nuestro, simplemente ya no nos pertenece porque hay que estar pagando para usar un derecho de agua”.
“El río Ibáñez tiene una parte, arriba, en el salto si no me equivoco, que estaba concesionado a Endesa. Lo encuentro insólito porque toda la negociación fue a puertas cerradas y la empresa remató los derechos de agua a un particular que es Isidoro Quiroga. Imagínese, la empresa remata una riqueza nuestra, de nuestra comuna, y qué recibieron los habitantes… nada” reflexiona.
Constanza Palacios es presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta y, al igual que Marcia, encuentra “increíble” cómo opera el mercado del agua en Chile. Fundamenta su posición con que “cualquier persona puede solicitar los derechos de agua a perpetuidad y gratuitos, pero después puede venderlos, independiente de que haya una patente que castiga a la persona que lo solicita y no utiliza”.
Explica que “si una empresa pide derechos de agua para generar hidroelectricidad puede ser completamente a espaldas del dueño de la tierra. Y si saca adelante su proyecto simplemente lo expropia o compensa, pero el propietario de la tierra muy poco puede hacer para defenderse”.
La empresaria cuenta que en La Junta se enteraron de todos estos negocios sólo tras publicarse el reportaje de CIPER, pues suponían que los derechos de agua solicitados en la cuenca del Palena estaban en un estado muerto, es decir, ni aprobados ni rechazados. Sí sabían que Isidoro Quiroga estaba en la zona porque contrataba sobrevuelos, alojamientos, al mismo tiempo que había otras empresas haciendo estudios de impacto ambiental para HidroAysén y Energía Austral.
“Pasaba mucho consultor pero no era muy claro quiénes eran y a qué venían. Pasaron medio camuflados entre toda la gente que circuló por acá en esa época. Nunca dijeron qué era lo que hacían” relata.
Su principal preocupación en lo inmediato es que si proyectan levantar represas van a intervenir actividades como “la pesca deportiva, las bajadas de ríos, paisajes, los campos de las personas, pero en el largo plazo nos preocupa por los intereses mineros y la necesidad de generar energía”.
Les inquieta por la contaminación e intervención de la cuenca con una actividad que “no es compatible con lo que queremos para ella, lo que el decreto en su momento le dio: el estatus para el desarrollo del ecoturismo, la ganadería, la protección del bosque.
El tema de la minería está en la parte alta de la cuenca y de la mitad para abajo nosotros no podríamos hacer nada. Imagínate lo que puede significar si no se protege de la mitad para arriba. No hay un manejo integral de ambas regiones de la cuenca, sino que cada región ve su parte”.
Es por ello que el 13 de enero pasado fue entregada en La Moneda por correo certificado una carta con varias listas de firmas de pobladores, empresarios regionales y líderes de La Junta, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puyhuapi, Puerto Cisnes y Coyhaique, solicitando se repongan los decretos que daban un estatuto de protección a varios ríos de la región, entre ellos el Palena. La iniciativa es impulsada por la Agrupación Pro-Defensa de la Cuenca del Palena, la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta y la junta de vecinos de la localidad.
Aún están a la espera de la respuesta, mientras preparan una ofensiva similar ante la Presidenta electa Michelle Bachelet.
