por Hugo Gutiérrez G.
El Tribunal Constitucional nace en Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para superar la controversia de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en la interpretación de las leyes, pero dejó de existir después del golpe de Estado al presidente Salvador Allende.
Lo que la dictadura cívico-militar de Pinochet llamó “Tribunal Constitucional” no es ni la sombra del que existió anteriormente. El actual puede ejercer control preventivo de constitucionalidad y declarar la cesación del cargo de parlamentario por haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público.
Lo que hoy llaman Tribunal Constitucional es un órgano político que blinda una democracia neoliberal surgida de una Constitución Política hecha en dictadura, norma jurídica que sigue vigente y que favorece los intereses de una minoría económica.
Ante dicho Tribunal, con fecha 6 de enero de 2020, integrantes de la UDI/RN/Evópoli, presentaron requerimiento para que cese en el cargo de diputado por incurrir en la causal del inciso quinto del artículo 60 de la Constitución Política, esto es, “haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público”.
Los requirentes configuran la causal de cesación con los siguientes hechos:
– Amenaza en público a Mayor de Carabineros en Iquique
– Quema subversiva de un cuartel militar en Iquique
– Apoyo a las tomas del metro de Santiago, instando a la desobediencia civil, e
– Incitar a alterar el orden público mediante Twitter
De la simple lectura de los hechos que fundamenta la causal de cesación del cargo, y sin saber que se trata de mi persona, se podría llegar a la convicción de que se está en presencia del autor intelectual del estallido social, un “subversivo consumado” o “terrorista internacional”: amenazando a la fuerza pública, quemando regimientos, haciendo llamados a la desobediencia civil…
¡Ah! y se me olvidaba, tuiteando.
Es evidente lo que se debe decidir, o se está en presencia de un parlamentario que comete diversos delitos penales para poner fin a una institucionalidad o los requirentes son unos afiebrados que no aceptan la libertad de expresión.
La solución es sencilla. Busquemos los delitos que se me atribuyen: las amenazas a autoridad pública, incendio a un regimiento, instar a la rebelión o incitar a la violencia.
No hay ninguna Fiscalía en todo Chile que esté investigando delitos cometidos por mi persona y que configuren las conductas delictivas que me atribuyen los requirentes, y esto por la simple razón que no existen dichas conductas que inciten a la alteración del orden público.
Así es.
No existe ni las amenazas a carabineros, ni el incendio a regimiento, ni llamado a la rebelión ni incitación al odio ni violencia ni alteración del orden público.
¡El requerimiento de la derecha chilena es una mentira!
Al aceptar el Tribunal Constitucional la admisibilidad del requerimiento, por eventuales ilícitos que debieran conocer, antes que cualquiera, los tribunales de justicia de la República, se demuestra que comparte la obsesión de la derecha por verme fuera del Congreso Nacional.
Lo poco higiénico del montaje de la elite y la derecha chilena, devela, de manera grotesca, la jibarización de la justicia en favor de un tribunal político, engendro de una dictadura, que pretende saltarse el debido proceso con el fin de burlar la soberanía popular.
Este seudo Tribunal Constitucional pretende juzgarme por el apoyo irrestricto que le brindé al “Estallido Social”, por estimar que era el ejercicio del Derecho a la Protesta Social.
La ultraderecha chilena no puede permitir que un parlamentario, dentro de esta democracia neoliberal, les exprese su pleno respaldo a aquellos que quieren poner fin a esa Constitución.
Política pinochetista
El fascismo tiene que construir enemigos a quienes atacar y destruir.
Para ello cuentan con su institucionalidad y con medios de comunicación cómplices en divulgar la mentira y hacer la caricatura infame.
Pretenden castigar a un diputado de la República, pero en definitiva sancionan a la soberanía popular que es la que me ha elegido tres veces de manera consecutiva como representante popular.
En suma, tenemos en el país una democracia neoliberal, amparada por un Tribunal Constitucional que se arroga la soberanía popular y que suplanta, engañosamente, al Poder Judicial, y se arroga el conocimiento de delitos que debería conocer este.
Esto demuestra, una vez más, que nuestra “justicia constitucional» es parcial, perversa e incompleta.
Un campo de excepcionalidad y exclusividad de la elite y favorable a un sector político del país: la derecha.
Una «justicia» que no sabe de justicia verdadera, un instrumento dispuesto por los ricos y los poderosos para quebrantar los principios básicos de la democracia con el fin de sacarse de encima a quien, durante años, los ha señalado en la arena pública como violadores reiterados de los derechos económicos y sociales, agentes corruptores y sujetos corrompidos.
He tratado como abogado de Derechos Humanos y diputado de la República de Chile, de ser una trinchera moral, un refugio ético y simbólico de resistencia contra el poder.
Por lo que no está de más recordarles a estos jueces del TC que no fui yo quien eligió al pueblo, sino el pueblo quien me eligió a mí y este responde por mí.
Espero que ahora se entiendan las razones por las que no le reconozco competencia al Tribunal Constitucional para juzgarme.
Fuente: El Mostrador
