Corrían los noventa y la banda “Los Miserables” lanzaba una canción llamada “Detención con sospecha”. En menos de un minuto y medio relataba la historia de un joven detenido y golpeado por Carabineros sin razón aparente. El tema termina diciendo “detenido por ser joven, detenido por ser pobre, detenido por sospecha” (1995). Aunque pareciera “exagerado”, hasta 1998 existió en Chile una ley que, frecuentemente ocupada por las policías chilenas, daba la facilidad de detener a una persona sólo por el hecho de ser “sospechoso” de un delito.
Según cifras de la propia policía, entre 1980-1992, el 50% de las detenciones de Investigaciones eran bajo este procedimiento. Por otro lado, Carabineros, entre 1980-1999, detuvo “por sospecha” en su mayoría a jóvenes entre 18 y 24 años (La Guerra y la Paz Ciudadana, 2000, p. 197). Las cifras eran alarmantes. Según el entonces diputado Viera Gallo, sólo en 1991 se detuvieron 164.110 por esta causa, es decir: ¡450 personas al día! (Cámara de Diputados, 28/1/1993).
Detención preventiva o por sospecha
El asunto torna relevancia por el trámite de la ley de “Detención Preventiva” que se ha discutido este año 2015 en la cámara de Diputados y que fue aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana con votos de RN, UDI y PPD. Uno de los argumentos de quienes rechazaron el proyecto fue que la iniciativa de la diputada Nogueira pretende el retorno de la “Detención por sospecha” y las arbitrariedades que con ello conlleva.
La diputada UDI se defendió, expresando que ésta facultad es “básica” para prevención del delito: “la ciudadanía nos pide a gritos facultades más efectivas a las policías para combatir la delincuencia” (Radio Bío Bío, 9/6/2015). El diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, ésta medida ayudaría a Fiscalía y Carabineros a prevenir no solo delitos, sino el “vandalismo” de las manifestaciones estudiantiles (El Mercurio, 29/5/2015, p. A2).
Por esos días, el ex General de Carabineros, Fernando Cordero, defendía dicha herramienta como un “instrumento espectacular para el servicio policial”. En su análisis nostálgico y casi romántico, la derogación de dicha ley, fue un grave error.
“Me comentaba, hace unos días atrás un oficial, que hace años cuando venía el Donosti, eran tres barcos italianos que venían permanentemente a Valparaíso, los lanzas se iban de Santiago a Valparaíso para atacar a esos turistas. Pues, en ese tiempo, actualmente también los carabineros conocen a los lanzas que andan por el centro, los conocen pero no los pueden detener.
En ese tiempo se les detenía y se los guardaba, mientras los turistas podían pasear tranquilamente por Valparaíso, por Viña de Mar. Entonces, ese instrumento se terminó, y se terminó con una parte importante de la prevención” (Tolerancia Cero, 7/6/2015).
Aunque no es la primera vez que se propone legislar en torno a este ámbito (hubo dos intentos anteriormente por parte de la UDI), llama la atención que en junio pasado diputados de la Nueva Mayoría apoyaron la iniciativa. Ante ello, la diputada comunista Karol Cariola rechazó el proyecto porque probablemente se convierta en una práctica policial que afectará a un solo sector de la población, los jóvenes y los pobres:
«Es probable que ese control de identidad no se lo hagan a una persona que camina de terno y corbata que esté entrando a su oficina. Lo más probable que esto se focalice en las poblaciones y sectores más vulnerables. Precisamente con una visión discriminatoria” (Radio Universidad de Chile, 7/5/2015).
Las afirmaciones de Cariola se basan en la experiencia de miles de jóvenes que fueron detenidos en dictadura hasta 1998, bajo este concepto. Según un estudio de Kenneth Mac Farlane, las Naciones Unidas afirmaron que ésta medida era anticonstitucional y discriminatoria.
El relator que visitó nuestro país, a mediados de los noventa, informó que mediante la “Detención por sospecha”, la policía “comete a menudo abusos. Sobre todo en los barrios populares detiene con frecuencia a jóvenes, les somete a malos tratos y los deja en libertad dentro delas 24 horas siguientes, sin que en ningún momento sean presentados ante un juez” (Mac Farlane, 1997, p. 252). Las autoridades chilenas, en ese momento prometieron derogar parte de la ley, indicando que Carabineros estaba disminuyendo sus detenciones por este medio. En 1995 habían pasado de 190.000 a 15.000.
Las raíces de ésta ley son mucho más profundas. En nuestro Código Penal, la defensa de la propiedad ha sido más importante que las garantías ciudadanas. Ya en 1906, nuestra legislación tenía consignado que podía ser arrestado cualquier persona que anduviese “disfrazado” o en conductas “sospechosas”. Esto fue levemente modificado en la dictadura militar, pero en lo hecho podían ser detenidos cualquiera que “anduviera con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad” (Mac Farlane, 1997, p. 250).
Según el diputado Viera Gallo, esto era excusa para detener a jóvenes punkis o metaleros, por sus vestimentas. Peor aún, la ley contemplaba detener a quienes promovieran las relaciones homosexuales. Según la investigación de Juan Caros Garrido, la llegada de la democracia no significó un cambio en torno a la discriminación hacia gays, lesbianas y transexuales. A los controles de detención y redadas masivas que hacía Carabineros, se sumaban la violencia ejercida por civiles (Garrido, Revista de Historia UDP, 2015).
Juventud y marginalidad
Tanto en dictadura, como en los primeros años de la concertación, la juventud popular fue marginada tanto política como económicamente. A comienzos de los años noventa, la realidad era impactante: según el Instituto Nacional de Juventud (INJ), de 18 empleos creados, sólo uno era para un joven; existían más de 50.000 desertores escolares; las cifras de alcoholismo llegaba al 28%, etc. (Revista Análisis, N°, 370 y 373, 1991). La primera medida tomada por el gobierno de Aylwin, no fue reducir la cesantía, la represión o la sensación de “no ser tomados en cuenta”, sino la incorporación al consumo.
Así nació la Tarjeta Joven. “Si compra un par de zapatillas, por ejemplo, tendrá un descuento cuando muestre la tarjeta… el cine, ópticas, algunas empresas de recreación como el teleférico, el planetario, transportes interurbanos y de trenes”, describió Sergio Garcia, el Director de INJ. En cambio, la revista Análisis conversó con algunos jóvenes populares, los cuales plantearon que al contrario, ellos quería participación, pero política o laboral.
“Es que, para que estamos con cuentos, sostiene Carlos, en este año no se han solucionado los problemas económicos. No pasa mucho con los cinco millones de pobres. La mayoría son jóvenes, como nosotros, pero sus familias no tienen acceso a nada. Yo creo que este gobierno sólo se ha preocupado de la relación con los militares, de estar bien con todo el mundo” (Análisis, N° 373, p. 32).
Otro joven, llamado Enrique (el Chino), de la población San Joaquín, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, afirmó que:
“No tenemos espacio. Solo se preocupan de nosotros a propósito de los Lautaro. Tremendo lío que arman, llenan la prensa. Pero el subir a 120 pesos la micro, el dejar a los cabros abajo, el correr como locos dejando a todos los pasajes con los nervios de punta. ¿Qué es lo que es eso? Ahora resulta que le queman un bus a un empresario. Yo no soy violentista, además porque no me da el pellejo, pero me dan una ganas de hacerle tira la micro al gallo” (Análisis, N°370).
Otros reportajes planteaban el distanciamiento entre los jóvenes y las instituciones estatales. A comienzos de los noventa, para la socióloga María Emilia Tijoux, las políticas públicas partieron del supuesto que los jóvenes pobres pasaban por un estado de “anomia”, el cual utilizaban la violencia para integrase al Estado. De esta forma los jóvenes populares siguieron, después de la dictadura, sintiéndose excluidos del sistema escolar, de las oportunidades laborales y además reprimidos por carabineros producto de las detenciones arbitrarias.
Frente a ello, desarrollaron otras formas de “tejer lazos” (Última Década, N° 3, 1995). En el caso de Enrique, el Chino, en 1995 un amigo de su barrio lo invitó a participar en la Radio Primerio de Mayo, la cual años después se trasladó a la población La Victoria, donde el Chino tuvo su programa “El Kiosko”, por más de quince años. Allí leyó viernes a viernes poesía popular y se dedicó sobre todo a la lucha por los presos políticos en tiempos de la Concertación. El 2014 murió sorpresivamente, donde fue velado en su querida población San Joaquín (Semillas de Agua, 2014).
En 1998, después de un largo trámite legislativo de cinco años, se logró derogar la “Detención por Sospecha”, pero los jóvenes han seguido siendo considerados como “peligrosos” para el Estado y sus políticas de Seguridad Ciudadana. Ante la propuesta de Detención Preventiva, nos preguntamos ¿Quiénes serían los interpelados con dicha propuesta? Al parecer los jóvenes organizados y los movimientos sociales, debido a que el gobierno se abrió al control de identidad, pero en caso manifestaciones masivas, es decir, en las marchas y concentraciones (El Mercurio, 8/7/2015, p. C6). La misma Maria E. Tijoux se expresó frente a esta medida:
“Estamos con el país al revés, donde no se castiga a la delincuencia sino que se castiga a los pobres, porque pongámonos de acuerdo qué es un delito. Qué es un delito, el traer trabajadores de países inmigrantes y tenerlos fondeados en un rincón para sacarles lo máximo que les puedan sacar en condiciones de total ilegalidad, ¿es castigado o no es castigado? Y lo que ocurrió con Fra-Fra, el proceso demostró que no eran culpables” (El Observatorio, Coquimbo, 1/7/2015).
El discurso estatal nuevamente ha sido reducir la delincuencia, pero ésta nueva propuesta pareciese más una medida de control a los jóvenes populares y los movimientos sociales.
(*) Historiador, integrante del equipo editor de la Revista Pretérito Imperfecto.
Fuente: Red Seca
