50 Años es Nada IV: El Royaly de Macetero

Hola, hola, amigas, amigos; amigues, bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión, fundado en datos duros e indesmentibles. El 14 de agosto pasado, el gobierno promulgó la nueva Ley de Royalty Minero, entablada como moción parlamentaria por un grupo de diputados de la «centro izquierda», en septiembre de 2018.

Proponía un impuesto por la explotación del cobre y el litio, equivalente al 3% ad valorern, es decir, sobre las ventas, proyecto que reactivó el actual gobierno en julio, con una serie de indicaciones.
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Se dijo que aumentará la recaudación fiscal hasta el 0,5% del PIB; que representa un avance en descentralización y justicia distributiva y que generará un fondo de US$450 millones a repartir entre las regiones y comunas del país; todo lo cual es naturalmente cierto, y que nadie en su sano juicio podría cuestionar.

El problema consiste en que se trata de palabras que se las lleva el viento; y que es más elocuente lo que se omite que lo que se publica. .

Ningún medio ha difundido que la cocina parlamentaria y las indicaciones del gobierno

a) rebajaron la ya de suyo modesta propuesta del 3 al 1% ad valoren, modalidad de impuesto a las ventas, que sí deja al Estado un royalty por ese monto; pues es ineludible, dado que las ventas no se pueden ocultar y es un impuesto al usufructo del recurso. De hecho, debido al impuesto del 1% ad valoren, por primera vez desde que se instalaron en Chile, las compañías del GMP10 deberán presentar, ante la Comisión para el Mercado Financiero e Impuestos Internos, sus estados financieros anuales, individuales y consolidados.

b) que el nuevo royalty no es tal, sino sigue siendo un impuesto específico a la minería; y que, en el mejor de los casos, aumenta la recaudación fiscal en un módico 0,15% del PIB;

c) que para aquellas empresas acogidas a alguno de los profusos mecanismos de invariabilidad tributaria, es decir todas las del GM10, el pretendido «royalty» es voluntario;

d) que la nueva ley aplica a las ventas de sustancias minerales ya extraídas; es decir, excluye al litio; y

e) lo más grave, se seguirá pagando sobre la renta imponible, la perfecta política ficción, toda vez que es suficientemente conocido el arsenal de modalidades de las GM10 para manipular balances y estados financieros, para reducir utilidades y evadir impuestos; ante la desidia y miopía de las instituciones encargadas de controlarlas, léase Aduanas e Impuestos Internos.

La Ley 21.591 establece un «componente sobre el margen minero», variable que depende de la renta imponible operacional, conforme al siguiente criterio:

– Si el margen operacional es inferior al 20%, la tasa ascenderá a 8%.
– Si es superior a 20 e inferior a 45, la tasa llegará al 12%
– Si es superior a 45, la tasa efectiva llegará al 26%.

Ojo con esto: si el margen operacional es negativo, no aplica la ley.

Las cuentas de la lechera, escenarios de cartón piedra y florilegios retóricos.

Nunca, desde 2006, fecha en que las GMP10 empezaron a pagar impuestos, la renta imponible operacional se ha acercado siquiera al 20% real.

Lo dicen los datos.

En el primer trimestre de 2023, Escondida, de BHP Billington, reportó caída de utilidades en 21,31%; 2% en sus ventas y 23% en impuestosm mientras sus impuestos en 23%, mientras sus costos aumentaron en 23,7% y en 11% su producción.

Un escenario absurdo, pero eso es lo que declaró la mayor minera privada del país, sin que a autoridad nacional alguna le llame la atención.

Anglo American PLC, operador de los minerales Los Bronces y El Soldado, informó que, para el mismo período, sus utilidades descendieron en 66%, mientras sus ingresos netos lo hicieron en un 13%.

En su balance 2022, Doña Inés de Collahuasi, de los consorcios Anglo American PLC, Glencore y Japan Collahuasi Resorurces, declaró que sus ingresos operacionales cayeron en 18,4%; sus utilidades en 35%, y su producción en 9,5%.

Es decir tres de las mayores empresas del GMP10, declararon caída de utilidades e ingresos operacionales.

Mish, que casualidad.

En palabras del ministro Marcel, el espíritu de la ley apuntó a equilibrar la participación en las rentas provenientes de la minería para el país y mantener un clima favorable a las inversiones.

Un oximoron absurdo, algo así como un día nocturno, un desierto densamente poblado, o un enano de gran tamaño..

Resultado neto: cero avance en recuperación de soberanía económica, de manera que se seguirá regalando el cobre de todos los chilenos a aprecio irrisorio, sin que el capital pague un solo dólar por el pasivo ambiental o por las «externalidades negativas», que ocasionan los grandes proyectos extractivistas en los entornos naturales y las comunidades circundantes.

Se trata de montos estratosféricos, que pueden cambiar el rumbo de la economía del país.

Según datos de la BCN, entre los años 2010 y 2016 la minería privada se embolsó utilidades por más de US$54 mil millones; mientras que pagó por impuesto a la renta US$14,6 mil millones, y US$2,1 mil millones .equivalentes al 27% y 3,8% de la utilidad.respectivamente.

Estos datos coinciden con los resultados de un estudio de académicos de la Universidad de Chile, entre ellos los investigadores Gino Sturla y Ramón López, que demuestra que las diez grandes mineras privadas contribuyen menos de la mitad de lo que paga Codelco, es decir, su tasa efectiva es casi cuatro veces mayor por tonelada de cobre, que las grandes mineras privadas; a pesar de que tiene costos incomparablemente mayores y las leyes de sus minerales son significativamente menores. .

Según los autores, la riqueza regalada a la gran minería privadas a lcanza un valor piso de US$114 mil millones, entre 2005 y 2014. Y concluyen:

«El hecho de que Chile sea incapaz de recuperar estas enormes rentas para todos los chilenos se debe, en gran parte, a la falta de información de la ciudadanía sobre la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la reticencia de las autoridades políticas y económicas a desarrollar los mecanismos necesarios para captar estas rentas».

Desgraciadamente, por la cuestión tiempo, no alcanzaré a abordar el tema del Plan Nacional de Litio, anunciado recientemente por el gobierno. Pero, para dejarlo planteado, acude en nuestro auxilio el mago equilibrista, Mario Marcel, con la siguiente intervención, que ahorra mayores comentarios:

«Esta estrategia plantea la posibilidad de ampliar la industria, incorporar nuevos actores en asociación con el sector público a través de otras modalidades distintas de las que han operado hasta ahora. Es decir, ya tenemos un mecanismo de cooperación público privado a través de los contratos especiales de operación, . que ciertamente, se respetarán. Ahora existirán a través de joint venture con una empresa pública, en lo inmediato con Codelco y más adelante con la Empresa Nacional del Litio. Entonces mirado desde el punto de vista del sector privado, se amplían las posibilidades, no se estrechan».

En suma, por virtud del cabildeo de la minería privada, y la lenidad de los poderes públicos, sea por convicción idelológica, intereses cruzados, o corrupción, con el litio, Chile corre el riesgo de convertirse en el primer país que tropieza por tercera vez con la misma piedra, después del salitre y el cobre, en el altar del libre mercado y la globalización de la economía.