La Cámara de Senadores de Argentina aprobó el proyecto que establece un aporte solidario extraordinario de «grandes fortunas», para contribuir a enfrentar laos costos de la pandemia y sacar al país de la crisis.
El texto fue elaborado por los diputados Máximo Kirchner -hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país y titular del Senado- y Carlos Heller.
«Entre los motivos por los cuales estamos frente a este proyecto es la pandemia, que ha afectado gravemente las finanzas del Estado. Nos parece razonable que aquellos sectores más privilegiados hagan una contribución extraordinaria y por única vez», señaló el senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta.
La iniciativa ha despertado gran rechazo de las entidades empresariales de Argentina, que califican el aporte de confiscatorio y de gravar los bienes destinados a la producción, en un contexto de desconfianza de los inversores sobre el devenir de la economía.
El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos (casi 2,5 millones de dólares).
El «aporte» a pagar por única vez alcanzará a 11.855 personas humanas, según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, por encima de los 9.298 que se había calculado al inicio del debate, debido al efecto de la devaluación del peso sobre el universo alcanzado.
En el Congreso, el debate se dividió entre la posición oficial, de que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura del principal grupo de la oposición, Juntos por el Cambio, que denunció que es un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que es «confiscatorio» y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los bienes personales.
En el Senado, la iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos y 26 votos negativos. En Diputados, contó hace poco más de dos semanas con el apoyo de los bloques minoritarios de la oposición para aprobar el proyecto.
Debido a las diferencias en la coalición de gobierno, el oficialismo había buscado mostrar el respaldo del Poder Ejecutivo durante la sanción en Diputados, y una comitiva de funcionarios asistió al Congreso, entre ellos el ministro Martín Guzmán (Economía).
El Gobierno estimó recaudar más de 300.000 millones de pesos (unos 3.675 millones de dólares al cambio oficial), que serían destinados a aplicar medidas para afrontar los efectos de la Covid-19 y «apoyar el camino de recuperación económica» del país, sumido en una profunda recesión desde 2018 y con 40,9 % de la población bajo la línea de pobreza.
¿Cómo andamos por casa?
El 1 de junio pasado, un grupo de diputados, compuesto por Gabriel Ascencio (DC); Karol Cariola (PC); Daniel Núñez (PC); Camila Vallejo (PC); Giorgio Jackson (RD); Luis Rocafull (PS); Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) Alexis Sepúlveda (PR); Raúl Soto (Independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social). entabló una moción parlamentaria que establece un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones con el objetivo de recaudar recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19.
Este impuesto, que se cobraría por única vez, podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones. Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas. CASEN, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.
Sin embargo, distintas maniobras dilatorias del ejecutivo y la mesa de la Cámara ha impedido, hasta ahora, el despacho de la moción, lo cual contrasta cvon el proyecto del ejecutivo. de cobrar impuestos al segundo retiro del 10% del fondo de pensiones.
Por eso, en si intervención durante la discusión de ese proyecto, la diputada Camila Vallejo llamó al gobierno a dejar de hacerse el desentendido con el impuesto a los súper ricos:
“Lo que estanos discutiendo no es mala ni buena política pública, porque no es una política pública, sino una medida de emergencia y extraordinaria. No puede ser tampoco que una medida de emergencia esté afecta a imposiciones, no es una regla permanente para que se someta al régimen tributario. No diré que el gobierno llegó tarde, que actúan prepotente, porque todos sabemos.
No se entiende que, a una mujer trabajadora, profesional, madre soltera, tres hijos y gana 1,6 millones, tenga que pagar el mismo impuesto que un trabajador que gana lo mismo, pero vive solo, sin hijos.
Mientras que a los super millonarios como Luksic o Piñera, se les regalan exenciones y perdonazos tributarios, es completamente injusto e irritante. Porque este gobierno, a la hora de cobrarle impuestos a la hora del segundo retiro, usa a todos los ministros en una gran ofensiva, mientras que, por otro lado, a la hora de apoyar al impuesto a los súper ricos, el gobierno se hace el Larry”. Eso es lo que molesta, perdonen la expresión, pero mirar para el lado y desentenderse, irrita y molesta, que el gobierno deje de hacerse el Larry con el impuesto a los súper ricos”.
