Desde el 18 de octubre pasado, Piñera ha tenido suficiente tiempo para calibrar lo que pesan los medios electrónicos independientes y las redes sociales en la ruptura del cerco informativo que necesita el modelo neoliberal.
Por eso, en una medida elíptica y oblicua, propia de su sello, estableció la censura de hecho sobre ellos, con el nuevo Permiso Único Colectivo –desde ayer, el único salvoconducto disponible para prensa– que exige que los medios que lo soliciten, tengan inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, requisito que no cumple un gran número de medios y profesionales comunitarios, independientes, corresponsales extranjeros y comunicadores populares.
No es accesorio consignar que la medida se da en simultáneo con la renovación por otros 90 días de estado de excepción, y con toques de queda con profusa presencia militar en las calles.
Además, la limitación no está explicitada en el instructivo elaborado por el Ministerio del Interior, sino que sólo aparece una vez que el interesado se encuentra en el proceso de llenado de la ficha para obtener el permiso en la Comisaría Virtual, cuestión que ya de por sí limitaba el trabajo periodístico, al someterlo a la obtención recurrente de permisos y salvoconductos.
En opinión de Gustavo Alfonsi, abogado encargado de litigación estratégica en el Observatorio de Derecho de la Comunicación, la medida atenta contra los principios básicos de la libertad de expresión, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
«Es evidente la discriminación hacia todas aquellas personas que ejercen el periodismo sin haber formalizado su actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. Estoy pensando, por ejemplo, en fotografos y reporteros de Prensa Opal, Canal 3 de La Victoria, o Piensa Prensa, entre muchos otros actores relevantes -informales desde la perspectiva tributaria- y su cobertura de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social, sin duda una función periodística».
No cree que la medida apunte a limitar el número de personas en las calles, como pretexta el gobierno:
“El gobierno no ha expresado ninguna evidencia de que los salvoconductos para comunicadores y periodistas estén generando un daño al bien jurídico de la salud pública o sean un problema para la mantención de la cuarentena. El universo de periodistas es tan acotado que resulta difícil entender o aceptar que estas restricciones sean necesarias”.
Para Carlos Muñoz, comunicador de Radio Villa Francia, el requisito de inicios actividades viene directamente a censurar el trabajo de los medios independientes:
“Cabe recordar que los medios tradicionales cuestionaban si era cierto o no que Carabineros disparara a los ojos de los manifestantes y fue por los medios autogestionados que se difundieron imágenes brutales sobre estos hechos”.
En su opinión es una discriminación “contra los medios pobres que intentan hacer reflexionar al pueblo y que intentan mostrar el fracaso de un sistema que tiene como objetivo que una minoría mantenga sus privilegios».
“Para eso es que levantan todos estos requisitos: atacan a su piedra en el zapato”, agregó.
Para Juan Ortega, coordinador de contenidos de la radio comunitaria RadioJGM y profesor de Comunicación Comunitaria en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el requerimiento adoptado por el gobierno no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que responde a una mirada economicista de las comunicaciones:
“Lo que está haciendo es definir que solamente pueden trabajar en temas informativos medios que pertenezcan a una empresa. Si limitamos el número de voces que participan de la disputa de contenidos y de sentidos en Chile –que ya es un país ultra concentrado a nivel de comunicación– lo que estamos haciendo es perder todos: como audiencias, como sociedad y como opinión pública”. .
El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación Independientes (ARI) emitió un comunicado criticando la normativa, tildándola de «aberrante y avasalladora».
Calificó la participación de medios independendientes durante la catástrofe sanitaria calificándola como clave a la hora de difundir información local inmediata, cuestión que se pondrá en riesgo al restringir su permiso para desplazarse libremente por el territorio.
Patricio Melillanca, periodista de Mapuexpress.org –medio comunitario e independiente especializado en cobertura de temas relacionados al pueblo mapuche –asegura que se está buscando limitar las comunicaciones dentro del pueblo originario:
En las comunidades, donde se han producido hechos de violencia y asesinatos, los werkenes han sido claves para denunciar los atropellos. Los werkenes son los comunicadores mapuche, quienes han estado realizando el trabajo de intercambiar los mensajes entre las comunidades”
Agrega:
“Piñera está atentando contra la werkenización de las comunidades y el derecho a buscar, investigar y difundir información en estos tiempos de pandemia”.
Piensa Prensa, parte de una red de medios independientes, señaló:
«Rechazamos categóricamente este tipo de medidas, ya que atenta contra la libertad de expresión y el libre desarrollo de las comunicaciones para gran parte de la ciudadana. Nuestros comunicadores se mueven e informamos desde las mismas ollas comunes, albergues, hospitales y centros de salud».
Por su parte Canal 3 La Victoria, manifestó en su página de Facebook:
«Solidarizamos con todos los comunicadores independientes y medios comunitarios que se verán afectados por este nuevo atropello a la libertad de prensa. Las modificaciones buscan reestringir al máximo la difusión de la información que generan los medios independientes, donde el reglamento imposibilita a nuestros colegas realizar sus funciones informativas durante el Estado de emergencia. De nuestra parte, podrán contar con nuestro comprometido equipo, quienes estarán informando debidamente la verdad y la miseria dictatorial del acabado gobierno de la derecha fascista chilena, liderado por el violador de los DDHH, Sebastián Piñera».
A la exigencia de inicio de actividades en el SII, se suman otras medidas de dudosos propósitos: el toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana, una medida extraña para controlar el virus dado la poca movilidad que existe a esas horas; la detención de 57 manifestantes –periodistas, sindicalistas y trabajadores entre ellos, incluido un equipo de televisión que transmitía en vivo– durante la celebración del Día del Trabajador por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros; y la prorrogación por 90 días del estado de Emergencia, lo que convertirá a Chile en el país con el toque de queda militar más prolongado del mundo, si esa medida sigue aparejada a dicho estado de excepción.
Colegio de Periodistas exige al Gobierno eliminar medida de salvoconducto colectivo para medios de comunicación
Desde este lunes se puso en marcha el denominado Permiso Único Colectivo, dirigido a empresas de utilidad pública, seguridad y prensa, lo que causó un fuerte rechazo en el sector de las comunicaciones.
Mediante un requerimiento enviado hoy a autoridades de Gobierno, el Colegio de Periodistas de Chile exigió eliminar la obligación de contar con un permiso colectivo para el ejercicio del trabajo de periodistas y comunicadores sociales de medios de comunicación, sean masivos y comunitarios, restituyendo la medida anterior, que era portar credencial de prensa.
El nuevo instructivo, que forma parte de las medidas sanitarias del Gobierno para aquellas comunas en cuarentena total, excluye en la solicitud de salvoconducto a periodistas independientes y medios de comunicación que no cuenten con iniciación de actividades (rut de empresa, rut tributario, razón social), hecho que alertó no sólo a la orden profesional, sino a la academia, organizaciones de comunicadores y derechos humanos, redes de medios comunitarios, alternativos y populares.
Al respecto, el Colegio de Periodistas de Chile, junto con rechazar la medida que pone en riesgo el pleno ejercicio periodístico, solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno y a la Subsecretaría de Prevención del Delito permitir que, durante la mantención del Estado de Excepción Constitucional y las cuarentenas, se les permita a las y los periodistas realizar su trabajo presentando su credencial de medios y/o la credencial de la Orden profesional.
En este sentido, el Colegio recordó en la misiva que dicha credencial: “Es la acreditación oficial del órgano colegiado que identifica a las y los periodistas profesionales y que cuentan con los requisitos establecidos en el Artículo Nº5 de la Ley Nº 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”.
A juicio de los y las periodistas de Chile, la medida de Gobierno propicia limitaciones del ejercicio de medios comunitarios y alternativos que se desempeñan en sus territorios, afectando a las comunidades en su legítimo derecho a la información en tiempos de pandemia. Es por ello, que el Colegio de Periodistas en defensa de este principio emplazó a las autoridades vía oficio revertir esta instrucción.
“Le solicitamos dejar sin efecto la medida que exige a la prensa –periodistas y comunicadores sociales- que, para ejercer su labor profesional, sus empleadores soliciten un salvoconducto colectivo, dadas las condiciones diversas en que opera el sector de las comunicaciones en Chile. Estas medidas limitan la libertad de prensa y de información, derechos consagrados en diversos convenios internacionales el Estado de Chile ha firmado y ratificado”, concluye la carta.
Fin a la dictadura comunicacional
Lautaro Carmona, Secretario General del PC de Chile manifestó:
«La imposición de un permiso de circulación en Pandemia sólo para medios con iniciación de actividades en el SII, es un golpe directo a la libertad de información, base para el criterio propio y la libertad de opinión.
Ha sido el rol de los diferentes medios alternativos que con actos de valentía y audacia han permitido fiscalizar e informar de los operativos represivos desde el Estado y contra quienes manifiestan en forma legítima su derecho a expresión.
Reivindicamos el rol de esa red de medios y expresamos nuestra solidaridad para quiénes con una verdadera vocación se arriesgan cubriendo e investigando cada acto o situación para denunciar e informarnos.
Es evidente que la Derecha en el Gobierno se proponen acallar cualquier otra información que no sea la que promueven los empresarios de las grandes cadenas monopólicas afín a las políticas de Derecha.
Esperamos que fiel a la labor histórica del Colegio de Periodistas lleve adelante un recurso judicial para poner fin a esta odiosa medida excluyente y anti democrática. Deben pronunciarse las organizaciones de trabajadores en solidaridad con los trabajadores de estos medios.
Como fuerzas políticas que conocemos del valor de primera importancia que juega esta red de medios, debemos llevar adelante la denuncia, solidaridad y exigencia que el Gobierno ponga fin a esta medida arbitraria que restringe el derecho a la información.
Debemos exigirnos al máximo, en medio de una pandemia que obliga a desmovilizarnos socialmente, ya que estar informados de cualquier tipo de abuso, es una necesidad para las comunidades de base de la sociedad».
