Hoy el Senado votará proyecto de ley que habilita a las FFAA para proteger la infraestructura crítica del país cuando exista un «peligro grave», mediante decreto del Presidente de la República. Académico explica por qué ese proyecto es un error técnico y despropósito político.
Se trata de un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, ambos independientes del comité de Renovaciíon Nacional, en primer trámite constitucional, que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, con urgencia calificada de “discusión inmediata” por la mesa que encabeza el senador Jaime Quintana, en acuerdo con el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward.
Un proyecto de esta naturaleza ya había sido rechazado en la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, pero como se ve, el gobierno del 6% y el parlamento del 3%, nunca se dan por vencidos, en materia de legislación restrictiva de las libertades civiles.
Y eso que se dicen «liberales».
Aunque parezca increíble, esta es otra muestra de las prioridades de las instituciones del Estado, controladas por el partido del orden, para «solucionar» la revuelta popular en curso desde el 18 de octubre pasado.
Esto, porque en el lenguaje hipícrita, oblicuo y sibilino, propio de la casta dominante, «prevenir daños a infraestructura crítica», significa desplegar tropas militares para su custodia.
En efecto, es el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional.
Ante semejante barbaridad, el abogado y académico Daniel Alvarez, difundió la siguiente advertencia en su cuenta de twitter:
«Las FFAA cumplen funciones constitucionales de protección de la seguridad exterior del país. Cuando se requiere que actúen dentro del país, la Constitución establece estados de excepción específicos según el tipo de riesgo de que se trate.
En el proyecto de ley de infraestructura crítica se les entrega una nueva atribución a las FFAA para la cual no sólo no están preparadas sino que no cuentan con capacidades, herramientas ni recursos humanos especializados para hacerlo adecuadamente.
Pura improvisación.
Además, los requisitos para que el Presidente de la República (quien sea que esté en el cargo) decrete esta autorización son demasiado laxos lo que implica que la decisión sea esencialmente discrecional y no sujeta a control.
El concepto de infraestructura crítica que propone el proyecto es EXTREMADAMENTE amplio. Contempla las «instalaciones, sistemas o componentes» de empresas que atiendan servicios de utilidad pública.
Aquí caben empresas eléctricas, de transportes incluso productores de alimentos.
Pero también caben sus redes informáticas, sus plataformas tecnológicas o sus procesos («sistemas o componentes»), es decir, el Presidente de la República podría autorizar a que las FFAA tomen el control de redes o sistemas informáticos privados del país.
Esto es INACEPTABLE.
Inaceptable porque no es el rol que cabe a las FFAA en tiempos de paz sino que también porque no tienen las capacidades técnicas, humanas y políticas para asumir esa función de manera adecuada.
Estas capacidades demoran muchísimos años en ser desarrollados. No se improvisan.
Como si esto no fuera suficiente, el concepto de Infraestructura Crítica comprende «Gobierno, Congreso Nacional, Poder Judicial y órganos de la Administración del Estado» esto es, el Presidente de la República podrá decretar que las FFAA resguarden a los otros poderes del Estado.
Tal como leyó, el Presidente de la República (quien quiera que éste sea, repito) podrá mediante decreto movilizar a las FFAA para «resguardar» la Corte Suprema, el Congreso Nacional, incluyendo la toma de control de sus redes o sistemas informáticos.
No suena demasiado prudente.
La improvisación que se manifiesta en este proyecto de ley es una amenaza directa a nuestra democracia y a nuestra historia y no supondrá una mejora en la protección de la infraestructura crítica, en ningún caso. Por eso, espero que hoy el proyecto se rechace.
En tiempos de paz no hay justificación para una reforma como la propuesta. Si se quiere avanzar en la protección de infraestructura crítica se debe hacer como todos los países serios han hecho: una planificación de largo plazo con un inventario de riesgos y amenazas para el país».
Un elemento que debe formar parte de cualquier agenda de consenso post crisis: reformas profundas a Carabineros, partiendo por su desmilitarización, reducción del gasto en armanento pesado, fuertes sanciones penales y civiles a quienes abusen del poder y la violencia».
