por Oscar Azócar (*).
El intento gubernamental de contención de la crisis sanitaria se ha transformado en un desastre. En vez de disminuir la epidemia, crecieron exponencialmente los fallecimientos y los contagios, que podrían ser muchos más que los reconocidos debido al ocultamiento de datos del Minsal.
El Registro Civil informó que en mayo hubo 1.094 decesos más que en mayo del año pasado, y el centro de estudios Espacio Público agregó que entre el 2 de abril y el 27 de mayo se registraron 712 muertes por coronavirus no contabilizadas por el Minsal.
Ha quedado en evidencia el rotundo fracaso del gobierno para hacer frente a la pandemia.
Su plan inicial fue buscar la “normalidad”: con el retorno a clases (de paso, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile hicieron un paro “on line” para exigir flexibilidad ante la carga académica mayor a la que se ven sometidos por el decanato de la Facultad), la vuelta al trabajo, la apertura de los malls, el rechazo a las cuarentenas totales -las que permitieron a China y Corea del Sur salir de la epidemia-, todo ello para no paralizar la actividad económica.
El desastre obligó a echar marcha atrás, y decretar cuarentena total en la RM y otras regiones. Pero ya el daño estaba hecho.
Luego irrumpió con fuerza el hambre como consecuencia de las insuficientes medidas del gobierno para paliar el desempleo y los demás efectos económico-sociales de la pandemia, en medio de la desatada crisis económica mundial. Hasta los “expertos” del sistema han considerado insuficientes esas medidas, y piden aumentar los recursos destinados a la crisis.
Hambre y cesantía
El reconocido economista Andrés Solimano, indica que hay que apuntalar los ingresos de la gente, no despedir y continuar pagando sueldos, aumentar el gasto público, entregar más recursos al sector salud, fortalecer las redes de protección social. Es decir, todo lo contrario de lo que se está haciendo.
El Imacec de abril cayó 14,1%, y el presidente de la CPC estima que en mayo podría caer 20%, lo cual en proyección significa que la caída del PIB este año puede ser superior al 4% hasta ahora estimado.
Mauricio Carrasco, subgerente de estudios de Econsult, señaló:
“En este contexto, proyectamos una contracción del PIB de 8% durante 2020″.
La percepción de los chilenos es igualmente negativa, la encuesta de Criteria Research de mayo indica que un 73% de los chilenos percibe que el país retrocede, y el 59% considera malo el panorama económico.
La gran mayoría de los municipios –que son la primera línea a la que la gente acude solicitando ayuda- está en quiebra debido a la reducción de sus ingresos producto de la pandemia. La ACHM calcula un déficit de más de $900.000 millones , pero el gobierno ha entregado solo $235.920 millones para paliar el déficit.
La Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de mayo, informó que la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 15,6%, la más alta registrada en los últimos 20 años (junio 1999: 15,4%), y sobre el promedio de los últimos 20 años (9,5%) y de los últimos 10 años (7,6%).
Esto equivale a 469.284 personas desocupadas, de las cuales un 94,6% son cesantes, o sea, personas que han trabajado anteriormente con remuneración. Si se agregan los que salen de la fuerza de trabajo, la cifra llega a 21,9%. A nivel nacional, la cifra de desempleados oscila entre 1.300.000 y 1.500.000 personas.
En agudo contraste, tal como anticipamos en el informe de mayo, el gobierno se apresta a salvar a las grandes empresas como Latam que, tras insistir en pedir ayuda del Estado, lo que hizo también en Brasil, ha tenido acogida del Ministro de Hacienda, quien señala que Latam es una empresa estratégica para Chile, agregando que el “apoyo no es a los dueños, sino a la compañía”.
Pero esta “compañía estratégica” para Chile, en realidad es de propiedad de un variopinto conjunto de accionistas, entre ellos, Delta Airlines (20%), las familias Cueto y Amaro (15%) , y Qatar Airways (10%), y se ha acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Y según la demanda colectiva que ha interpuesto la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, adeuda más de US$200 millones a los consumidores chilenos.
Se ha instalado entonces el debate de si el gobierno inyectará dinero del Estado, es decir, de todos los chilenos, para salvar a Latam, y si al hacerlo, quedará con un porcentaje de la propiedad de la compañía.
Así lo ha hecho el gobierno alemán con Lufthansa, acudiendo al rescate de esa línea aérea con casi US$10.000 millones, a cambio de entrar a la propiedad con un 20%.
Otro ejemplo de cómo se favorece a las grandes empresas es la declaración de inadmisibilidad por parte de la nueva presidencia de la Càmara, del proyecto de nacionalización de las AFP´s presentado por la bancada comunista.
Viene al caso citar la encuesta Tu Influyes, del mes de mayo, que constata que un 38% de los encuestados piensa que las medidas del gobierno solo benefician a las grandes empresas, y también registra que el 78% considera imprecisa y muy imprecisa la información del gobierno sobre la crisis sanitaria, un 71% le tiene poca o ninguna confianza, un 81% cree que es poco y nada transparente, y un 66% desaprueba la gestión del gobierno sobre la crisis.
Las medidas antipopulares del gobierno van de la mano con la represión, las medidas antidemocráticas y el anticomunismo. En medio de la pandemia prosiguen los intentos de la derecha para disminuir la cantidad de parlamentarios, con el apoyo de la DC, supuestamente para ahorrar recursos.
Asimismo, mediante un requerimiento de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional -uno de los instrumentos de la Constitución pinochetista-, sigue cursando la operación para destituir al diputado comunista Hugo Gutierrez, después de haberlo intentado infructuosamente con toda la bancada parlamentaria comunista. Pasando por encima de toda legalidad, han ido disminuyendo las exigencias de pruebas respecto de las absurdas e infundadas acusaciones de atentar contra el presidente e incendiar un cuartel militar.
Como el requerimiento no tiene posibilidad de éxito si se apega a la legalidad, quieren forzar al diputado a presentarse ante el TC, y de esa manera reconocerlo.
Sin embargo, éste ha dicho que una de las motivaciones fundamentales del estallido popular de octubre fue el rechazo a la Constitución pinochetista, y que él, siendo consecuente con ese clamor popular, tampoco reconoce la Constitución ni el engendro del TC.
Esta es sin duda una gran oportunidad para hacer un debate abierto al mundo social y a todos los sectores, reafirmando la necesidad del plebiscito constituyente del 25 de octubre.
Protestas contra el hambre y propuestas para salir de la crisis
Piñera anunció el domingo 17 de mayo la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos, aludiendo confusa y vagamente a quienes serían los beneficiarios, lo que le valió la corrección de uno de sus ministros.
Al otro día, como es lógico, mucha gente acudió a los municipios a buscar las cajas, y al no encontrarlas, se iniciò una ola de protestas en El Bosque, y se extendió a Quilicura, Villa Nocedal y Bajos de Mena en Puente Alto, Cerrillos, Villa Francia, La Pincoya, Lo Hermida, La Granja, San Felipe, Pudahuel, Iquique, Arica, y otras comunas.
El derechista Diego Schalper, ahora presidente de la Càmara, calificó de “miserables” a los protestantes, y el ministro del Interior responsabilizó al PC y al FA de intentar reponer el ambiente de confrontación de octubre.
Pero como alguien dijo, el hambre no necesita de llamados para manifestarse.
Hasta hoy no terminan de repartirse las cajas. Se dice que el 1° de junio se completaría el 10% de la entrega, y Piñera ha hablado del 21 de junio como fecha de tèrmino de la entrega en la Región Metropolitana. La distribución ha sido con gran parafernalia mediática, con una carta de Piñera, y primero en aquellos municipios con alcaldes de derecha, con tanto descaro que el alcalde de El Bosque preguntó públicamente por qué no empezaron en su comuna, donde se iniciaron las protestas.
Benito Baranda reclamó que la distribución debe estar a cargo de los municipios, opinando además que mejor sería transferir recursos a las familias, para no destruir el comercio local, lo cual fue suscrito por varios alcaldes, incluyendo el de Huechuraba, el de Renca, y algunos de derecha como Codina de Puente Alto y el de La Florida, que además cuestionaron la logística y falta de transparencia.
El alcalde Daniel Jadue acusó derechamente a Piñera de cohecho.
La comparación con otros países nos deja muy mal. En Argentina, el gobierno extendió la prohibición de despidos por otros 2 meses, y anunció que congelará los precios de los servicios básicos. En Colombia, el gobierno derechista habla de no cobrar IVA 3 días en junio y julio. Por su parte, el FMI ha propuesto un impuesto al patrimonio, y Cepal un ingreso básico para las familias en América Latina.
Se van abriendo paso las justas propuestas hechas por los comunistas, Unidad para el Cambio, Chile Digno, la CUT, y de otros sectores, para aliviar la situación de los trabajadores. El economista Manuel Agosin, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha señalado que podría usarse el Fondo de Estabilización Económico y Social para financiar un ingreso básico a los trabajadores, en primer lugar, los desempleados.
El Fondo constituye un ahorro de los excedentes en temporadas donde el precio del cobre está por encima de la tendencia, que fue utilizado después del terremoto de 2010, y hoy asciende a unos 12.000 millones de dólares. El costo de la medida está por sobre los 670 millones de dólares al mes durante 18 meses.
La CUT, que en marzo diò a conocer un conjunto de propuestas para salir de la crisis, ahora a comienzos de junio entregó a la Mesa Social Covid-19 un Segundo Plan Nacional de Emergencia, entre cuyas propuestas se encuentra establecer un impuesto de 2,5% a los superricos, una renta básica de emergencia de $400.000 durante 6 meses, reemplazar la entrega de canastas por transferencias monetarias, y aumentar la deuda del Estado para obtener recursos para la política fiscal.
En la Cámara de Diputados, un grupo transversal de parlamentarios encabezados por Karol Cariola, ha presentado un proyecto que establece un impuesto de 2,5% a las grandes fortunas.
El domingo 31 de mayo ha aparecido públicamente el Pliego Popular por la Vida contra el Hambre y la Cesantía, suscrito por FRVS, Fuerza Común, de Fernando Atria, Comunes, RD, Convergencia Social, Unir (del diputado Marcelo Díaz), Igualdad, PC y PRO, junto a los alcaldes Jorge Sharp y Jorge Duran, han planteado un conjunto de medidas inmediatas y urgentes a llevar a cabo, entre ellas la instalación de un Comité Nacional de Crisis, con representación de la Atención Primaria de Salud, Asociaciones municipales, Colegio Médico y expertos y organizaciones relevantes; un ingreso básico de $460.000; una línea de crédito y subsidios para pequeñas empresas; evaluar la posibilidad de apoyo a algunas grandes empresas para proteger el empleo; reforzar el proceso constituyente en marcha.
Acuerdo nacional: nueva operación de salvataje
En medio de la represión a las protestas de los pobladores contra el hambre, que llevó al RN Mario Desbordes a preguntar públicamente “si vamos a solucionar esto a palos”, se hace evidente que el gobierno, aun en pandemia, con todas las medidas de control social, asistencialismo y manipulación mediática, ha llegado a una situación insostenible.
Son muchos los desaciertos que agravan la crisis sanitaria y despiertan la molestia popular. Mañalich fue funado en el aeropuerto, en momentos en que era parte de una operación mediática sobre los famosos ventiladores mecánicos. Aun no terminan de entregarse las cajas de alimentos. La cuenta pública que por ley estaba fijada papel el 1° de junio, fue postergada para el 31 de julio.
En ese contexto comenzó a cursar una nueva operación de salvataje del gobierno a través de una carta pública de José Miguel Insulza y Mario Desbordes planteando la necesidad de un nuevo acuerdo nacional, y luego vino el llamado de Piñera a un nuevo pacto social, que parece que ha sido acogido por algunos de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre.
Los comunistas han afirmado tajantemente que no participarán del acuerdo llamado por el gobierno, lo cual ha sido refrendado por Unidad para el Cambio y por varios sectores de Chile Digno. A raíz del rechazo al acuerdo, la derecha ha descalificado a los comunistas de cerrados, pero su presidente, Teillier y y secretario general, Lautaro Carmona, han respondido con una carta pública dirigida a Piñera, conteniendo propuestas reales de salida a la crisis.
El gobierno incluso ha dado un giro comunicacional, reconociendo “algunos errores”, y dejando hasta cierto punto de ocultar la gravedad de la crisis, quizá en el afán de usar el miedo contra los sectores opositores para presionarlos hacia un acuerdo nacional.
El columnista Ernesto Aguila afirma que el gobierno teme el descontrol de la pandemia y un nuevo estallido social:
“Los llamados a la unidad … solo los realizan cuando se sienten débiles y necesitan hacer corresponsable a la oposición de situaciones o decisiones difíciles o derechamente erradas … su diseño sanitario ha fracasado (igual que) las políticas económicas y sociales».
Agregó:
«La pandemia interrumpió el estallido social solo en apariencia, porque ésta radicaliza y visibiliza las lógicas excluyentes, la desigualdad y el abuso de esta sociedad neoliberal … transciende a una crítica al neoliberalismo … comienza a gestarse una reorganización del mundo popular … Ante la mínima o derechamente ausencia del Estado, solo queda la organización, solidaridad y autogestión comunitaria para enfrentar el difícil momento económico y social que están viviendo las familias chilenas … Creo que vamos hacia un escenario de una creciente protesta social dentro de la pandemia. Una protesta social incluso más desesperada que la del 18-0” (Entrevista en El Siglo, 29 mayo).
Muchos coinciden en que el estallido social está lejos de haber terminado. Un estudio de la Escuela de Gobierno Local y de la ACHM ubica un mapa de focos de tensión social que se están reavivando en medio de la pandemia.
Los trabajadores y pobladores emprenden acciones y formas de organización solidarias y cooperativas, de autodefensa y protección. Se generalizan las ollas comunes y los Comités de Cesantes. El pueblo hambriento manifiesta su legítimo derecho a rebelarse ante tanto sufrimiento y humillación, crecen las protestas, las juventudes políticas de Unidad para el Cambio divulgan un instructivo sanitario para las protestas.
Hacia un bloque antineoliberal
Al mismo tiempo, se continúa avanzando hacia la consolidación de un bloque antineoliberal en la oposición. Crecen las fuerzas que se disponen a luchar por ese tipo de salida a la crisis múltiple en que nos encontramos, teniendo como punto de partida el pacto Unidad para el Cambio, junto a algunos sectores que integran el Chile Digno.
La conclusión de Ernesto Aguila, ya antes mencionado, es que hay al menos dos oposiciones: “un bloque antineoliberal y progresista, aun desarticulado …, y el “partido del orden”. “Pueden existir ciertas acciones y pronunciamientos puntuales del conjunto amplio de la oposición … pero lo fundamental es consolidar en esta etapa un bloque histórico por los cambios en la dirección de la superación del neoliberalismo y de un nuevo modelo de desarrollo”.
En ese marco, resulta interesante la respuesta del dirigente democratacristiano Nicolás Mena (El Mostrador, 13 mayo), a la columna de Ignacio Walker y Jorge Burgos (El Mercurio, 6 mayo), que lleva por título “Respuesta a mis camaradas Jorge Burgos e Ignacio Walker”.
Mena critica la tesis del camino propio, que “llevó a la Senadora Carolina Goic a obtener en las elecciones presidenciales de 2017, un 5,8%, el peor resultado presidencial en la historia de la Democracia Cristiana”, y que hoy nuevamente reiteran Walker y Burgos.
En su argumentación cita párrafos del discurso de Eduardo Frei Montalva ante alumnos y académicos de la Universidad de Notre Dame, cuyo extracto fue publicado por la revista Ercilla en abril de 1963:
“Los anticomunistas del miedo, del orden, de la fuerza, están condenados al fracaso y van en permanente retirada. No tienen nada que decirle a la juventud y al pueblo … Si se entiende que estar en la izquierda es estar con el pueblo, con los trabajadores, con los pobres, en su lucha por la justicia sin duda estamos en la izquierda.”
Recuerda que la DC lleva perdiendo votación desde las elecciones parlamentarias de 1997, cuando era el partido hegemónico de la Concertación.
“En la única elección parlamentaria en que la Democracia Cristiana y los comunistas han ido juntos, en una misma lista, la de 2013, la DC obtuvo un 15,5%. Es decir, subió respecto del 14,2% que obtuvo en 2009, y aumentó de 19 a 22 diputados, dentro de un universo de 120 diputados. En esta última elección, compitiendo sin los comunistas, en la tesis del camino propio, la DC obtuvo un 10%, disminuyendo de 22 a 14 diputados, de un total de 155. El peor resultado parlamentario desde el retorno de la democracia”.
“La Democracia Cristiana no debe aspirar a ser ni una minoría dirimente ni una subordinada … debe ser capaz de liderar una propuesta de desarrollo que ponga en el centro la solidaridad por sobre la subsidiariedad, reparando las injusticias del actual modelo de desarrollo, planteándose como una alternativa ética capaz de recuperar las confianzas ciudadanas perdidas. Para ello, el convocar a construir entre todos, sin exclusiones de ningún tipo, una nueva constitución, en paz y bajo un acuerdo programático común, es absolutamente compatible con enriquecer nuestra identidad partidaria, siendo al mismo tiempo coherente con nuestra historia política y con el deber patriótico de superponer por sobre las mezquindades partidarias, el bien común general”.
Los próximos eventos electorales
Acaba de aprobarse una ley que impone límites para la reelección de cargos de representación popular: senadores, diputados, alcaldes, concejales, que puede tener efectos en la reconfiguración de la correlación de fuerzas en las próximas elecciones.
Los resultados de elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, partiendo por los del plebiscito constituyente del 25 de octubre, incidirán de manera determinante, positiva o negativamente, en la dirección de la salida a la actual crisis. En ese contexto, los sectores progresistas y de izquierda, incluyendo a los comunistas, tienen como principal desafío crecer.
Desde el estallido social hasta ahora se han producido cambios profundos en la situación política, que pueden incidir en esos resultados. Al estado de rebelión popular le sucedió la pandemia mundial de coronavirus, con sus catastróficos efectos en la salud y en la situación económica y social de los sectores populares.
Las cuarentenas en algunas regiones son anuladas por la pobreza y el hambre que obligan a muchos a salir de sus casas a buscar ingresos para sobrevivir con sus familias.
Paralelamente, el estado de emergencia, la dictadura mediática y el control social por medio del hambre, generan incertidumbre, angustia, desesperación y rabia, y pueden producir giros inesperados en la cantidad de votantes, en la cooptación gubernamental de sectores populares mediante el asistencialismo, y en la transformación del descontento y la rabia hacia el gobierno y el sistema político, en un descontento electoral que afecte la votación de los comunistas y sectores progresistas.
Ello va a depender de cuan presentes están hoy los sectores más consecuentes al lado del pueblo y sus necesidades, a la cabeza de la organización de la solidaridad, contrarrestando el asistencialismo, acompañando la protesta legítima contra el hambre. De eso dependerá el tipo de salida, si será una salida que contemple cambios antineoliberales, o si se refuerza el neoliberalismo, con el consiguiente retraso en la lucha del movimiento popular.
Aumenta la exigencia de territorializar la lucha popular, haciendo confluir en el espacio de la población y de la comuna el accionar de las organizaciones poblacionales, las CUT provinciales y comunales, el aporte de los estudiantes secundarios y universitarios, de los trabajadores de la salud de los Cesfam y hospitales, de las organizaciones culturales y deportivas, etc.
Como en tiempos de dictadura, crece la necesidad de retomar las mesas de tres o más patas: sindicatos, organizaciones poblacionales y estudiantiles, etc.
Habrá que ser capaces de unir la lucha electoral con la lucha de masas en todas sus expresiones, en la solidaridad, en la instalación de nuestras propuestas, en la lucha contra la represión, en las brigadas sanitarias, de derechos humanos, en las medidas de prevención y autocuidado frente al riesgo de contagio.
La configuración de las alianzas de los sectores progresistas y antineoliberales ha cambiado, urge adaptarse a los nuevos acuerdos y pactos que han surgido, que son Unidad para los Cambios y Chile Digno, que deben atraer a otros, y evitar ser atraídos por los sectores de la Concertación dispuestos a apoyar al gobierno.
Para contrarrestar la avasallante dictadura comunicacional del gobierno, hay que elevar el quehacer comunicacional en todos los frentes, generalizando las magníficas experiencias en las redes sociales, los nuevos medios locales y comunales que se han levantado en muchos lugares, y que llegan a una cantidad apreciable de personas.
La encuesta de Celag
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Celag, integrado entre otras personalidades políticas y académicas, por Alvaro García Linera, Ernesto Samper, Rafael Correa, Emir Sader, Patricia Villegas, Pablo Iglesias, Josè Luis Rodriguez Zapatero, realizó en mayo un estudio denominado “Panorama político y social de Chile”, que entrega información más confiable y de calidad que la de algunos centros de estudios chilenos, sobre una diversidad de variables muy importantes.
Una de las conclusiones del estudio es que el momento de efervescencia política que atraviesa el país no ha sido eclipsado por la irrupción de la pandemia.
En términos de estados de ánimo, los chilenos muestran predominantemente sensaciones de enojo, angustia e incertidumbre, y una sensación de esperanza mucho menor.
En cambio, 60,7% de los chilenos tienen sensaciones positivas de lo que pueda venir en el futuro vinculado al momento constituyente.
Hay un 43% de chilenos que no se siente identificado ideológicamente y no se pronuncia por ninguna candidatura presidencial, que considera que el modelo actual está caducado y agotado.
Hay un 71,7% que evalúa la gestión de Piñera sobre la crisis como regular mal, mala y muy mala. Al 50,1% de los chilenos le alcanza justo con sus ingresos para los gastos básicos, y a un 22,2% no le alcanza. Nueve de cada 10 chilenos están a favor de un mayor Estado que garantice educación y salud, y un 60% cree que el Estado debe tener un rol mayor en el modelo económico.
La corrupción y la injusticia social son considerados los mayores problemas estructurales y representan ¾ de las preocupaciones de la ciudadanía.
En otro orden de cosas, los chilenos tienen una opinión positiva de los Colegios Profesionales (73,6%), de los estudiantes (67,8%), de los alcaldes (52,1%). En intención de voto, Lavín obtiene 18,8%, Jadue un 12,9%, Beatriz Sanchez 10,4%, Parisi 10,3%, Juan Antonio Kast 4,1%. Y en cuanto a identificación política, el 14,8% se identifica con la izquierda, el 11,8% con La centroizquierda, el 10% con el centro, el 6,9% con la centroderecha, el 13,4% con la derecha, y el 43% NS/NR.
Es interesante constatar que 75,3% de los encuestados están a favor de un sueldo básico para las personas que están perdiendo ingresos debido a la pandemia, y un 72,8% a favor de un impuesto a las grandes fortunas. Estas son dos de las propuestas que han hecho los comunistas y los integrantes de Chile Digno, así como la CUT y otras organizaciones sociales y centros de estudio.
En el año del 50 aniversario de la victoria de la Unidad Popular, resalta el hecho que, en materia de liderazgos históricos, Salvador Allende es el personaje con mayor número de preferencias de entre los mencionados en el cuestionario, con 23,7%, mientras Michelle Bachelet tiene un 13%, Augusto Pinochet un 11,5%, Ricardo Lagos 3,5%, Piñera 3,1%, ninguno y NS/NR 45,2%.
Ello reafirma la voluntad de llevar a cabo múltiples actividades conmemorativas de los 50 años de la Unidad Popular, que reaviven la memoria y proyecten ese noble y épico proyecto político y social a las luchas actuales por transformaciones antineoliberales en perspectiva al socialismo.
Al mismo tiempo, el 11,5% de Pinochet insta a todos los chilenos demócratas y progresistas a luchar contra la herencia antidemocrática y oscurantista del fascismo todavía presente en nuestro país.
(*) Sociólogo, integrante del Taller de Coyuntura y Tendencias
