A. ASPECTOS ESTRUCTURALES:
Las drogas configuran flujos y territorios enteros; barrios, ciudades, países, regiones y continentes; pasos fronterizos, inmigración, comunicación, información, comercio y mercados financieros mundiales; producción de conocimiento, universidades, estudios, institucionalidad y política. Una biopolítica si queremos referirnos al control de nuestros cuerpos, a la construcción y gestión de enfermedades, a lo permitido y a lo no permitido, al etiquetaje de individuos, su control, represión, rehabilitación, manipulación y encarcelamiento en gran parte del mundo…Las venideras reflexiones al respecto afirman, de manera clara y concisa porqué la guerra contra las drogas ha resultado ser tremendamente exitosa. No para la erradicación de éstas, sino que más bien como una de las más poderosas estrategias de ingeniera social jamás vistas en la historia contemporánea.
En la Cumbre de las Américas realizada en Abril del 2012, autoridades de Colombia, El Salvador, Guatemala, Uruguay, México cuestionaron el prohibicionismo. El expresidente mexicano, Vicente Fox se declaró abiertamente a favor de la despenalización, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia dice “estoy dispuesto a legalizar incluso las drogas duras si el mundo toma esa dirección”. El presidente de Guatemala Pérez Molina señaló: “esta situación me hace cuestionar cosas bastante obvias: ¿estamos verdaderamente combatiendo a las drogas? Si es así, ¿por qué en todo el mundo aumenta el consumo, la producción y el tráfico se ha esparcido ampliamente?”. Los presidentes están únicamente siendo realistas: la situación se ha vuelto catastróficamente evidente y muchos ya no están dispuestos a seguir pagando los absurdos costos de una cruzada dudosa.
A pesar de que el tema fue levemente “debatido” en la cumbre de la ONU 2012, la respuesta de Barack Obama fue diplomáticamente tajante: “estamos dispuestos a debatir el tema, pero creemos firmemente que la legalización no es el camino”.
A.1. ¿Por qué Estados Unidos se opone tan energéticamente a la legalización y/o despenalización?
En términos económicos, el país del norte resulta el principal beneficiado. Industrias que lucran directamente con esta situación son:
1. 1. Industria de las armas. Según Lauren Lyster (2013) el impacto económico total de este sector es de 31.800 millones de dólares anuales en los EE.UU (equivalente a más de dos veces el presupuesto público de Nigeria para el presente año. Es importante aclarar que esas cifras son únicamente en relación a la venta de retail. No incluye las utilidades generadas por la industria de la guerra o los contratos multimillonarios entre el gobierno y compañías de tecnología militar. Esto último es una problemática previamente abordada por intelectuales e investigadores estadounidenses: la relación entre las políticas federales, los congresistas, la industria de la guerra, las fuerzas armadas, contratos y los flujos de dinero que todo ello representa han sido denominadas por los académicos norteamericanos como el military-industrial-congressional complex -donde la ilegalidad de las drogas juega un rol importante- y se describe desde los años 30´ como una de las amenazas más serias a la democracia de ese país y del mundo.
2. 2. Industria de seguridad privada. Tanto para aspectos financieros y virtuales, como también espacialmente en instituciones, comercio, barrios, condominios privados etc…
3. 3. Entre la industria de la guerra y de la seguridad privada, se encuentran las compañías militares privadas. Aquéllas poseen contratos multimillonarios con el gobierno federal del país del norte, y proveen diversos servicios, por ejemplo en relación al Plan Colombia, detectan cultivos ilegales y brindan entrenamiento militar a la fuerza pública local. Hace un par de años atrás estas industrias generaban ganancias de 100 mil millones de dólares anuales (Yeoman, 2003).
4. 4. Industria carcelaria. EE.UU es el país que mayor población carcelaria tiene en el mundo, tanto en términos brutos como relativos: 2.2 millones personas se encuentran presas en ese país, 1 de cada 4 prisioneros del mundo entero. De ese total, un 25% cumple condena por algún delito vinculado a las drogas (aclu.org, 2011). Se estima que los últimos años las dos compañías más grandes, el grupo GEO (ex Wackenhut) y la Corrections Corporation of America (CCA), invirtieron alrededor de 45 millones de dólares en lobby (Thinkinprogress.org, 2012) en pos de sus intereses económicos: tener más presos. Durante el 2010, sólo la primera compañía mencionada, obtuvo ganancias de 1.270 millones de dólares (Truth.org, 2012).
5. 5. Tecnologías de vigilancia. No sólo son cámaras, operarios, profesionales, tecnologías de escaneos, alta tecnología satelital, y vigilancia para pasos fronterizos y mares, sino que intervenciones espaciales-arquitectónicas, producción de conocimientos -universidades, inversiones enormes en tecnología y capital humano, generación de softwares y tecnologías de vigilancias virtuales y de redes-. Hay un sinfín de industrias de tecno-vigilancia, cuya sofisticación e implicancias son difíciles de imaginar para un ciudadano común, que venden servicios de vanguardia. Si un ciudadano común puede ver todo el mundo mediante Google Earth, ¿qué son capaces de ver las centrales de inteligencia más poderosas del globo? Todas estas tecnologías representan un creciente nicho de negocio.
6. 6. Testeo de drogas. 22 millones de ciudadanos estadounidenses se declaran abiertamente consumidores habituales de drogas (National Survey on Drug Use and Health, 2010), aproximadamente un 9% del total de su población, lo que representa casi la mitad de los consumidores del mundo. Las drogas son parte ineludible de la cultura norteamericana. De ahí que para gran parte de su población es obligatorio someterse a pruebas de drogas en muchísimos sectores laborales (público, privado, transporte, seguridad, o deportes entre otros). Un 60% de los empleados estadounidenses están sometidos a alguna política de drogas desde su empleador. Además, el testeo de drogas es, por ley, parte de una infinidad de procedimientos penales e investigativos. Según un informe de la consultora Trimark (2011), se espera que en el 2015, la industria reciba ingresos brutos de 2.700 millones de dólares.
7. Todos los sectores públicos basan su razón de ser y sus presupuestos en temas de seguridad.
8. 8. Indirectamente se ven relacionadas la agroindustria e industrias extractivas. Por ejemplo, luego de ser rociadas miles de hectáreas con Glifosato, conocido comercialmente como Round Up (de Monsanto), las tierras que estaban cultivadas con coca, amapolas o marihuana, y/o sus alrededores son frecuentemente adquiridas por inversionistas extranjeros. Madereras, mineras, petroleras, empresas de exploración de yacimiento y compañías agrícolas gozan de un festín por la facilitación para cambiar el uso de suelo debido a las intervenciones ya consumadas tras la erradicación de cultivos ilegales.
Sin embargo, las cifras van más allá de industrias multimillonarias concretas. Diversas investigaciones, entre ellas una conducida por el sociólogo británico James Petras (2011), rastrean cómo la industria de las drogas ilegales, al proveer una enorme cantidad de capital hacia los bancos estadounidenses, genera un soporte esencial para el sistema financiero y por ende, para el sistema neoliberal contemporáneo. Este soporte se realiza bajo dos modalidades principales: la inyección de dinero al sistema bancario, importante para sostener el sistema en épocas de crisisy por otro lado, la cruzada contra las drogas y sus respectivas industrias como nicho de expansión e inversión económica para un sistema financiero que por su propio funcionamiento se ve obligado a crecer (Fuders,2010).
Se estima que a nivel global, el tráfico de drogas genera anualmente entre 100 billones a 1 trillón de dólares. El monto de consenso, considerado conservador por muchos investigadores, es de 500 billones de dólares (Worldometers, 2012). “El colchón mágico”, capaz de guardar esos montos está en los paraísos financieros de Bahamas, Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Turks y Caicos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice y Samoa, en lo que refiere al caribe. De ahí, los malabares financieros reparten montos a muchos bancos estadounidenses. Es importante señalar que es este país el que concentra el 45% de los consumidores del mundo (Dammert, 2009), por ende es ahí donde se concentra la mayor parte del mercado. Según la DEA (Drug Enforcement Administration (D.E.A. en sus siglas en inglés; en español: Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas), sólo un 7% del dinero, capital, o cualquier tipo de activo vinculado a las drogas, “vuelve” a los países latinos. James Petras (2011) sostiene que fueron los ingresos provenientes de las drogas lo que otorgaron gran parte de la liquidez bancaria que estas entidades requirieron para operar durante la crisis financiera del 2008. La relación íntima entre drogas, armamentos y ciertos bancos mayores como Citibank, JP Morgan, Bank of America, entre otros, ha dado el paso al concepto “capitalismo narco-financiero” (Petras, 2011).
Por ende, la demanda teóricamente inelástica de las drogas, genera finalmente un flujo de capital en el cual también descansa la estabilidad macroeconómica y financiera del citado país. De ahí, es lógico proponer que tanto el Senado norteamericano, la Casa Blanca y los organismos de inteligencia velen por los intereses corporativos de organizaciones de las que ellos mismos son miembros y socios, o en última instancia, aliados.
A.2
Sin embargo, fielmente basados en los principios del mercado, este juego no consiste simplemente en ganar, sino que también en destruir al otro. A continuación, algunas implicancias para Latinoamérica.
1. Costos ambientales: Toda la cadena productiva en torno a las drogas se encuentra íntimamente ligada a la deforestación, perdida de biomasa y biodiversidad, contaminación de cuerpos de agua –vertimiento de ácido sulfúrico y otros- erosión de los suelos y uso de agroquímicos entre otros impactos.
Algunas cifras y ejemplos: según la vicepresidencia de Colombia, sólo entre 1987 y 1998 se destruyeron 425.000 hectáreas de selva para el cultivo de coca en el país. Por cada hectárea de cultivo, se estima que se eliminan 4 hectáreas más, de modo que un 30% de la deforestación colombiana se debe a esta actividad. En Perú se estima que el 17,5% del bosque primario en áreas de desarrollo alternativo han sido deforestados para producir coca, y más de 2,5 millones de hectáreas de bosques amazónicos lo han sido para el mismo fin (Dammert, 2009). Como anécdota, durante el 2012 se encontró en plena Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala, el denominado “Aeropuerto Internacional”, punto estratégico para cambios de rutas y recargues de combustibles. El impacto total de esta hazaña es de aproximadamente 1.100 hectáreas de deforestación en dicha reserva, según informó el periódico The Guardian (2012). Paralelamente, para el lavado de dinero, el narcotráfico ejerce un importante estimulo a la ganadería, principal fuente de deforestación en Centroamérica y en el Amazonas (Butler, 2012).
2. Violencia. Además del drama humano que ésta conlleva, en términos sociológicos, la violencia se institucionaliza como práctica e identidad de individuos, barrios y territorios. Al mismo tiempo, se entremezcla con guerrillas y organizaciones paramilitares de todo color político. Es de una ingenuidad romántica el idealismo y soporte de muchos ante tales guerrillas, que más allá de legítimas demandas, son directos ejecutores de violaciones a los derechos humanos y se han visto numerosas veces relacionadas con el tráfico de drogas. Los resultados son pueblos enteros amenazados, desaparecidos, desplazados o refugiados, debido al narcotráfico y las guerrillas: millones de seres humanos que viven en medio de la muerte, la violencia y el miedo en caso de que no terminen reproduciendo la misma violencia como mecanismo de adaptación.
Por ejemplo, únicamente en México, entre el 2006 y el principios del 2012, murieron 47.515 personas por violencia relacionada al narcotráfico según cifras oficiales durante el gobierno de Calderón. Por otro lado, Moli Molloy de la Universidad Estatal de Nueva México, estima la cifra en 67.050 para el mismo periodo.
3. Desarrollo local, nacional y regional. Lo anterior impacta directamente en la perpetuación, consolidación y generación de dinámicas de pobreza territoriales. El miedo, la desconfianza hacia las autoridades, la incertidumbre, la impunidad etc. Todas son variables que afectan directamente la cohesión social, y por ende en la capacidad de las regiones de definir y generar un proyecto social.
Algunos impactos de desarrollo regional/local fáciles de vislumbrar son los relacionados con la industria turística: los beneficios quedan relegados a unos cuantos enclaves de propiedad extranjera en vez de expandirse a otras zonas, impidiendo beneficios a nuevos actores y territorios donde sería posible introducir mejores prácticas de sustentabilidad que las realizadas en resorts “all-inclusive”. El impacto sobre el desarrollo es difícil de cuantificar o concebir, ya que deprimen dinámicas complejas y sinérgicas que no son fáciles de prever. Sólo a modo de ejemplo: quizás, si hubiese mayor integración regional, las asociaciones de cafetaleros en muchos de estos países serían más y más fuertes, logrando institucionalizar el Comercio Justo y así exigir mejores precios. Por otro lado, los enormes gastos que en que los Estados latinoamericanos incurren combatiendo las drogas, es un despilfarro enorme de recursos, que se pierden en vez de propiciar el financiamiento de proyectos sociales.
Claramente el negocio de las drogas brinda sustento a familias y territorios completos al generar una red económica indispensable para millones de personas. Sin embargo, sin duda que los beneficios serían incuantificablemente mayores, tanto para la población como para el Estado, si esto fuera una actividad regulada en vez de valerse por las armas, el miedo, la extorsión y la muerte.
3. Corrupción de las instituciones y erosión de la gobernabilidad: El impacto va más allá de la corrupción en todo nivel y la obstaculización de políticas públicas. La guerra contra las drogas también limita la soberanía política de las naciones latinoamericanas, tanto por acuerdos oficiales como mediante turbias operaciones de inteligencia norteamericanas. Oficialmente, los gobiernos deben alinearse a la política estadounidense: así, aceptan mecanismos de presión y se suman a esta cruzada, como por ejemplo el ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga, ATPDEA, por sus siglas en inglés), el cual otorga beneficios arancelarios a las exportaciones si los países andinos se comprometen a “combatir las drogas”. En cuanto a mecanismos extra-oficiales, se encuentran por ejemplo, las implicancias ocultas del conocido Plan Colombia o la implementación del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamérica), una red de infraestructura regional para agilizar y profundizar la extracción de recursos naturales de todo el continente –saqueo ambiental-. Lo que no se hace formal e informalmente en las embajadas, se hace en las bases militares de inteligencia presentes en la región.
Otros ejemplos más cercanos pueden ser las recientes investigaciones del periodista chileno Patricio Mery Bell (panoramanews.cl), que revelan el complejo círculo entre la CIA, algunas autoridades chilenas, y la venta de drogas para financiar una desestabilización al gobierno de Correa en Ecuador. O por último, el apoyo prestado desde el Fuerte Aguayo –base Nortemericana en Con Con- al gobierno de Sebastián Pinera para reprimir el movimiento estudiantil chileno.
Por ende, donde no hay terrorismo ni talibanes, hay una guerra contra las drogas para justificar todo tipo de intervención a favor de la hegemonía política-corporativa estadounidense y en últimos términos, de las multinacionales.
(*) Sociólogo, candidato Magister en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica. Univesidad Austral de Chile.
Fuente: La Pala
Referencias:
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