¡El fallo del TRICEL contra Daniel Jadue es un atentado a la democracia chilena!. Excluir a Jadue es jurídicamente insostenible y pone en jaque el Estado de derecho. Aquí te explico por qué en 7 puntos clave
1/ La Constitución no es un menú a la carta. El TRICEL usó el art. 16 Nº 2 para excluir a Jadue, pero ignora la presunción de inocencia (art. 19 Nº 3) y el control judicial del artículo 83 de la Constitución. ¡La Constitución chilena es un todo!
2/ Sin condena, no hay inhabilitación. El artículo 83 de la Constitución prohíbe al Ministerio Público restringir derechos, como el de ser elegido, sin autorización de un juez. La acusación contra Jadue es solo administrativa, NO una sentencia. ¡Eso viola el debido proceso!
3/ Chile incumple tratados internacionales. La Convención Americana (art. 23) protege el derecho a participar en elecciones. La Corte IDH es clara: inhabilitar sin condena firme es ilegal (López Mendoza vs. Venezuela). ¡El TRICEL expone a Chile internacionalmente!
4/ Un fallo retroactivo e injusto. El padrón electoral cerró el 28/06/2025, pero la acusación contra Jadue fue el 07/08. ¿Excluirlo por algo posterior? ¡Eso es aplicar la ley hacia atrás y destruye la confianza electoral!
5/ El TC ya lo dijo: no a la inhabilitación sin juicio. En el caso MEO (2021), el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la suspensión de derechos políticos por mera acusación formal, invocando el art. 83. ¡El TRICEL ignora este precedente y viola la igualdad ante la ley!
6/ No solo es Jadue, es tu voto. Excluirlo ataca su derecho a candidatearse y el de miles de chilenos a elegirlo. Esto es lawfare: usar el derecho para silenciar liderazgos incómodos. ¡Es un golpe a la soberanía popular!
7/ Defendamos la democracia! El fallo del TRICEL es arbitrario, viola el artículo 83 de la Constitución, la presunción de inocencia y tratados internacionales. ¡No podemos quedarnos callados! Exige justicia y un Chile democrático.
Si una acusación basta para bajar al favorito en las encuestas, algo anda muy mal en esta democracia. Una decisión administrativa, unilateral y no juzgada, jamás debería imponerse sobre la voluntad de miles de electores.
(*) Abogada y doctoranda en Derecho y Economía por la Universidad de Lisboa, con estancia en la Universidad de Zúrich. Auditora en la Contraloría General de la Unión de Brasil, es cofundadora de las asociaciones de Juristas por la Democracia en Brasil y en Chile, y autora de libros sobre derecho, democracia y lawfare en América Latina.
