El aborto es, en primer lugar, un problema de salud pública que se discute ampliamente en Chile desde los años cincuenta. Es el único contraceptivo completamente eficiente, porque es definitivo. Es la primera forma que adopta una población cuando las mujeres perciben el aumento del número de hijos, por los efectos de la mayor sobrevida en las edades tempranas, asociada al progreso de la medicina y a la intervención de políticas de salud.
Es la toma de decisionesde las madres de prevenir nacimientos, independientemente de normas éticas, religiosas o culturales. Todos los estudios sobre los cambios de la tasa de natalidad ocurridos en el Siglo XX, señalan que los países predominantemente católicos presentan natalidades bajas, similares a los países nórdicos.
En Chile, tanto en 1960 como en 2007, las familias de bajo ingreso tienen mucho más hijos que las familias de alto ingreso, condicionadas por desigualdades de ingreso, niveles de educación y posición social. La reducción de las tasas de natalidad en Chile, las de mortalidad infantil y la reducción del aborto, se aceleraron por la sustitución del aborto por los anticonceptivos, facilitado por una política de salud y bienestar familiar iniciada en 1966 por el Gobierno de Eduardo Frei y desarrollada intensamente a partir de 1971 con el Gobierno de Salvador Allende.
En la primera mitad de los años sesenta nacían alrededor de de 250000 niños al año. Los abortos complicados atendidos por las maternidades alcanzaban a 60.000. Con la puesta en marcha de los programas de bienestar familiar y salud materno-infantil, en un año la demanda por complicaciones del aborto inducido, se redujo a más de la mitad.
No fue el caso de otros países, como Japón o Hungría o los países escandinavos, en la misma época en que el aborto jugó un rol principal para evitar el nacimiento de un hijo no deseado.
Las políticas pro natalistas iniciadas en Francia y extendidas a toda Europa y a América latina y El Caribe -subsidios de maternidad, asignación familiar, estímulos materiales a familias con alto número de hijos, a la madre soltera, la difusión de las salas cunas y jardines infantiles, normas de consejo familiar y comisiones médicas, entre otras- no han tenido la eficacia suficiente para contener la declinación universal de la natalidad en los últimos cincuenta años y la extensión global de la práctica del aborto.
El aborto como medio de contención de la reproducción llegó para quedarse y está hoy presente en todas las sociedades. Es un problema que el estado debe abordar como árbitro consensuado del bien común; salvo que el Estado se pronuncie favorable a las principios neoliberales declarados por Hayek, que el bien común no existe sino como abstracción y lo que es real es el bien individual, por lo que el estado debe excluirse de intervenir.
El aborto como tema de la bioética.
Las discusiones sobre el aborto se han reducido a exponer exquisitas distinciones y contra distinciones a nivel de la casuística moral individual. Pero siguiendo los consejos de Giovanni Berlinguer, preferimos el camino de la bioética de la vida cotidiana.
En Chile, reflejando la globalización, los hogares más pobres tienen 4 veces más hijos que las de los más ricos. Lo que parece asociado a que estos últimos perciben un ingreso percápita 43 veces mayor que los primeros. La tasa de mortalidad infantil de los obreros es de 11 por mil; la de los dirigentes de la economía es de 2 por mil, similar a Holanda o Suecia.
Tales tasas se alcanzan por la práctica de la interrupción del embarazo en el caso de malformaciones graves del embrión. Como las tasas de mortalidad infantil no pueden bajar a esos niveles sino por el aborto, es una conjetura razonable que los sectores más acomodados practican la interrupción del embarazo por esas causas, en tanto se niega esta práctica a los sectores de ingresos más bajos, que constituyen el 85% de la población, bajo la cobertura del sistema público de salud.
Es legítimo invocar a la bioética para calificar las diferencias de tasas de mortalidad infantil como la instalación de real genocidio provocado por la desigualdad social. Los que levantan las banderas de la defensa de la vida muestran una gran despreocupación por buscar soluciones de equidad social. Esta actitud adquiere cierta perversidad, porque oculta los verdaderos intereses: defender la desigualdad social -que asegura dominación- y oponerse a todos los mecanismos que amenazan reducir el lucro éticamente excesivo, como lo comprueba la desorbitada campaña de publicidad y propaganda contra la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma laboral.
Hay que preguntarse qué experimenta una madre ante el hecho que se convierte en el lecho de agonía del hijo que esperaba. Por ser una carta pública que me enviara su autora, con la autorización de difundirla, doy conocer sus partes más relevantes.
“Pues bien, les cuento que tengo ya 4 meses de embarazo, una noticia que debiese provocar nada más que alegrías en las familias y en los futuros padres, sobre todo a mis 32 años siendo este mi primer hijo o hija… pero la vida me tenía preparada una prueba difícil.
Al tercer mes de embarazo nos enteramos que el bebé venía con un problema denominado megavejiga, algo muy poco común que los especialistas en nuestra región han visto muy pocas veces o simplemente ni siquiera han visto…
El ginecólogo que me atiende, a quien le agradezco su claridad y sinceridad, nos informó desde ese momento que el embarazo tenía un muy mal pronóstico; por la complejidad del tema, lo más probable es que el bebé falleciera durante la gestación o lograra nacer pero fallezca al instante puesto que no se le desarrollarían sus pulmones….
Pues bien, ahora que ya saben por lo que estoy viviendo, vuelvo al principio de esta carta. Sé que no soy la única mujer que debe estar pasando por este proceso en Chile; saber que el bebé en algún momento va a fallecer, que no tiene ninguna viabilidad, pero que de todas maneras debemos dejar que crezca dentro de nosotras, que sufra, porque de seguro lo está pasando muy mal; llorar cada vez que salgo de la ecografía, y bueno… tener las fuerzas para responder cuando se me empiece a notar el embarazo que va a ser muy pronto, para repetir esto muchas veces…
El objetivo principal de esta carta no es que se enteren de mi historia, la historia de Natasha Alarcón, sino que sepan que existen muchas mujeres más en nuestro país en la misma condición…
Es por esto que a ustedes, Honorables Diputados(as) y Senadores(as) de la República, les pido un sólo favor, imagínense que es su hija o su esposa la que debe pasar por esto. Yo creo que ustedes querrían evitar este sufrimiento en ellas, ¿No sería más justo tener la posibilidad e interrumpir el embarazo a través del aborto terapéutico para no provocar más sufrimiento?
No sólo en el bebé o en la madre, sino también en el padre y en las familias, quienes sienten una impotencia terrible al no saber cómo ayudar o qué decir. Si algún día les toca pasar por esto les aseguro que me entenderán…
Les cuento que no tengo ni el dinero ni los contactos para hacerme un aborto en clínicas privadas, como bien dijo la ex ministra Helia Molina, a quien por decir la verdad, como se acostumbra en este país, se le sanciona.
Además, esta posibilidad me da miedo, no quiero pasar a engrosar las estadísticas de mujeres que mueren en medio de un aborto ilegal, y no resulta justo que por no tener dinero no pueda acceder a un derecho que como mujeres debiésemos tener.
De la “CARTA ABIERTA A LOS PARLAMENTARIOS/AS DE NUESTRO PAÍS”, enviada por Natasha Sofía Alarcón Alarcón Rut. 15.832.193-9. Punta Arenas. Celular 91958337 Correo: alarconnatasha@gmail.comChile.
Es sin duda suficiente para afirmar que el aborto terapéutico es un asunto que debe abordarse como política de general,que incluye la política de salud
El aborto y las políticas públicas.
Es un problema de salud pública que en el Reino Unido se propuso resolver sobre la base de la aceptación de “regular” y no la de “legalizar” el aborto, incluida la objeción de conciencia individual del médico en el Servicio Nacional de Salud británico. En 1967 la Iglesia Católica defendió la tesis del Vaticano II que no se debería utilizar al Estado para conseguir los objetivos pastorales.
Era responsabilidad de los creyentes de llevar una vida personal comunitaria ejemplar para abrir a la humanidad a lo que se entiende por “evangelización”. El Estado no puede ser instrumento de los objetivos pastorales de la iglesia, en unestado en que existe separación de la Iglesia y del Estado, en donde el integrismo medieval ha sido sustituido por una actitud comprometida y madura de los creyentes a nivel global.
En suma, es justo, necesario y equitativo, que el Estado chileno, al realizar una síntesis de los que conviene al bien común del país, plantee un proyecto de ley con los objetivos que ha señalado. No es justo seguir enterrando la cabeza en la arena para escurrirse de la responsabilidad de afrontar un problema real, que es la práctica de la interrupción del embarazo como un fenómeno social inevitable y extendido que amerita una intervención de regulación del Estado.
(*) Médico. Programa Salud. ICAL. Ex ministro de Salud del Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Fuente: ICAL
