En un giro inesperado, que presagia un terremoto de ciclópeas proporciones, pero de ninguna manera casual ni sorprendente, la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, y los abogados Mario Vargas Cociña, Eduardo Lagos Herrera y Gabriel Silber Romo, están siendo investigados por lavado de activos.
Así lo consigna el artículo Investigación a Ángela Vivanco: Fiscalía amplía indagatoria a lavado de activos contra exministra de la Corte Suprema, de Meganoticias.
No podía sorprender, porque la investigación de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, descubrió el reparto del botín del caso de la muñeca rusa, donde esos abogados, coludidos con la entonces ministra Angela Vivanco, generaron a Codelco, por extensión, a todos los chilenos, una pérdida, de una parte, de US$20 millones no cobrados, y de otra, pagos extraídos a Codelco, mediante recursos viciados de esos abogados, invariablemente aprobados en la sala de la ministra Vivanco, por un monto de $17,1 mil millones.
De acuerdo al artículo mencionado, el informe del OS7 de Carabineros «da cuenta de la existencia de maniobras concordantes con conductas y tipologías de lavado de activos».
Entre los antecedentes, aparecen pagos sospechosos desde el entorno del consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec, CMB, para terminar en las cuentas bancarias de Vivanco y esos abogados.
Según Mega Investiga, los pagos se enmarcan en millonarios depósitos realizados por Codelco a CBM, luego de perder varias veces en la Tercera Sala de la Corte Suprema.
De formularse la acusación, se estaría ante uno de los mayores fraudes judiciales de la historia; nueva demostración de la existencia de un amplio sector corrupto, dentro del aparato judicial, coludido con lobistas, operadores y rastacueros de diversos pelajes, tales como Luis Hermosilla, Mario Vargas y Eduardo Lagos; entre otros.
Si hay algo que sorprende, es que esa maquinaria no se haya descubierto antes.
Mas pasmoso aún, nada de esto se hubiera sabido, si a la abogada Leonarda Villalobos, esa «psicópata bien orientada», no se le hubiera metido en el caletre grabar la reunión con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, un amenazante día de junio de 2023, en el edificio del Grupo Patio, en Alonso de Córdova, Vitacura, para analizar estrategias acerca de cómo enfrentar la crisis de Factop.
Es la misma colusión entre el ala corrupta del poder judicial y la panda de aventureros, bribones y sinvergüenzas, la que está detrás del entramado de la persecución judicial contra Daniel Jadue.
Vargas Cociña y Lagos Herrera han representado la línea de choque, desde el primer minuto de la trama, e incluso antes.
Ya defendían a César Ramírez Ramírez, en octubre de 2020, causa en que fue condenado por la estafa de las frambuesas, si bien a multa y pena remitida; cuando, el 5 de marzo de 2021, entablaron querella contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, en representación de Best Quality, empresa opaca, a lo mínimo, por una supuesta deuda de $1.300 millones y fracción; en circunstancias de que la deuda real no superaba los $500 millones, que se estaba pagando y nunca se desconoció, a pesar de su origen fraudulento.
Lagos y Vargas, junto a los abogados Isaac Ramírez y María Paz Guerra, interpusieron todas las acciones civiles para cobrar la deuda. En virtud de sus escritos, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago ordenó la liquidación forzosa de Achifarp, en junio de 2022.
Conforme a la secular práctica de levantar polvareda para después quejarse de no poder ver, con esas acciones, acogidas por tribunales aquiescentes, lo que esos tunantes aseguraban, en realidad, era la imposibilidad de que Achifarp pudiera pagar.
Este montaje jurídico-político-mediático se desmoronará en el momento en que corresponda; a saber, el probatorio del juicio oral. O tal vez antes, cuando se destape el descarado fraude judicial, en el caso CMB-Codelco.
Los ultimos serán los primeros
Mientras tanto, el lado oscuro del partido judicial; a pesar de la evidencia de la putrefacción de las actuaciones de los abogados que persiguen a Daniel Jadue, o tal vez por lo mismo, sigue respaldando su posición, al tiempo que se afana en propinarle un castigo anticipado, que no conseguirá en el juicio oral.
Es el caso del fallo de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, del pasado 26 de junio, que revocó la medida cautelar de reclusión nocturna, y la retrotrajo a prisión domiciliaria total.
Es un fallo arbitrario, odioso e infame, toda vez que, sin motivo ni diligencia pendiente, atropella el principio pro reo, fundado en atribuciones que no corresponden, en una audiencia de medidas cautelares.
De entrada, se pronuncia impropiamente sobre materias de fondo, que solo pueden ser elucidadas en el juicio oral:
«Se le atribuyen múltiples ilícitos de alta complejidad y gravedad, consistentes en delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal, todos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autor, cometidos durante su gestión como alcalde de la comuna de Recoleta y presidente del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares».
Ni a las ministras Dobra Lusic y Jenny Book, ni a la abogada integrante, Paola Herrera, puede constarles el grado consumado en los delitos que le atribuyen a Jadue, toda vez que ni la propia investigación lo ha hecho, ni menos, un juicio formalizado.
Tampoco «el carácter y multiplicidad de los ilícitos imputados, el monto del perjuicio fiscal involucrado, así como la posición de poder y la capacidad de influencia que ostentaba el imputado en el período investigado», por la misma razón.
Es posible imaginar la mueca de fruición de las ministras, luego de la redacción del siguiente párrafo:
«La posibilidad de trabajar, las condiciones de salud mental moderada o el paso del tiempo, no constituyen, por sí solos, un cambio de circunstancias relevante que permita modificar una medida ya reiteradamente validada por tribunales superiores».
Constituye, en rigor, una burla al principio pro reo: las ministras firmantes se están refiriendo a una querella de una empresa particular, por un monto de deuda significativamente inferior al indicado en la querella, que se estaba pagando, y que tiene al imputado en situación de privación de libertad, desde el 3 de junio de 2024, mientras que otros, que debieran ser los imputados, ni siquiera han sido citados a declarar, y otros, confesos, aceptaron juicios abreviados.
¡Qué nivel de arbitrariedad puede alcanzar el arcaico sistema jurídico chileno, ante la impavidez de la sociedad civil organizada y la ignorancia de la ciudadanía de a pie!.
Naturalmente, como en cada operación de lawfare, todo con la correspondiente pátina legal.
En este cenagoso cambalache, no cabe descartar que el voto de las ministras Lusic y Book, haya estado condicionado por su orientación conservadora, en el caso de la primera, y de la segunda, por su cercanía con el mundo militar.
Como haya sido, las ministras se alinearon con la versión y acusaciones de Lagos Herrera y Vargas Cociña, lo mismo que la fiscal Giovanna Herrera.
Entre las proyecciones posibles, o lo lamentarán, o lo atribuirán a un error involuntario, o lo negarán tres veces, como Pedro.
Alguien, en alguna instancia, tiene que parar esta chacota. No puede seguir este remedo de justicia.
Si esta grosera persecución afecta a un líder político, democrática y legalmente elegido en un cargo de representación popular, es de imaginar lo que le puede ocurrir a un ciudadano cualquiera.
Permítase una digresión final: si las ministras son conservadoras, hay una elevada posibilidad de que sean católicas.
En tal caso, no debieran olvidar a Mateo 20:16-20:
«Los que ahora son los últimos, serán los primeros».
(*) Director RedDigital.cl
