por Francisco Herreros.
En su empeño de proteger la economía, es decir, al sector de la gran empresa, los grupos económicos, el capital financiero y las transnacionales, el gobierno de Piñera continúa imperturbable en su estrategia criminal, de traspasar el costo de la inminente catástrofe, a los trabajadores y a las familias de menores ingresos.
El jueves, un dictamen de la Dirección del Trabajo faculta al empleador a no pagar las remuneraciones de aquellos trabajadores que permanezcan confinados en el hogar, debido a la crisis sanitaria.
En rigor, el dictamente establece que tanto trabajador como empleador quedan eximidos de cumplir las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo.
Cuando el escándalo no hacía más que prender, y a pretexto del anuncio de beneficios para el 40% más vulnerable, Piñera ratificó los ejes de su estrategia económica para la crisis:
Primero, aprobar en el parlamento el Bono Covid 19, de 50 mil pesos por carga familiar, en promedio 125 mil pesos por familia, a casi 3 millones de personas, por una vez.
Segundo, lograr la aprobación del Proyecto de Protección al Empleo, que le endosará al seguro de cesantía de cada trabajador, su remuneración durante la fase más aguda de la crisis, que el primer se deprecia en 50%, en 60% el segundo mes y a partir del tercer mes en 70%; a todos los trabajadores que no puedan trabajar debido a la pandemia.
En ese cuadro, el dictamen de la Dirección del Trabajo, no es sino la bajada al plano de las relaciones laborales, de la directiva de Piñera.
Mientras la población permanece maniatada e impotente, tanto por la crisis sanitaria como por el estado de emergencia, Piñera no sólo le trasfiere el costo de la crisis a los trabajadores, sino que arrasa con sus derechos colectivos, y en los hechos, modifica unilateralmente las relaciones laborales, en el afán de liberar a la patronal del pago de las remuneraciones.
Ni Pinochet llegó tan lejos.
Política criminal e insensata
Lo que esta monstruosidad significa se empezará a ver en toda su crudeza a fines del mes de abril, en el evento que una parte significativa del ejército del trabajo se agolpe en las ventanillas de las sucursales de la Administradora de Fondos de Cesantía, mientras afuera azota la fase más virulenta de la crisis santitaria.
Pero todavía hay un peldaño inferior.
A los trabajadores que no tienen contrato de trabajo, y al 40% de las familias más vulnerables, el «acompañamiento» del gobierno se reduce a un bono de $ 50 mil por carga familiar, por una sola vez.
¿De qué van a vivir esos aproximadamente tres millones de chilenos/as pobres durante el pico de la crisis, que fácilmente puede tomar unos tres meses, si además deben permanecer confinados en el hacinamiento de hogares sobrepoblados y precarios?
Los nuevos «beneficios» para ellos, perifoneados por Piñera como «medidas que permiten un alivio y ayuda para millones de familias chilenas», consisten no en condonaciones, como la situación aconseja, en un país donde se protege a la gente, sino en facilidades y postergaciones en el pago de las cuentas de agua, energía eléctrica e internet, con arreglo a la ley no escrita de que el capital nunca pierde.
Al efecto, Piñera aseguró que se han logrado acuerdos con empresas prestadoras de servicios de utilidad pública, para esos «beneficios» a usuarios que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.
Si esta política insensata y criminal no obedeciera a la aplicación dogmática del credo neoliberal, podría pensarse que se trata de un genocidio de cuño darwinista, fríamente planificado.
Amplio rechazo
Lo que logró, en la práctica es unificar un gran frente de rechazo.
Sectores de la oposición institucional, como del mundo del trabajo organizado, anunciaron anunciado iniciativas legales contra el dictamen.
En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se acordó, con abstención de la derecha, enviar un oficio al Presidente, pidiendo dejar sin efecto el dictamen y la salida de actual directora del trabajo subrogante, Camila Jordán.
La Central Unitaria de Trabajadores ingresó un requerimiento ante la Dirección del Trabajo, en el que solicita la reconsideración de los dictámenes Nº 1239/005 de 19 de marzo y Nº1283/006 de fecha 26 de marzo, «por haberse extralimitado en sus facultades interpretativas, actuando fuera del marco de juridicidad que le ha sido otorgado y efectuando labores legislativas al crear efectos jurídicos no establecidos expresamente en la legislación”.
A través de un comunicado público, la CUT manifestó:
“Esta decisión administrativa del Gobierno, deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea. Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, donde el riesgo de éxito o pérdida de un negocio es asumido por el empleador y no por los trabajadores, pretendiendo hacer pagar a ellos los efectos de la crisis”.
Denunció que se se están usando normas propias del Derecho Civil para solucionar situaciones vinculadas al ámbito del Derecho del Trabajo:
“Curiosamente, privilegia los principios civiles por sobre los laborales como continuidad de la relación laboral, protección de las remuneraciones, estabilidad en el laborales empleo, y varios otros principios del Derecho del Trabajo establecidos por nuestra legislación, la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la propia Organización Internacional del Trabajo”.
Recordó los pronunciamientos de la DT del año 2010, con ocasión del terremoto del 27F, oportunidad en la que también abordó las causales de despido por “fuerza mayor” o “caso fortuito” -sismo de gran intensidad- y se pronunció por el principio de «continuidad de la relación laboral, pese al cierre del empleador por el terremoto y las ausencias laborales del trabajador, por ende, todos los derechos y obligaciones del contrato se mantenían vigentes”.
«No podemos sumar a la incertidumbre que vive la población por la angustia de contraer el COVID-19, el miedo a perder sus puestos de trabajo o ver mermados sus ingresos», concluye la declaración de la CUT.
La presidenta, Bárbara Figueroa, agregó:
«El dictamen raya en la ilegalidad, porque la Dirección del Trabajo no es la llamada a suplir aquello que la legislación no contempla.
No puede ni debe la Dirección del Trabajo ser un instrumento que va más allá del rol que le compete, que es fiscalizar, que es controlar el cumplimiento de los derechos. Por lo tanto, en ese sentido no hay que descartar acciones legales que le pongan freno a esa actitud».
Política deliberada
Sin embargo, esa el la opción deliberada del gobierno, como se encargó de remachar la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados:
«Un empleador que no puede pagar las remuneraciones porque está sin ingresos es un drama y no tenemos la forma de como obligar al empleador. Estoy pensando en los transportistas escolares, no sé si los padres van a pagar durante el mes de abril el transporte porque todo el mes de marzo no fueron trasladados. En esos casos se suspende la obligación de pagar los ingresos, salvo que las partes hayan podido llegar a un acuerdo que sea más ventajoso para el trabajador».
La ministra perpetra la falacia de ocultar detrás de un hecho puntual, una política de subsidio al capital, mediante la liberación del pago de remuneraciones a sus trabajadores, mientras dure la crisis sanitaria.
La ley permite que cualquier empleador, independiente de su tamaño y sector pueda hacer uso de la franquicia; no dice que es solo para la pyme.
Sus nefastos efectos se empezarán a ver apenas se aplique en gran escala.
A poco que se generalice, va a coadyuvar en hundir la economía a en una fase recesiva, probablemente prolongada.
Interpretación antojadiza, a la medida de la empresa
Los miembros de la oposición de la comisión de Trabajo solicitaron la renuncia de la directora (s) del Trabajo, Camila Jordán, por el dictamen emitido ayer por la entidad.
La diputada Karol Cariola, integrante de la Comisión de Trabajo, postula que el dictamen entrega carta blanca al empleador para despedir a causa de la crisis:
“Creemos que la directora (S) ha hecho una interpretación antojadiza de la ley y no está incorporando elementos que son fundamentales, pero además porque nos parece absolutamente llamativo que este dictamen salga justo en medio de la tramitación de un proyecto que busca resguardar la condición laboral de los trabajadores, tanto en la mantención de su puesto de trabajo, como también en su remuneraciones”.
En su opinión, el dictamen se dio en este escenario, para presionar en torno al proyecto que se encuentra en trámite y que permite el uso del seguro de cesantía para evitar despidos en el marco de la crisis sanitaria por el COVID 19:
“Nos genera desconfianza, porque creemos que se está generando por parte del Ejecutivo un chantaje, pero además una carta blanca para que los empleadores puedan despedir sin necesidad de esperar la ley que estamos tramitando(…) Creemos que esto fue definido colectivamente y políticamente por el ministerio del Trabajo. No hay ningún dictamen que no sea conocido por las autoridades ministeriales y eso hace que esto sea aún más grave y por eso es que nos atrevemos a decir que aquí se buscó generar un escenario político en desmedro de los trabajadores, para generar una presión sobre un proyecto de ley que requiere de modificaciones mayores”.
Discusión del proyecto
En cuanto a la discusión del proyecto, la diputada Karol Cariola detalló que se han presentado una serie de indicaciones a requerimiento de la Central Unitaria de Trabajadores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales;
“Ingresamos algunos puntos planteados por la CUT y por la ANEF, como por ejemplo que el pacto de la reducción de la jornada, pase por un acuerdo no solo entre el empleador y el trabajador, porque esa relación es absolutamente dispar. Existe una asimetría que no se puede soslayar dentro de esta discusión. Es por eso que hemos incorporado que este pacto debe ser con el sindicato, en caso de que haya uno, o por la mayoría de los trabajadores o trabajadoras que estén en una empresa”.
Asegura que estas medidas se deben aplicar también para trabajadores del sector público, algo que no está especificado en la ley:
“Presentamos una indicación al respecto y esperamos que pueda ser aprobada. También buscamos que se prohíba que la desvinculación pueda desarrollarse por la causal del artículo 161 o 159, es decir, por necesidades de la empresa”.
Irresponsabilidad
La diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda, calificó de “impresentable” la resolución:
“El dictamen que ha emitido la Dirección del Trabajo es absolutamente impresentable, hoy estamos en un minuto de crisis, de absoluta incertidumbre desde el punto de vista de la salud de los chilenos y chilenas que tienen que resguardarse, pues todas las instancias, desde el punto de vista sanitario, han planteado que tienen que quedarse en sus casas y más aun aquellos que tienen que guardar esta cuarentena total y obligatoria. Es imposible que las y los trabajadores chilenos estén tranquilos frente a lo que está ocurriendo, frente a la incertidumbre por su salud pero, además, se suma esta incertidumbre laboral. Me parece impresentable, es una tremenda irresponsabilidad de la Dirección del Trabajo”.
El diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, exigió la renuncia de la directora de la Dirección del Trabajo, Camila Jordan;
“Es un crimen y un delito estar obligando a los trabajadores a quedarse en casa y a pasar hambre el tiempo que dure la crisis por el coronavirus, eso no se puede permitir. Por un lado el gobierno, la directora del trabajo, le dicen a los trabajadores que no van a perder el vínculo laboral y, por el otro, les dicen que van a perder su sueldo y remuneración. Es una total incongruencia y, por lo tanto, pedimos la renuncia indeclinable de la directora del trabajo”.
El Presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, presentó un recurso de protección contra el dictamen que faculta a las empresas a desentenderse de su responsabilidad de pagar remuneraciones al trabajador que se vea impedido de asistir a sus labores producto de la emergencia sanitaria del Coronavirus.
El texto ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, califica como arbitraria e ilegal la resolución de la DT, pues vulnera los derechos de las y los trabajadores:
“En virtud de dicho dictamen la Directora del Trabajo ha ejercido y se ha arrogado atribuciones que la Constitución Política no le ha conferido, infringiendo los artículos 6 y 7, modificando preceptos legales y afectando relaciones contractuales indebidamente, incorporando circunstancias no pactadas entre empleadores y trabajadores, permitiendo la suspensión de derechos esenciales que son parte de la relación laboral”.
El recurso de Protección se funda en la vulneración de los derechos constitucionales expresados en los números 16 y 18 del artículo 19 de la carta fundamental, que garantizan el derecho a la libertad de trabajo y su protección, junto con la garantía constitucional asociada a la seguridad social
El texto fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones fue Santiago y fue ingresado con una orden no innovar, que pide el cese inmediato del dictamen, hasta que un tribunal calificado resuelva el fondo de la cuestión.
Maldonado, calificó la resolución de la DT como una aberración inaceptable:
«Es un atentado grave a los derechos de los trabajadores No puede ser que el Gobierno a través de la DT le diga a los empleadores que no están obligados a pagar las remuneraciones de los trabajadores por la cuarentena. Es incompatible con la situación de emergencia que viven las familias chilenas.
«No puede ser que, por una parte, el Gobierno, a través de la autoridad de Salud, le diga a las personas, quédense en sus casas, y, por otra parte y al mismo tiempo, a través de la Dirección del Trabajo, le diga a las y los trabajadores que, por acatar las medidas de la autoridad, dejarán de recibir sus remuneraciones”.
En una declaración pública, la Central Autónoma de Trabajadores, llama a la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, a rectificar o eliminar dicho dictamen, por la gravedad, ilegalidad y la desprotección social en la que deja a los trabajadores y trabajadoras, puesto que suspende la relación laboral en medio de la Emergencia Sanitaria:
«Esto vulnera todas las normas vigentes, al desconocer y dejar al libre albedrío el pago de las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras que por esta eventualidad no pueden asistir a cumplir con sus labores.
Vemos que se sigue privilegiando al Capital financiero a las empresas y no al capital humano, quienes generan las utilidades de las empresas.
Los trabajadores y trabajadoras seguimos pagando los costos de esta pandemia, de la crisis económica y de no tener el poder de enfrentarse al empleador, ya que ni el organismo que se supone nivela las relaciones laborales y que es pro trabajadores, no está velando por los trabajadores y trabajadoras.
Sentimos que los trabajadores y trabajadoras asumirán el 100% de los costos asociados a la pandemia mundial del Covid 19 y los empresarios no están haciendo esfuerzo alguno, ya que todos reclaman pérdidas, pero no logran entender que si los trabajadores no tienen recursos para sobrevivir, difícilmente podremos reactivar nuestra economía y los costos serán aún más graves».
Cambio de modelo
Sin embargo, tanto la ministra del Trabajo como Pïñera, ratificaron esa política criminal, y confirmaron que de este gobierno, nada pueden esperar los trabajadores ni los excluidos de un modelo darwinista y voraz.
La ministra con el pretexto de que no hay forma de obligar al empleador, y Piñera al presionar a la oposición de centro y los oportunistas de siempre, a aprobar el proyecto que reemplaza las remuneraciones del empleador, por el seguro de cesantía del trabajador.
En opinión de Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista, lo que va a ocurrir con esta serie de medidas del gobierno, encaminadas a proteger a la empresa en nombre del «empleo», es el incremento en el número de aquellos que piensan que llegó el minuto de cambiar de modelo:
«Tenemos un gobierno haciendo frente a esta pandemia resguardando primero al capital y, por consiguiente, son las empresas para las que hay todo tipo de consideraciones pues “son ellas las que crean el empleo”. De esa forma, las empresas han relativizado sus obligaciones con el trabajador y van a desafectar a muchos otros trabajadores como ya lo han hecho; van a bajar los salarios y van a crear una condición de injusticia social, de explotación sobre la masa laboral, que va a ser el argumento sólido y objetivo para que exista un incremento cualitativo de posiciones que va a vincular ésto con conquistar posiciones en la constituyente para cambiar este modelo».
