El derecho laboral y su cuerpo normativo hoy requieren, al igual que nuestra Constitución, de una reformulación urgente que genere contrapesos y equilibrios hoy inexistentes. Urge darle a la parte más débil de la relación laboral -el trabajador- más herramientas, de forma de contar al fin con una libertad real de contratación y de trabajo en nuestra nación.
Algo se ha avanzado en este sentido con el nuevo procedimiento laboral. Pero pensar que la equidad se logra acudiendo a los tribunales de justicia, como sucede con la mayoría de los abusos que se dan en nuestra sociedad, implica una mirada estrecha, que ignora la corresponsabilidad de todos los actores respecto de los derechos sociales en general, y del trabajo en particular.
Una mirada superficial al código del trabajo revela situaciones dentro de su articulado que ya nos parecen normales; conceptos a los cuales los involucrados en la relación laboral nos hemos acostumbrado, y que por tanto pasan inadvertidos.
Varios artículos dejan en evidencia con meridiana claridad la mirada del poder en Chile respecto del mundo del trabajo, donde se ha instaurado una relación asimétrica desde el origen, desde el concepto del trabajador y su precaria posición en la relación laboral. Por ejemplo, respecto al contrato individual de trabajo (art. 7 del Cod. del Trabajo), donde el trabajador se obliga “a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador…”.
Este enunciado, puesto en el marco del entramado laboral vigente en Chile, deja de ser una mera afirmación descriptiva de categorías jurídicas éticamente neutras. Nos habla, en cambio, de un trabajador silenciado desde el origen, un ser humano dependiente y subordinado. En nuestro país, no tenemos un sistema participativo o de cogestión de la economía que incluya a todos los actores que participan de ella, como en otros países.
Aunque pocos han reparado en aquello, uno pudiese preguntarse de dónde surgió esta mirada tan decidora de lo que son los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
“Cae de cajón”, respondería alguien que mira el círculo de poder chileno, el cual tiende a actuar desde una mirada economicista de nuestra sociedad, pretendiendo manejar los hilos de Chile cual titiritero, y que al mundo del trabajo lo mira con temor y lo trata de acallar de diversas maneras. “Cae de cajón”, diríamos si miramos el modelo constitucional y legal construido por la dictadura y que se mantiene casi en su integridad.
Procurar el cambio del concepto de trabajador y el lugar que ocupa en la relación laboral, desde su mismo origen jurídico, es una tarea de enorme trascendencia para conseguir mayores niveles de libertad y fortalecer la posición de los trabajadores en cualquier espacio donde les toque relacionarse. Promoverla se transforma en un imperativo para Revolución Democrática y el mundo político en general; y para esto es necesario sumar fuerzas.
Otro tema que se impone revisar es el sistema de gratificaciones y la forma en que los trabajadores comparten las utilidades de las empresas; cuestión que brilla por su ausencia en el discurso de los actores políticos actuales. Este mecanismo es el único contemplado en la ley por el cual el trabajador participa de las utilidades de la empresa, que es también producto de su esfuerzo y contribución.
Este derecho va ligado directamente a un asunto que sí ha cobrado relevancia en la discusión pública desde prácticamente todos los sectores: la mala distribución del ingreso en Chile. Nuestra legislación contempla que el 30% de las utilidades netas de una empresa sea repartido entre sus trabajadores a prorrata de sus respectivos sueldos.
Pero esto no se da en la práctica, dado que se permite abonar simplemente un 25% de la remuneración al trabajador para evitar esa obligación. El efecto es que las empresas finalmente ingresan a su estructura de costos ese porcentaje al momento de calcular las remuneraciones, con lo que el dispositivo pierde su mismo sentido.
Se agregan otros aspectos de la ley que inciden radicalmente en la baja sindicalización y la atomización de los sindicatos: la baja cobertura de la negociación colectiva, la falta del derecho real a huelga, etc. Todos estos son síntomas de un sistema que da cuenta de un desequilibrio sistémico en materia laboral, y que cada día, aunque se trate de ocultar, va acumulando rabia, frustración y descontento en una gran parte de nuestra población.
Hoy las trabajadoras y trabajadores chilenos son la parte más débil de una relación laboral desprotegida deliberadamente por el círculo del poder económico chileno. Los trabajadores son incapaces de disputar los frutos del crecimiento del país a los empresarios, puesto que los mecanismos que se lo permiten no funcionan correctamente.
Hoy vemos las grandes movilizaciones sociales y nos preguntamos por los trabajadores. ¿Dónde están? ¿En qué pasaje de la historia se escondieron? ¿Dónde quedaron los grandes movimientos sindicales de antaño?
A los trabajadores los borraron del mapa en la dictadura, y en democracia no les ha ido mejor. Los utilizaron como instrumentos de acceso del poder, para luego abandonarlos en el camino. Les prometieron cambiar el Plan Laboral de la dictadura, pero su estado actual es prueba indesmentible de que han sido permanentemente dejados de lado.
Lo que hoy debemos proyectar y desarrollar con una mirada de futuro, es cómo le devolvemos a esos hombres y mujeres su dignidad, su posición de seres humanos en el mundo del trabajo, a la altura del rol crucial que juegan en la gran economía chilena.
La pregunta es cómo entregar una capacidad real de decisión e influencia; cómo restaurar las herramientas para plantearse sin temor, de igual a igual, con esa contraparte que ostenta el poder económico y político, y que no quiere compartir los frutos del trabajo de Chile.
Debemos trabajar conscientemente para instalar en el imaginario social la idea de que el trabajo crea riqueza; no sólo la acumulación de grandes capitales, como nos han hecho creer. La disputa cultural pendiente aquí no es menor. Y los cambios legislativos forman parte de las armas a emplear.
Por ello, debemos trabajar y promover con convicción un nuevo Código del Trabajo, que dote al país de un modelo de relaciones laborales distinto, y que reivindique el rol de los trabajadores en el sistema productivo de nuestro país. Ésta ha de ser la vía principal para generar una mayor equidad.
Gracias al movimiento estudiantil, se ha puesto en la discusión pública la necesidad de una mejor educación. Es, al fin, posible suponer que tendremos una gran revolución educacional. Pero si no cambiamos las normas que afectan al trabajo, obligaremos a los nuevos profesionales a entrar y desarrollarse en un espacio laboral lleno de reglas desequilibradas que favorecen solo a unos pocos.
Debemos transitar como país, desde una sociedad de consumo a una sociedad de derechos. Ese es el nuevo modelo que como Revolución Democrática queremos construir.
El trabajo es un derecho humano reconocido por los Tratados Internacionales, así como la sindicalización y la negociación colectiva. Reconocer estos derechos en su integridad y asegurar su ejercicio por parte de todos los ciudadanos es indispensable para tener una democracia verdadera y que reconozca la dignidad de todos sus miembros.
(*) Frente Sindical Revolución Democrática
