Cuando a principios de julio de este año Sernapesca comunicó un nuevo caso de virus ISA en uno de los centros de cultivo de Salmones Blumar en la región de Aysén, uno de los antecedentes que hasta ese momento se desconocían y que fue hecho público fue que la empresa tiene interés en instalarse en los canales y fiordos de Tortel. Así lo informó en su oportunidad la ONG Oceana que, junto a organizaciones regionales y de la propia caleta, impulsa la campaña “Tortel libre de salmoneras”, en oposición a la propuesta técnica que la Subsecretaría de Pesca presentó ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) para habilitar en la zona nuevas “áreas aptas para la acuicultura con el objeto de experimentación asociada a la reproducción de especies salmónidas”.
La situación consignada a principios de julio se sumó a los cargos que la Superintendencia de Medio Ambiente formuló contra Blumar en abril de este año por una serie de “una serie de incumplimientos ambientales en los centros de engorda” en el litoral norte de la región.
Dentro de los principales problemas, el organismo consignó “presencia de residuos y elementos en desuso propios de la actividad acuícola en el borde costero aledaño”, “presencia de gran cantidad de redes acopiadas y tensores de sujeción en el fondo marino aledaño al espacio concesionado” y que “no se sigue el procedimiento obligatorio para el transporte, limpieza y desinfección de las redes empleadas”.
Además, constató que la “plataforma de ensilaje y estructura anexa a ella no poseen pretil de acumulación para evitar el derrame de desechos al mar”, “vertimiento de desechos orgánicos al medioambiente”, que “no se realiza el procedimiento de recolección diario de las mortalidades”, “disposición deficiente de las mortalidades recolectadas y no se realiza su desnaturalización de forma adecuada” y que “no llevan a cabo las medidas de contingencia establecidas en caso de mortalidades masivas y falla de sistema de ensilaje”.
El tema, que podría no pasar más allá de un aspecto administrativo, se complejiza al saber que uno de los integrantes de la CRUBC, en representación de Salmón Chile, es funcionario de esta empresa, la que sería, eventualmente, beneficiada con una decisión favorable de la comisión.
Se trata de Paulo Jorquera, jefe de Concesiones, Medio Ambiente, Certificación y Seguridad de Salmones Blumar, cuyo voto podría ser fundamental durante la sesión en que se resuelva sobre las nuevas AAA en Caleta Tortel. Reunión a la que aún no se convoca y que se supone debiera ser convocada dentro de las próximas dos semanas.
Paulo Jorquera ya ha visitado la localidad para hacer gestiones a favor de la habilitación de nuevas áreas aptas para la acuicultura. Junto al representante de Salmón Chile en Aysén y también integrante del CRUBC, Andrés Pincheira, sostuvo el 9 de septiembre de 2014 una reunión con el alcalde Bernardo López y el Concejo Municipal, según se desprende del Acta Nº 64 de la corporación edilicia.
Los aportes reservados de Blumar
El trabajo de Blumar, que nació en 2011 de la fusión de las pesqueras Itata y El Golfo, en pos de construir escenarios favorables a sus intereses tiene larga data.
Según un reportaje de Ciper Chile desde el año 2005 (cuando aún era pesquera Itata) ha entregado sistemáticos aportes reservados a candidaturas políticas, a los que se sumaron en 2010 los de Salmones Blumar.
Algo totalmente normal si no fuera porque Ciper Chile consignó en el artículo “Financiamiento ilegal de la política: Los pagos de las pesqueras” que de varias compañías mencionadas como aportantes a campañas electorales “dos aparecen ahora como receptoras de boletas de personas que son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM sin respaldo: Corpesca, que pertenece al Grupo Angelini, y Blumar (en su calidad de heredera de Pesquera El Golfo), que es controlada por la familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz”.
El trabajo coordinado de Blumar, Salmón Chile y la Subsecretaría de Pesca para habilitar nuevas concesiones acuícolas en Tortel ha preocupado a la comunidad aysenina.
El sector turístico, organizaciones de desarrollo, ambientales e incluso políticas han salido a cuestionar la propuesta, llamando al gobierno a retirarla al igual como se hizo con la del litoral norte.
Llamados que trascendieron la cordillera de Los Andes, cuando la prestigiosa revista National Geographic publicó el 15 de julio pasado la foto del día mostrando jaulas salmoneras en la reserva nacional Las Guaitecas para alertar sobre los impactos ambientales de la actividad e informar que hoy pretenden “trasladar los criaderos al sur, donde están los fiordos de aguas más limpias, dejando tras de sí residuos, enfermedades y aguas sin oxígeno”.
De esta forma, se exige que se cumplan tres etapas previo a aprobar cualquier nueva AAA o relocalización de concesiones: una completa auditoría de los impactos sociales y ambientales de la salmonicultura en la región, desarrollar estudios de capacidad de carga e implementar políticas de participación ciudadana vinculante, particularmente en las áreas que se pretende intervenir.
Y a largo plazo, realizar un nuevo proceso de zonificación del borde costero, a la luz de que han pasado casi 15 años desde que se desarrollara el que culminó en la promulgación del Decreto Supremo Nº 153 del 20 de mayo de 2004 y de que con posterioridad se vivió uno de los problemas ambientales, sanitarios y sociales más grandes de la zona sur austral de las últimas décadas: el virus ISA.
 para habilitar en la zona nuevas “áreas aptas para la acuicultura con el objeto de experimentación asociada a la reproducción de especies salmónidas”.){kind=link}