El fiscal Carlos Gajardo llegó al final de su investigación por delito tributario y no renovará el secreto. Los abogados del caso hablan de una inminente formalización en contra de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes aspiran someterse a juicios abreviados. Lo mismo ha negociado su ex gerente general Hugo Bravo. Este logró dos victorias judiciales sobre sus ex jefes respecto de la validez de su polémica grabación a una conversación privada.
Las puertas de la Sala 4 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo se cerraron a pesar del calor. Tanto los demandantes como los demandados exteriorizaron su incomodidad por la falta de aire acondicionado. Para la jueza Andrea Soler, el encierro era necesario para tomar una decisión.
Había sacado al público y a la prensa de la habitación para escuchar la prueba más controvertida de las 90 que presentaron los demandantes durante la audiencia preparatoria del juicio laboral entre los socios controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y su ex gerente general en Empresas Penta e Inversiones Penta III, Hugo Bravo López.
Se trataba de cuatro pistas de audio obtenidas, según los abogados de Bravo, el 7 de septiembre de 2014, en el departamento del ex directivo, durante una visita de Lavín y su hijo Carlos Lavín Subercaseaux a su departamento de calle San Damián. La magistrada Soler no se equivocaba. El instrumento probatorio que tenía en su sala es probablemente el más sensible dentro de los seis procesos en que ambas partes se dan batalla.
Apenas tres días antes de esta audiencia, el lunes 1 de diciembre, Bravo había sido sobreseído por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de delito contra la privacidad de las personas por haber obtenido dicho registro sin el consentimiento de sus interlocutores. La decisión había sido apelada por los apoderados de Penta en las horas previas, el miércoles 3.
Mauricio Correa, uno de los abogados laboralistas de Penta, se opuso a la difusión de la prueba, argumentando que el sobreseimiento era sólo temporal y que faltaba el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones.
– Si se escucha ese audio se comete eventualmente un delito por parte de Su Señoría, que es un funcionario público y que ordenaría esa diligencia. Siendo innecesaria, nos ahorramos todos un problema en no escuchar el audio.
Luego de casi seis horas de trabajo, de un round con los periodistas por haberlos desalojado en el momento crucial de la audiencia, y de algunos desencuentros con los abogados, la paciencia de Soler finalmente se agotó.
– Encuentro que esto es una falta de respeto, porque mi calidad de funcionaria pública la tengo más clara que nadie (…). No me hago cargo de amenazas. La única forma de resolver la pertinencia de un medio electrónico es conociendo su contenido. Este audio se va a escuchar.
Se oyeron cinco minutos y siete segundos de grabación, donde Hugo Bravo reclama su indemnización y Lavín intenta tranquilizarlo.
En la pista 3, que va desde los 13’32’’ a los 17’11’’ del registro, se oye a Lavín pronunciar las mismas palabras incluidas anteriormente en la demanda de los abogados Gonzalo Raggio y Anderson Weldt, el texto que inició la acción laboral: “Por los pagos no te preocupís, hueón, si esa hueá te la vamos a pagar toda, o sea, yo me encargo de esa hueá, pero véanlo eso con “Fello” (Alfredo Alcaíno, abogado de Penta)”.
De acuerdo a una fuente que conoce bien el caso, Bravo replica que no confía en “Fello” y que nadie le contesta en la empresa. “Es que hay un ambiente de espanto”, responde Lavín, quien aclara que dentro de la empresa existe la convicción de que los teléfonos han sido intervenidos por la policía a petición del fiscal Carlos Gajardo.
En el momento de esa conversación, ya había pasado más de un mes desde el allanamiento de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI a las oficinas del grupo Penta.
-Yo ya no hablo por teléfono -reconoce Lavín, para luego sugerirle a Bravo que deje recados. Finalmente, le explica que no habrá más “movimientos” mientras no se aplique “una reestructuración”.
Luego de oír la cuarta y última pista, la jueza Soler rechazó la solicitud de exclusión de prueba de los abogados de Penta y validó la grabación para el juicio. “Su valor se analizará”, señaló.
Era el segundo triunfo judicial de la semana para Hugo Bravo sobre sus ex empleadores, tras ser absuelto por la grabación. La magistrada Soler también le aceptó otras pruebas relevantes, como la copia de un cheque del Banco Security por $ 3.005.351 de Inversiones Perkita (propiedad de Hugo Bravo) pagado a Alcaíno y Compañía Abogados.
El documento busca comprobar que Alfredo Alcaíno -apodado “Fello” en la polémica grabación- también era abogado de Bravo al momento en que esté firmó su salida de Penta en el escrito titulado “Declaración, Transacción, Recibo y Finiquito”, lo que le habría dado confianza para firmar por valores inferiores a los que le correspondían. Weldt y Raggio insisten en que, legalmente, Alcaíno patrocinó a su cliente hasta el 26 de septiembre pasado.
“Quedé con la mejor sensación. La estrategia salió perfecta. Queremos demostrar que aquí hubo un daño contra nuestro cliente y que éste se reconozca”, señaló Anderson Weldt. Lógicamente, su contraparte, el líder del equipo demandado, Alvaro Pizarro, no quiso reconocer el revés y se mostró igualmente satisfecho.
El encontrón con la jueza Soler podría marcar el desarrollo del juicio, que comenzará el 13 de enero. Entre los testigos llamados por los demandantes están tres allegados a Penta: Carlos Lavín Subercaseaux, Alfredo Alcaíno y Juan Carlos Armijo; por su parte, la defensa del grupo ofreció testimonios de Carlos Bombal, el contador Marcos Castro y los gerentes Manuel Tocornal y Alfredo Moreno, ex canciller de Sebastián Piñera.
En juego estará la indemnización de $ 2.300 millones que exige Bravo.
Los encargados de la defensa penal del ex ejecutivo, Catherine Lathrop y José Pablo Forteza, del estudio de Gonzalo Insunza, esperan que la racha se prolongue los próximos días, cuando el fiscal a cargo de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, formalice los cargos.
Después de haber devuelto $ 1.098.626.952 a Tesorería, haber declarado en cinco ocasiones ante Gajardo y haberle permitido conocer al fiscal los nombres de los políticos beneficiados con fondos irregulares, esperan que se les conceda la atenuante de colaboración eficaz y una medida cautelar menor, como el arresto domiciliario.
Este escenario no sería muy diferente al que ahora vive el otrora hombre de confianza de Délano y Lavín. Su psiquiatra le prohibió manejar e instruyó a su familia para que lo vigilara de forma permanente. El diagnóstico presentado esta semana por sus abogados ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, redactado por el doctor Jorge Godoy, dice: “Trastorno depresivo mayor”. En rigor, Bravo rara vez abandona su departamento.
El secreto que Gajardo le confirió a su carpeta investigativa está a semanas de agotarse. Vence el 31 de diciembre. El fiscal ya decidió que no lo prorrogará, e incluso tendría pensado levantarlo anticipadamente. “La investigación está bien armada”, confidencian conocedores del expediente. Algunos intervinientes en la indagatoria pensaban que la formalización podía ocurrir antes, en los últimos días de noviembre, pero los trámites de acusación para el “caso CNA” han mantenido ocupado al equipo de Gajardo durante las últimas semanas.
Se espera que los cargos que serían formulados en los próximos días por delito tributario se limiten al círculo Penta y no se extiendan a los facilitadores de boletas “ideológicamente falsas”, entre ellos los políticos que habrían recibido aportes irregulares.
Los socios controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, su ex gerente Hugo Bravo y el contador Marcos Castro aparecen como los primeros formalizados, aunque Gajardo también tiene en la mira a otros altos ejecutivos de Penta, como el gerente general Manuel Antonio Tocornal -antiguo compañero de Andrés Velasco en The Grange School- y Samuel Irarrázaval.
Hasta el momento, el “equipo de crisis” de Penta, encabezado por Moreno e integrado por un equipo de abogados y los líderes de dos de las compañías de lobby más influyentes del país, Enrique Correa -Imaginacción- y Pilar Velasco -Extend-, había decidido que la mejor estrategia de defensa era mantener un riguroso silencio. Ninguno de los “Carlos” ha declarado frente a Gajardo y sólo lo hicieron en la investigación por la querella interpuesta contra Bravo por las amenazas y la grabación sin consentimiento.
Sin embargo, el escenario cambió hace tres semanas, cuando los abogados de Penta se acercaron a Gajardo con la intención de devolver el monto defraudado al Fisco. El cálculo de la compañía, sumando intereses y multas, llegó a $ 1.100 millones, que fueron pagados a Tesorería esta semana, al mismo tiempo que Délano y Lavín dejaban vacantes sus asientos en cuatro directorios.
Este gesto al fiscal fue el primer paso en busca de un juicio abreviado, que le significaría a sus ejecutivos asumir su responsabilidad penal, pero con una pena inferior a cinco años y un día de presidio. Con la atenuante de irreprochable conducta anterior, sus ejecutivos podrían mantenerse lejos de la cárcel.
Por su parte, el propio Gajardo tuvo el gesto de mostrarles algunos documentos de la carpeta a los apoderados legales de los imputados para configurar las defensas. No obstante, esta mejora en las comunicaciones no alcanzaría para que el persecutor considerara la colaboración.
Según fuentes allegadas al caso, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner será el segundo político en declarar ante la fiscalía de calle Los Militares, luego de que lo hiciera el ex alcalde y candidato a senador por Santiago Poniente Pablo Zalaquett. Después de haber guardado silencio en la primera instancia, Wagner consideró la posibilidad de colaborar, sabiendo que su situación es compleja, por la querella del CDE y la imputación de cohecho por el pago de $ 42 millones que supuestamente recibió de Penta mientras era funcionario público. La declaración ocurriría durante esta semana.
El panorama de figuras como Zalaquett, Laurence Golborne o Jovino Novoa es diferente del de parlamentarios como Ena von Baer o Iván Moreira. Pese a que en el caso de los dos últimos existen pruebas de comunicación directa con Hugo Bravo, el fuero les otorga un blindaje que sería difícil de penetrar para Carlos Gajardo y que significaría un fuerte desgaste en la Corte de Apelaciones. Los primeros -Zalaquett o Golborne- no cuentan con ese crédito y podrían arriesgar multas por infringir la ley electoral. La existencia del delito tributario establecido por el ar- tículo 97, inciso N°4 del Código Tributario, es materia de debate entre expertos.
Esta misma figura se haría extensiva a los casos de Andrés Velasco y el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga.
Fuente: La Tercera
