El día lunes 28 de septiembre, en el ex Congreso Nacional, diferentes centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, movimientos y personalidades organizaron un punto de prensa en rechazo al Acuerdo Trans-Pacífico de Libre Comercio (TPP), cuyo contenido de la declaración revisaremos en esta columna.
El TPP, por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio (TLC) multilateral que desde el año2010 se ha negociado a espaldas de la sociedad civil, y tiene como principales objetivos la regulación de ámbitos como el comercio, los derechos de autor, patentes, medio ambiente y trabajo. Los países signatarios de esta negociación son Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam, México, Perú y Chile.
Ahora bien, para el caso específico de nuestro país, y tal como señala la declaracióndel 28 de septiembre, Chile ya posee acuerdos comerciales con todos los países antes mencionados, por lo tanto, el beneficio que podría reportar este acuerdo es al menos, en términos económicos,marginal. Por el contrario, se evidencian varios perjuicios, los que se pueden identificar en dos grandes grupos:
Perjuicios de forma
Para entender este perjuicio es importante señalar que el TPP consta de 30 capítulos, a los cuales la sociedad civilha podido acceder a 3,sólo a través de filtraciones, lo que nos deriva a dos nuevos problemas, a saber, de transparencia y de participación.
En relación al primero, valorable es el hecho de que en Chile existan avances en torno a este tema, tal como lo representa el caso de la Ley de Transparencia promulgada el año 2008 bajo el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y la consecuente creación del Consejo para la Transparencia un año después.
Es por esto que el poco acceso a la información sobre el TPP merma los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha en esta materia, y parece por lo bajo contradictorio que sea bajo la administración de la misma Jefa de Estado y de Gobierno.
En segundo lugar, se identifica un problema de participación, lo que implica una gran dificultad para organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, las que han sido excluidas completamente del proceso y, por ende, de la toma de decisiones –o, más modestamente, de la simple consulta–.
También en esta materia se han efectuado avances tales como la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (promulgada el año 2011) y el posterior Instructivo Presidencial del año 2014, cuyo documento instruye la creación de unidades de participación ciudadana en cada órgano de la administración del Estado, instancias donde la sociedad civil puede cumplir un rol en la promoción de sus derechos. Estos propósitos resultan paradójicos frente a la nula participación sobre el TPP y empaña los avances hasta aquí alcanzados, recordándonoslos vilipendiados tiempos en donde las negociaciones se realizaban entre gallos y medianoche.
Otra obligación quebrantada ha sido el Convenio 169 de la OIT, el cual exige a los Estados “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art. 6 letra a).
En consecuencia, todo Tratado de Libre Comercio debe ser presentado mediante un proceso de consulta a los pueblos originarios en el marco de que sus territorios y derechos pudiesen ser afectados a como consecuencia de posibles inversiones.
A raíz de la falta de transparencia y participación, se pueden suscitar un tercer problema ligado a la legitimidad, el que tendría lugar siempre y cuando el Acuerdo fuese firmado por Chile.
Paradójicamente, el empresariado sí ha tenido acceso a la información a la vez que ha sido consultado, lo que le ha permitido importantes niveles de injerencia y, por añadidura, la defensa de sus intereses particulares.
En definitiva, el perjuicio de forma se transforma en un problema político, ya que se debilitan las prácticas procedimentales de la democracia.
En este escenario, las filtraciones de algunos pasajes del Acuerdo, los que no son nada alentadores, nos trasladan a un problema defondo, identificado en tres aspectos.
Perjuicios de fondo
-Salud: en la actualidad, la ley señala que la duración de las patentes de la industria farmacéutica es de 5 años, mientras que bajo el TPPla protección de datos de los medicamentos aumentará a 12. Así mismo, Estados Unidos exige que los países firmantes del Acuerdo se comprometan también en el reconocimiento de patentes en cuanto a los procedimientos médicos, es decir, a los métodos de diagnósticos, tratamiento e incluso procedimientos en cirugías.
En Chile, los estudios de la OCDE muestran que queda bastante por resolver en salud pública, tal como lo demuestra la inversión del PIB en esta materia, la calidad del servicio y, por cierto, el acceso de la población a los mismos. En este contexto, elTPP sólo acentuará estos problemas ya que el nuevo conocimiento generado para la cura de enfermedades, que hoy día no tienentratamiento,tardará más años en ingresar a la lista de medicamentos genéricos.
Lo anterior atenta contra el derecho a la salud, ya que como sostiene Alberto Cerda de ONG Derechos Digitales, se encarece su acceso. Para empeorar este panorama, si las empresas transnacionales detectaran que los países rompen las normativas o perciben que éstos desobedecen las reglas del juego, podrían demandar a los países firmantes ante tribunales internacionales.
-Derechos digitales: en este aspecto, el TPP busca arrebatar competencias a los países, ya que los contenidos de Internet estarán sujetos solamente al arbitrio de los proveedores, los que unilateralmente podrían censurar contenido sin tener derecho a intervención los organismos superiores de los Estados, como el Poder Judicial.
A esto se suma el aumento de las penas por las infracciones al derecho de autor en temas comunes y generalizados socialmente como compartir música, videos, libros en la red, desbloqueo de teléfonos y consolas de video juegos, incluso aquéllos sin fines comerciales.
En este sentido, será un crimen romper el DMR (Gestión de Derechos Digitales en su sigla en inglés), lo que claramente va a repercutir en el acceso a materiales culturales de los sectores socioeconómicos más bajos.
-Comercio: en esta esfera quienes se verían afectados son principalmente los consumidores, puesen los últimos años la compra online y la posterior importación de mercancías se ha masificado. Bajo el TPP, para poder importar productos desde otras latitudes se deberá solicitar una autorización previa del titular de los derechos de autor, como por ejemplo en el caso de los alimentos genéticamente modificados.
Es así como se pondría fin a las “importaciones paralelas”, tal como sostiene Carlos Lara de la ONG Derechos Digitales.
¿Necesita Chile un TPP?
Como se señaló anteriormente, Chile ya tiene Tratados con todos los países que actualmente se encuentran en la negociación del TPP, pero también hay que considerar las relaciones comerciales de Chile con otros países que no son parte del mismo, tales como China, Brasil e India; en consecuencia, resulta imperioso preguntarse cómo éstas se verían afectadas.
En cuanto a las autoridades, éstas deben explicar cuáles serían los beneficios concretos y cuantificables para volver atrás en negociaciones tales como la “Ley de Propiedad Intelectual” del año 2010. Asimismo, explicar por qué se debe renegociar temas con Estados Unidos que ya habían quedado superados en el Tratado de Libre Comercio con este país en los temas que se han expuesto, y que han sido señalados por Carlos Furche (exdirector de DIRECON), tales como los plazos de protección, las medidas tecnológicas de protección y la limitación de responsabilidades de los prestadores de servicios de internet.
Por último, el TPP profundizaría la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía. Es por esto que se debe generar un debate con todos los actores sociales para analizar los efectos posibles del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico y no sólo aquellos que han sido filtrados y aquí expuestos.
(*) Encargada del Programa Internacional. ICAL
Fuente: ICAL
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