El problema de los “mínimos comunes” entregados por los partidos de la ex concertación al agónico gobierno de derecha, no es lo que dice, sino lo que permite a propósito de su omisión sobre una definición clara de la orientación que debe adoptar la recuperación económica y social si de verdad queremos anclarla a las demandas mayoritarias del pueblo chileno expresadas con nitidez desde el estallido social.
En los términos actuales de la propuesta concertacionista, los “mínimos comunes” para la derecha significan la oportunidad de amarrar la orientación de la recuperación económica y social dentro de los márgenes del modelo neoliberal y para la concertación (por torpeza extrema o derechamente por dolo) afirmar esta orientación, condicionando incluso a futuros gobiernos y al proceso constituyente.
Algo similar a los objetivos del acuerdo 15N.
Es posible argumentar que antes del fin del modelo neoliberal en Chile sigue vigente aun su ideario dentro de la sociedad chilena.
Por un lado, una derecha que ha optado por ir en conjunto al proceso constituyente, y ven como esa unidad ha logrado juntar en una sola lista, todo lo que los chilenos rechazan.
Esa unidad que les permite soñar con el triunfo pírrico de alcanzar matemáticamente sobre el 33% en la próxima convención constituyente y constituirse como poder de veto dentro.
Sin embargo, esa misma nítida “unidad” es también la que permite a un amplio número de ciudadanos y ciudadanas saber correctamente cual es la lista que tributa al gobierno con un 9% de apoyo.
Por otro lado, existe un grupo de partidos políticos que se han “plegado al proceso antineoliberal” post estallido social. Pero, a diferencia de la real convicción y esperanza del pueblo chileno en tal dirección, este pliegue es más bien táctico, un intento desesperado por no superar el neoliberalismo, sino para afirmar (desdibujando el proceso) su contenido dentro de la sociedad.
Es el camino que sin duda han definido adoptar partidos como la DC y el PPD, hoy “flamantes antineoliberales”, pero que nos proponen seguir con las cuentas de ahorro individual que son el corazón del sistema de AFP, no tocar a las grandes fortunas para no impactar la inversión y seguir dando gobernabilidad a Chile a la usanza de la transición con “grandes acuerdos”.
Son sectores que podríamos denominar Quinta Columna, pues para ellos la autocrítica a los “gloriosos” años 90`s es imposible, ya que no alcanzan a ver lo nefasto de las políticas privatizadoras y financieristas que impulsaron. Nunca les importo el medio, sino sólo el resultado: aumento de la matricula en la educación superior dando lo mismo el costo social y económico para las familias chilenas.
En un capitulo más de esta caída en cámara lenta de las lógicas neoliberales, hemos conocido el proyecto de “mínimos comunes” entregado por la ex concertación al gobierno. Contempla una Renta Básica Universal de Emergencia, apoyos a las PYMES, modificaciones al sistema sanitario para enfrentar al COVID y políticas de financiamiento de las políticas.
Sin duda, es muy rescatable la propuesta de RBUE, pues significa un gasto de US$3.600 millones mensuales a mas de 14 millones de chilenos y chilenas, permitiendo que salgan de la pobreza por 3 meses. Esta política es un espejo de lo propuesto por Central Unitaria de Trabajadores de Chile desde marzo del año 2020, por lo que es valorable que se inicie un camino a convertirse en política publica.
En el caso de las PYMES, de manera correcta se busca aumentar los financiamientos a las empresas morosas o con dificultades económicas. Si bien es difícil adivinar cuales son los montos propuestos y si alcanzarán para que se reactiven las empresas de menor tamaño, todo parece mas encaminado a que cierren los niveles de deuda que mantienen y no que reinicien la actividad economía.
Sobre el empleo, se insiste sobre políticas que buscan crear subsidios a la contratación o mantención del empleo, los cuales van a beneficiar directamente las utilidades empresariales, cometiéndose el error neoliberal de pensar que mientras mas barato el salario mas empleo se contratara, lo que es falso.
El nivel de empleo depende directamente de la actividad económica, el compromiso del gobierno debe ser con la inversión publica intensiva en mano de obra. Las políticas propuestas no distan de las aplicadas en los gobiernos de la concertación y tendrán el mismo nulo efecto sobre el bienestar de los trabajadores.
Las medidas de financiamiento de estas políticas transitorias si bien recogen algunas de las propuestas entregadas por la Central Unitaria de Trabajadores, hábilmente omiten aquellas que significarían un cambio estructural en nuestro sistema tributario y, por ende, una recuperación social y económica con resultados distintos a los que se darán dentro del modelo neoliberal.
Propuestas como aumentar el nivel de endeudamiento, utilizar parte de los fondos soberanos y otras de este tipo, son muy importantes a la hora de financiar este plan, pero si no queremos seguir haciendo lo mismo, es urgente sumarle propuestas de impuestos que cambien la estructura tributaria, que impliquen como ellos mismos manifiestan, que la crisis la paguen los mas ricos y no los trabajadores y trabajadoras como hasta ahora.
En definitiva, el documento es muy débil en la crítica estructural al sistema vigente, son políticas pasajeras para la emergencia que no cumplen con cuestionar el problema que se vive a nivel de la distribución de los ingresos entre el capital y el trabajo en nuestra sociedad.
La propuesta evita mejorar la posición de los trabajadores y trabajadoras, sin pronunciarse por el proyecto de salario mínimo o dotar de mejores condiciones a los sindicatos en la pandemia.
Por otro lado, evita generar un mayor esfuerzo desde las grandes empresas y fortunas, para solventar la crisis económica.
(*) Econ0mista de la Fundación FIEL
(**) Abogado laboralista
