Por siete votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Minería aprobó la idea de legislar del proyecto que establece una compensación en favor del Estado, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.
El proyecto recibió apoyo transversal, por cuanto también fue aprobado por el diputado independiente por la UDI, Nicolás Noman.
La iniciativa, originada en moción parlamentaria, establece una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos.
El texto establece el royalty minero como un derecho a la compensación económica por parte del Estado por la explotación del cobre y del litio, y que parte de esos recursos queden en la zona.
Propone un monto equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos y señala que dicha compensación deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral, que permitan mitigar los efectos ambientales que produzca la actividad minera.
El proyecto señala que la compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión y, en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación.
Pero incluso hasta a este módico incremento de la tributación minera, se opuso el gobierno, que por enfermizo apego al dogma neoliberal, prefiere que los recursos del cobre emigren al exterior, por concepto de renta del capital; en lugar de invertirlos en el desarrollo del país.
Lo hizo por medio del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quién planteó reserva de constitucionalidad porque la facultad para determinar es eclusiva del Presidente:
“Nos parece que esta materia que toca este proyecto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque hay un mandato legal muy claro respecto de la política tributaria. Aquí se plantea un derecho a compensación pero ello debe ir de la mano de prestación de dinero desde el privado al Estado, y eso es un tributo”.
En clave esquizofrénica típica de este gobierno, recordó el compromiso del programa de gobierno de de Piñera, en el sentido de que «se aumentará la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al fondo de inversión de reconvención regional”, para afirmar inmediatamente después:
«No se considera un aumento en los impuestos del sector minero. Hoy estamos con el proyecto de modernización tributaria, recaudando dos mil doscientos millones de dólares más. Es un proyecto robusto, desde ese punto de vista”.
En cambio, anunció que, a más tardar el 31 de marzo de este año, se presentará un proyecto de rentas regionales que dotará a las regiones de mayores recursos.
El subsecretario confunde deliberadamente las categorías.
El proyecto de rentas regionales, actualmente estancado por cuestión de asignaciones presupuestarias, no tiene ninguna relación, ni menos complementa lo que dejarían de ganar las regiones donde están los asentamientos mineros.
Tampoco la tiene ninguna modernización tributaria, que por definición se mueve en universo de suma cero.
Lo que el país y su población dejan de percibir, por el saqueo de sus recursos naturales que permite la lánguida y permisiva política tributaria con las rentas del capital, es, en términos netos, destrucción de riqueza, concepto al que los neoliberales apelan frecuentemente, salvo en el caso del cobre de Chile.
Los economistas Sturla, Accorsi, López y Figueroa en el estudio Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014, plantean:
«Nuestras estimaciones indican que la renta económica regalada sin justificación económica alguna a estas empresas -RentaGraciosa Apropiada GMP-10 (*)- asciende a
US$120 mil millones (dólares de 2016) para el periodo 2005-2014, lo que equivale al 45% del PIB de Chile en el año 2014. Esta riqueza regalada a laGMP-10 equivale a un flujo anual promedio de largo plazo de US$ 12 mil millones, correspondientes al 5,4% del PIB y a casi un cuarto del gasto público. Lo más importante: dada la forma en que se calculan estas rentas económicas, ellas son neutras; es decir, si estas empresas hubiesen sido obligadas a pagar al fisco chileno estos US$120 mil millones, su inversión y producción total habrían sido idénticas a las que en realidad ocurrieron, pero el país se habría beneficiado con esta esa cifra».
El subsecretario, que algo sabrá de economía, conoce perfectamente el concepto costo de oportunidad, que consiste en el costo de la alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión, o también, el valor de la mejor opción no seleccionada.
Por el poroso sistema tributario chileno se fugaron 120 mil millones de dólares en diez años, y su costo de oportunidad es la desinversión en desarrollo productivo y social, por el mismo monto, en el mismo período de tiempo.
De esto se trata cuando se debate de política tributaria.
Pero cuando se plantea un modesto incremento del 3% nominal de los minerales extraídos, el subsecretario de Hacienda evade el problema, con elementos secundarios y de escasa relación con éste, tales como el proyecto de modernización tributaria y el proyecto de rentas regionales.
Y para cerrar el debate, apela a la reserva constitucional por involucrar recursos, visión restrictiva que limita severamente la capacidad legislativa autónoma, del parlamento.
La presidente de la Comisión, diputada Daniella Cicardini (PS), señaló que esta es una materia que ha estado latamente pendiente:
“Cuando se dio a conocer el royalty minero fue muy aplaudido, pero la verdad es que, en la práctica, no se condice con lo que nosotros esperábamos y las altas expectativas que había en ese minuto, porque no queremos radicarlo en un impuesto específico, sino que sea un royalty que, efectivamente, cumpla con ese mandato de establecer recursos que queden en la zona”.
«Es una fórmula para obtener recursos e ingresos fundamentales para destinarlos a una agenda social, tan urgente hoy”.
El autor del proyecto, diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez (Regionalista), recordó que en ese mismo edificio del Congreso Nacional, el 11 de julio de 1971, el parlamento en pleno aprobó la nacionalización del cobre y señaló que esa comisión, guardando las proporciones, está llamada a dar un importante paso en cómo entender el royalty y las compensaciones a las zonas de extracción minera para hacer justicia social ante la desigualdad territorial:
“El ánimo que buscamos es llevar recursos a nuestras regiones, por lo que esperamos que el ejecutivo se haga parte del proyecto. Fíjense la coincidencia que se da hoy, guardando las proporciones, el 11 de lujo de 1971 en este mismo edificio de manera unánime todas las fuerzas políticas nacionalizaban el principal mineral que teníamos acá, el cobre. Hoy guardando las proporciones y si la presidenta así lo estima, votemos en general este proyecto. Y cuando uno revisa las actas, se encuentran sendos discursos de aquel entonces, de parlamentarios como Renán Fuentealba, Francisco Bulnes, que eran de los sectores más conservadores pero que valorando la empresa y el sector privado, hacen una defensa de los recursos naturales en pos del beneficio de Chile”.
Sobre la aprobación de su proyecto, en la Comisión, indicó:
«Es un paso importante para quienes vivimos en regiones mineras, pero sabemos que el camino es pedregoso. Sabemos lo que pasó con las empresas pesqueras. Si estas se enredan y complican cuando se quiere revisar y modificar su normativa, con mayor razón ocurre respecto de la gran industria del cobre y de la minería en general. Son muchos los intereses que hemos tocado pero hoy el mérito es que se ha entendido un concepto diferente en que cuando hablamos del royalty no hablamos del impuesto propiamente tal y ahí el diputado Gahona está muy equivocado, porque el impuesto específico a la minería es un impuesto con que se grava las ventas y utilidades, a diferencia del royalty, y esto lo dice la teoría económica en Canadá, en Australia, en el mismo Estados Unidos, es en razón de la extracción de este recurso y no de las ventas y utilidades, sino que es en razón de la extracción de un recurso no renovable, entendiendo que es un derecho que tiene el Estado para cobrar compensaciones”.
Respecto de la reserva de constitucionalidad planteada por el subsecretario de Hacienda, señaló:
“Una de las razones por las queremos cambiar la constitución es precisamente esto de que cuando se acaban los argumentos se amenaza con llevarnos al Tribunal Constitucional. No obstante nos parece que, quedándonos con el segundo argumento del subsecretario, bien podría el Gobierno revisar cómo están siendo asignados los impuestos específicos a la minería, porque el espíritu de ese impuesto era otro, y que se revise para que volvamos a la normalidad en la distribución de recursos, pero una normalidad con justicia social y no con desigualdad territorial como la que hemos vivido hasta ahora”.
Velasquez llamó a la ciudadanía y autoridades locales a presionar al presidente Sebastián Piñera para que aproveche la oportunidad que le da el proyecto de obtener recursos para las regiones:
“Me parece bien que se haya respaldado y hoy las regiones mineras, los alcaldes, los concejales, la ciudadanía es la que tiene que hacer la presión legítima para que el Gobierno se abra, porque si el gobierno es inteligente, estos recursos pueden ser fuente de financiamiento de otros programas sociales, pero con un foco centrado en que gran parte de las riquezas mineras queden en las comunas mineras».
(*) Diez Grandes Minera Privadas
