El pasado lunes, en un artículo de La Tercera, se publicaron algunos elementos de lo que sería la propuesta de gratuidad del Mineduc, a través de documentos a los que habría tenido acceso ese medio. Algunos de los puntos merecen preocupación y, de ser ciertos, entran en contradicción con las propuestas del movimiento social por la educación, que entiende ésta como un derecho social, y a partir de allí exige gratuidad universal, sin letra chica.
Primero, se habla de fijar un número límite de años para la gratuidad, estableciendo como tope la duración formal de la carrera, más un año. El tiempo extra que se tarde un estudiante, debería financiarlo de su bolsillo directamente o a través de créditos. Además, se implementa la gratuidad mediante un sistema de becas, donde el Estado transfiere a la institución de educación superior el monto del arancel correspondiente a cada estudiante, manteniendo el financiamiento a la demanda.
Los estudiantes no estamos de acuerdo con esto. Sobre todo cuando son los de menos recursos los que se demoran más años en terminar su carrera.
Por otra parte, la lógica del financiamiento a la demanda es perversa, fruto de la concepción de que la competencia mejora el producto. Nada más lejano a lo que ocurre en educación.
Si queremos enfrentar este modo errado de entender la gratuidad, tenemos un desafío importante: desde el exitoso año 2011, donde pudimos instalar ideas tan básicas y necesarias como la gratuidad, el fin al lucro, y la democratización de nuestras instituciones, no hemos sido capaces de avanzar en una agenda programática clara y de mayor profundidad, que dé un sustento a nuestras demandas más allá del enunciado.
Una de nuestra tareas, entonces, es desarrollar una propuesta propia, y ponerla a disposición de la discusión nacional. Este proceso de reflexión no se contrapone a la movilización, por el contrario, le da sentido. Nos permite desarrollar un calendario de movilizaciones con objetivos y demandas más claras.
Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad histórica, pero tenemos claro que si no mostramos audacia, esta oportunidad se puede esfumar.
Hemos señalado que el financiamiento debe ser a las instituciones, no a la demanda. Que estas instituciones deben demostrar ser dignas de ser financiadas, y para ello cumplir ciertos estándares básicos que aseguren que en su quehacer contribuirán al desarrollo del país y, como en todo el sistema, no tener fines de lucro.
Pero además, cumplir con requisitos de democracia interna que aseguren la participación de todos los estamentos -funcionarios, estudiantes y académicos- en la toma de decisiones; de acceso equitativo, que impida la existencia de universidades para las élites; y de orientación al desarrollo regional, que permita la descentralización de nuestro país, entre otros.
Hoy, no tenemos en Chile instituciones de éstas características. Hay que construirlas, pero antes de eso hay que pensarlas. Nuestro rol es adelantarnos y ser catalizadores de ese debate.
La reforma a la educación superior va, y eso se debe a años de lucha por superar el modelo impuesto por la dictadura y profundizado por 24 años de gobiernos neoliberales. Lo que está por verse es quién le pone el contenido a la reforma.
¿Estaremos a la altura del desafío o permitiremos que nos vuelvan a ganar los que, dentro o fuera del Gobierno, quieren que todo siga igual?
En este 2015 que recién comienza, ya está suficientemente claro que no tenemos otra garantía que nuestra propia fuerza. La profundización de nuestro programa, junto a la movilización, son ingredientes fundamentales para el éxito de nuestras posiciones.
Hacia allá debemos avanzar, con la esperanza intacta de que conquistaremos la educación que el pueblo de Chile se merece.
(*) Vicepresideta FECh
