Lo que hasta hace poco tiempo parecía, y creíamos, imposible ha sucedido. José Antonio Kast asumirá la Presidencia de la República de Chile el 11 de marzo de 2026 tras vencer de manera rotunda en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el 14 de diciembre, con el 58% de los votos, a su rival, Jeannette Jara (42%), dirigente del Partido Comunista y candidata (tras vencer en las primarias de junio) de una amplia coalición de centro-izquierda que incluía también a la Democracia Cristiana, el Partido Socialista o el Frente Amplio.
Se trata de un triunfo arrollador, puesto que, al reinstaurarse el voto obligatorio hace tres años y, además, con la inscripción automática en el censo electoral de toda la población mayor de edad, Kast superó los siete millones de votos, siendo el presidente electo con mayor apoyo en la historia del país. Jara, por su parte, logró más de medio millón de sufragios que Gabriel Boric en la segunda vuelta de hace cuatro años.
En este tiempo histórico de avance del neofascismo y de los proyectos ultrarreaccionarios, su imagen el próximo 11 de marzo entrando en ese palacio de La Moneda que su clase social y su sector político bombardearon aquel 11 de septiembre de 1973, portando la banda presidencial que tan dignamente llevara y defendiera Salvador Allende, será un trago muy amargo.
Horizonte de recortes, retrocesos e impunidad
Con unas propuestas políticas centradas en “la seguridad ciudadana” y la represión de la inmigración irregular, Kast se convertirá en el primer defensor de la dictadura civil y militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 que llega a la presidencia de la República.
Hijo de un militante del Partido Nazi alemán llegado al país en los años 50; hermano de Miguel Kast, uno de aquellos Chicago boys que desde 1975 impusieron, con la ayuda de la represión, el modelo económico ultraliberal; discípulo de Jaime Guzmán, principal asesor civil de la dictadura; aliado de Vox en su cruzada autoritaria, su Gobierno significará el regreso de Chile a las tinieblas del neoliberalismo más ortodoxo y posiblemente del autoritarismo, con recortes severos en las políticas y los derechos sociales, el retorno al “Estado subsidiario” (Estado mínimo, paradigma y ambición de los ultraliberales) y el peligro de derogación de avances históricos como el derecho al aborto, el matrimonio igualitario o las políticas feministas.
Y en uno de los países donde la lucha contra la impunidad, compromiso histórico de la izquierda y un movimiento de derechos humanos extraordinario, ha dado más frutos (Pinochet murió en 2006 procesado en varias causas, muchos de los principales represores de la dictadura o murieron en prisión o siguen encarcelados, decenas de lugares de memoria evocan la represión a lo largo de toda la geografía de un país que tiene, además, un impresionante Museo de la Memoria y los Derechos Humanos), el futuro presidente ha dejado entrever que podría indultar a responsables de crímenes contra la humanidad con la excusa de su edad avanzada o su estado de salud. A criminales como el brigadier de Ejército Miguel Krassnoff Marchenko.
Desde luego, el marco del debate en estos meses de campaña electoral ha sido el que convenía a la derecha y la ultraderecha: la “seguridad ciudadana”, convertida desde hace varios años en una verdadera psicosis social por el bombardeo diario, implacable, sensacionalista, del tema desde los medios de comunicación (en manos todos de oligopolios conservadores), y la inmigración presentada como amenaza.
Ciertamente, la criminalidad ha aumentado, pero sigue siendo inferior a la de la mayoría de los países de la región. Por otra parte, Chile ha recibido en los últimos tres lustros a centenares de miles de migrantes, procedentes principalmente de Venezuela, pero también de otros países como Colombia y Haití, y han faltado pedagogía y políticas públicas que combatieran y desmontaran los mensajes de odio, xenófobos, de la ultraderecha.
Será el tiempo de defender las conquistas en las instituciones y en la calle
La campaña de Jeannette Jara ha pivotado en torno a su gestión como ministra de Trabajo del presidente Boric, con logros históricos como la reforma del sistema de pensiones, la elevación del salario mínimo a 500.000 pesos (unos 500 euros) o la reducción a cuarenta horas semanales de la jornada laboral, y a propuestas como la instauración de un “salario vital” de 750.000 pesos, la derogación del secreto bancario para perseguir la corrupción, políticas de inmigración y seguridad rigurosas, integrales y progresistas…
Como le ha sucedido al presidente Boric, Kast no tendrá una mayoría clara en el Congreso Nacional, con un Senado de cincuenta escaños dividido exactamente en dos mitades entre las fuerzas de la derecha y extrema derecha y las de la coalición que ha apoyado a Jara y un Congreso Nacional de 155 asientos donde los catorce representantes del populista e imprevisible Partido de la Gente de Franco Parisi, quien rozó el 20% de los votos en la primera vuelta de la elección presidencial, tendrán un papel desequilibrante entre ambos bloques, que, por otra parte, no son graníticos.
Este resultado cierra definitivamente el ciclo abierto en 1990 con el fin de la dictadura. Hasta 2010 se sucedieron dos presidentes democratacristianos (Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ha apoyado a Kast) y dos socialistas (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que ha respaldado a Jara).
Entre 2010-2014 y 2018-2022 gobernó el empresario derechista Sebastián Piñera, quien votó No a la continuidad de Augusto Pinochet en el poder en el histórico plebiscito del 5 de octubre de 1988 e incluso en 2013, con motivo de la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado, se atrevió a señalar a aquellos “cómplices civiles” que pavimentaron el camino a la destrucción de la democracia.
Además, en 2014 el segundo mandato de la presidenta Bachelet significó la ampliación de la coalición gubernamental al Partido Comunista, que ha tenido un peso aún más notable en la actual administración del presidente Gabriel Boric y cuenta hoy con tres ministerios (Justicia, Educación y la portavocía, en manos de Camila Vallejo).
A partir de marzo, el PC será una de las principales fuerzas parlamentarias, con once diputados y tres senadores, y también un arraigo social y una estructura política nacional muy relevantes.
Después de encadenar cinco años consecutivos con elecciones, Chile enfrenta ahora un periodo de tres sin citas con las urnas, hasta las municipales de octubre de 2028.
Será el tiempo no solo de defender democráticamente en las instituciones y en las calles las conquistas logradas desde 1990, sino también el de la reflexión política necesaria para entender una sociedad que ha cambiado notablemente en los últimos años, a partir de la rebelión popular de la primavera austral de 2019.
El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha estado marcado, indefectiblemente, por la dura derrota del proyecto constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que liquidó las esperanzas de dejar atrás la Constitución de 1980, y por una gestión que no ha satisfecho las grandes expectativas que despertó hace justamente cuatro años, cuando Boric (56%) derrotó claramente a Kast (44%) en la segunda vuelta de la elección presidencial.
El desafío es volver a unir a la mayoría de la sociedad en torno a un proyecto político transformador y de futuro, que plantee y enfrente los enormes desafíos pendientes en un país profundamente desigual y sometido también a nuevos retos.
No será sencillo, pero, como decía Armando López Salinas, “el mañana no está escrito”.
(*) Doctor en Historia y periodista. Su último libro es «Gladys Marín. Una vida revolucionaria» (Ediciones B, 2025)
