Los trabajadores de las principales empresas de recolección de residuos domiciliarios han iniciado una huelga reclamando mejores sueldos y condiciones laborales. Se trata, desde luego, de una reivindicación justa, que no sólo debe ser cobrada a sus empleadores sino también a mandantes (municipios) y usuarios finales (nosotros los vecinos). Pero además de desear una pronta solución a los problemas de los recolectores de los residuos (los que seguramente son mayores a las molestias que pasaremos estos días), debiéramos fijarnos en aquellos problemas sistémicos que hay detrás de este conflicto.
La Ley encomienda a los municipios recolectar los residuos, disponerlos y prorratear el costo entre los vecinos. A la vez, obliga a eximir a cerca del 70% de los usuarios. A algunos hogares el cobro lo hace Tesorería junto con las contribuciones territoriales. A otros, deben cobrar directamente los municipios; muchos alegan que se gasta en cobranza más que lo que se recauda. El sistema está desfinanciado por definición.
Los municipios, además, se enfrentan a una oferta concentrada, que por lo que vemos ahora cobra mucho pero paga poco.
El problema no es sólo la cantidad de plata. La gestión de residuos domiciliarios no tiene un norte. Si lo tiene, se trata de cumplir apenas con unos pocos mínimos legales y ambientales.
Los municipios tienden a focalizar su trabajo en la recolección de residuos, y no siempre otorga al manejo de estos la atención que se necesita.
¿Por qué? Porque nos da lo mismo lo que pase con la basura una vez que sale de nuestra vereda, siempre que la retiren pronto y gratis.
Y los alcaldes, en esto, nos dan el gusto.
Retirada la basura, hay que hacerse cargo de ella. La solución histórica ha sido el vertido: en basurales, luego en vertederos y ya en la zona más poblada del país, en rellenos sanitarios. Pasar del vertedero al relleno es valioso: se reduce contaminación de aguas y emisiones de metano. Pero los rellenos no pueden ser la meta, sino un primer paso.
Podríamos evaluar algunas medidas para mejorar el manejo de residuos, entre otras:
1) Elevar estándares laborales, ambientales y sociales en licitaciones de manejo de residuos por parte de municipios.
2) Evaluar gestión directa de municipios en algunas funciones. No descartarla a priori por ideología.
3) Asignar un subsidio de Estado a municipios, proporcional al número de habitantes exentos de pago (corregido, según, por factores de costo).
4) Ordenar uso de FNDR en un contexto global, y más enfocado a educación y reciclaje (no sólo a camiones y rellenos).
5) Racionalizar las exenciones de pago, y que Tesorería apoye más en la cobranza. Eso de que “el que contamina paga” debe ser válido para todos.
6) La forma en que municipios pagan a recolectores y rellenos, y cobran a sus vecinos, debe incentivar (y autoimponer) la reducción y el reciclaje.
7) Que municipios paguen a recicladores (formales o informales) lo mismo que pagan a camiones y vertederos por retiro y disposición de los residuos. Ellos generan beneficios económicos para los municipios. Muchos de ellos trabajan en precarias condiciones, y si bien obtienen una modesta ganancia por su trabajo, no se justifica aprovecharse de ellos.
Finalmente, el manejo de los residuos domiciliarios no debe verse aisladamente de la gestión de residuos en general. Es de esperar que los anuncios del Gobierno, primero de una Ley General de Residuos y ahora de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, se materialicen y contribuyan a que una relación más sostenible con los materiales.
(*) Ingeniero Industrial, Magister en Ciencia Política, profesor de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.
Fuente: El Quinto Poder
